Departamento de Estado de EE. UU. señala ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en El Salvador

Así lo consigna el más reciente reporte de la situación de derechos humanos en El Salvador, que además señala corrupción, golpes a la libertad de prensa y una impunidad "endémica" en el país.

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Personas en un hacinado centro de contención. Al inicio de la pandemia, estos espacios se volvieron puntos de contagio de coronavirus en el país. / Foto EDH Archivo

Por Ricardo Avelar

2021-03-30 5:48:54

Según el Departamento de Estado, entidad rectora de la política exterior de Estados Unidos, hay “problemas significativos” en materia de derechos humanos en El Salvador.

En su más reciente reporte, que estudia la observancia de derechos fundamentales en el país en 2020, esta sección del gobierno estadounidense señala una fuerte presencia de abusos de poder y excesos de fuerza en los cuerpos de seguridad.

Si bien se destaca que no hubo registro de asesinatos o violencia políticamente motivada, “sí hay reportes de fuerzas de seguridad involucradas en ejecuciones extrajudiciales de supuestos pandilleros”.

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El informe da cuenta de cómo, hasta el 24 de agosto de 2020, la Fiscalía investigaba siete expedientes de este tipo de ejecuciones, y tres días después, el 27 de agosto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dio cuenta de seis casos en investigación.

Asimismo, el gobierno estadounidense da cuenta de que este fenómeno de abusos de fuerza sigue presente en El Salvador, incluso tras el cambio de gobierno en 2019, cuando asumió la presidencia Nayib Bukele. Un año antes de su ascenso al poder, un informe de la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas ya registraba estos abusos.

El Departamento de Estado también recuerda cómo, ante un alza de violencia en abril de 2020, el presidente Bukele envió un mensaje autorizando el uso de fuerza letal contra grupos criminales, algo criticado en la comunidad internacional por “incrementar el riesgo de que la policía cometiera ejecuciones extrajudiciales de pandilleros”.

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El reporte también señala las condiciones crueles en las cárceles del país e indica que amenazan la vida de los internos por el “hacinamiento, las condiciones no higiénicas y la actividad de pandillas”.

En este apartado, el Departamento de Estado también considera los centros de contención que el gobierno activó para mantener en cuarentena a quienes ingresaban al país desde el inicio de la pandemia y a los supuestos infractores del confinamiento domiciliar obligatorio.

Sobre estos, hace eco de las acusaciones en su momento y destaca hacinamiento, condiciones poco higiénicas, falta de preparación para recibir a estas personas, falta de atención médica a quienes lo necesitaban y abusos de poder.

Adicionalmente, se registra que en medio de esta cuarentena domiciliar obligatoria, a los supuestos infractores se les detuvo y llevó a estaciones de policía, donde estuvieron por más de 24 horas.

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En su momento, la Sala de lo Constitucional prohibió detener a estos infractores sin una ley que lo permitiera, algo que el presidente Bukele desafió y desobedeció.

Esta situación fue ampliamente condenada por la PDDH que además señaló que en los centros de contención se retuvo a mucha gente más del tiempo inicialmente estipulado.