5 errores que la Bancada cyan cometió y debió corregir en 6 meses de mandato

El abuso de la dispensa de trámite para aprobar leyes y el poco debate en el pleno legislativo han sido las constantes que marca estos 6 meses

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Bancada de Nuevas Ideas en plenaria. Foto EDH / Archivo

Por Enrique Miranda

2021-11-05 1:13:52

Este lunes, los diputados de Nuevas Ideas cumplieron seis meses de legislatura y en ese lapso ya han cometido al menos cinco errores en leyes, decretos, dictámenes o disposiciones que han tenido que enmendar.

Algunos de esas correcciones a la plana se las ha hecho el Presidente Nayib Bukele porque los diputados oficialistas no se habían percatado del error, a veces ha sido por la presión de los ciudadanos que han reclamado por las decisiones erróneas y otras ellos mismos han caído en la cuenta de los deslices.

Diputados de oposición, como Claudia Ortiz de Vamos o Anabel Belloso del FMLN, y organizaciones de la sociedad civil como Acción Ciudadana o Fusades han criticado que la bancada de Nayib Bukele no debate las leyes que aprueba y que tampoco escuchan las propuestas de otros sectores del país. Acá un recuento de las enmiendas que han debido hacer a las fallas cometidas en materia legislativa.

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1. Enmienda a Código Penal para aumentar penas a conductores peligrosos. Esta es la más reciente enmienda que hizo la bancada cyan este mismo miércoles. El 21 de septiembre, la bancada de Nuevas Ideas reformó el artículo 147-E del Código Penal el cual penaba de 1 a 3 años el conducir un auto bajo los efectos de alcohol o drogas.

Los diputados oficialistas subieron esas penas de 4 a 6 años de prisión, convirtiendo el delito en no excarcelable. Al entrar en vigencia esta enmienda hace pocas semanas, se volvió viral el video de un conductor detenido en un retén porque, en efecto, al hacerse el antidoping su límite de alcohol superaba el permitido por ley, aunque el detenido alegaba que solo bebió 3 cervezas y estaba apto para conducir. Con la reforma, el conductor debería ir preso sin posibilidad de que el juez pudiera valorar una pena menor dada la gravedad o no del delito ya que el artículo 74 del Código penal determina que solo las penas no mayores a tres de cárcel pueden ser sustituidas por trabajo comunitario.

Esta semana, la bancada cyan modificó esa reforma del 21 de septiembre y aunque mantuvo las penas altas (3 a 6 años), la mínima (3 años de prisión) permitirá que la pena sea excarcelable, es decir, que el juez pueda valorar si el imputado merece o no la prisión dependiendo de la gravedad del delito, su historial o arraigo.

“En las penas lo que buscamos es disuadir a la gente que no toma responsabilidad a la hora de hacer uso de un vehículo. Le estamos dando la potestad al juez de que, si es la primera vez, si no hay una conducta anterior, que se de pena excarcelable, pero también sancionar a quienes ponen la vida de los salvadoreños en peligro en las carreteras”, dijo el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.

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2. Decreto que prohíbe concentraciones ya había vencido. Los diputados oficialistas aprobaron el 12 de octubre extender la vigencia del Decreto 184 que prohíbe las concentraciones masivas para evitar contagios de covid-19. El error fue que los diputados oficialistas no podían prorrogar un decreto que había terminado su vigencia tres días antes.

El Presidente Bukele les hizo ver el error al enviar observado el decreto: “Al realizar el análisis del contenido del Decreto 184 se advierte que dicho decreto fue aprobado y enviado a la Presidencia de la República tres días después de vencido el plazo en el decreto legislativo que se pretende prorrogar, por lo que es jurídicamente inviable que se continúe con un proceso de formación de ley que culmine en la reforma de una normativa de plazo fenecido”, les mandó a decir el mandatario.

3. Polémica Ley “Alabí”. Los diputados enmendaron hace unos días la polémica Ley “Alabí”, que daba inmunidad a los funcionarios por las compras que tuvieran irregularidades en el marco de la pandemia de covid-19. Esta enmienda la hicieron por petición del ministro de Salud, Francisco Alabí y aunque cuando fue aprobada recibió muchas críticas por la opacidad e inmunidad que otorgaba, la presión ciudadana no surtió efecto, aunque la diputada Dina Argueta, del FMLN, dijo que esta enmienda la hacían por presiones de organismos internacionales a cambio de obtener créditos.

Los votos de oficialismo alcanzaron para hacer la enmienda, en el sentido que la inmunidad otorgada mediante el artículo 4 de dicha ley “no se extiende a ningún acto de fraude, soborno, corrupción, robo, falsificación o piratería, tráfico de bienes robados o actividad delictiva similar, derivada de la prestación de cualquier producto o servicio relacionado con la situación de la salud pública causada por la pandemia del covid-19”.

“Hoy quieren corregir la plana para tener facilidades de negociación con organismos internacionales. La Ley Alabí es inconstitucional, la única vía es derogarla”, escribió en su cuenta de tuiter el diputado de NT, Johnny Wright Sol.

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4. Dictamen de la Ley de Agua. La comisión legislativa ya concluyó el articulado de la Ley de Agua y aunque no ha sido aprobada, la bancada cyan ha hecho una enmienda que, en este caso, no ha sido bien vista por las comunidades y defensores del recurso hídrico. En realidad, los diputados oficialistas han enmendado dos veces el mismo artículo que tiene que ver con el tiempo de concesión de explotación del agua.

La comisión ad hoc acordó el 30 de septiembre dar solo 5 años de contratos de explotación del agua establecido en el artículo 61, pero 15 días después el mismo Guevara, de la banca cyan pidió modificar su acuerdo: “en virtud de la certeza jurídica de las inversiones, estábamos revisando que un plazo de vigencia es menor que los plazos de créditos cuando se le dan a una empresa”, dijo. Este plazo ha sido duramente criticado por ambientalistas.

5. Asamblea retrocede en ocultar información. Este es el error que los diputados oficialistas han enmendado por la presión ciudadana. El 30 de agosto, los diputados de Nayib Bukele retrocedieron en ocultar los datos de viajes de diputados por siete años, además de compras y procesos de elección de segundo grado.

La decisión de los diputados oficialistas de ocultar esta información, así como otra de sus operaciones como licitaciones públicas, contrataciones directas, órdenes de compra, acuerdos de Presidencia y junta directiva, planillas de pago de salarios, informes de auditoría interna entre otros, causó rechazo por la opacidad que demuestran este tipo de acciones.

“En junta directiva hemos hecho una corrección. Las reservas de información de cada institución las maneja el oficial de información de la institución. Ese tema no lo vimos nunca en Junta Directiva, pero hemos acordado solicitarle al oficial de información de que sean 30 días (de reserva) para procesos de la UACI, viajes de diputados y el otro la elección de funcionarios de segundo orden mientras se esté llevando el proceso”, dijo el legislador de GANA Guillermo Gallegos en esa ocasión.