Ernesto Muyshondt enfrentará audiencia por incumplimiento de deberes el 15 de septiembre

Centros Penales sigue sin acatar la resolución de la Cámara que ordena mandar al acusado a arresto domiciliar mediante un brazalete electrónico.

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Ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Foto Archivo /EDH

Por Lissette Lemus

2021-09-13 2:02:22

La Fiscalía General de la República sumó este día un nuevo cargo a Ernesto Muyshondt por el delito de incumplimiento de deberes, el cual habría cometido siendo alcalde de San Salvador.

La presentación de la acusación se realizó en el Juzgado 7o de Paz, según informó la Fiscalía.

Según el fiscal del caso, los acusados retuvieron cuotas laborales entre mayo de 2019 y abril de 2021 por un monto de 5 millones 200 mil dólares en perjuicio de 41 trabajadores y 54 entidades.

“El señor Muyshondt tenía conocimiento de esta problemático y omitió o retardó las acciones pertinentes para resolver este inconveniente” dijo el fiscal.

La audiencia inicial por este caso se ha programado para el próximo 15 de septiembre a las 8:00 a.m.

El exedil Muyshondt se encuentra recluido en penal La Esperanza, en Mariona, a pesar de que la Cámara Tercera de lo Penal revocó su detención preventiva y ordenó su arresto domiciliar con brazalete electrónico.

Aunque ya pasó más de un mes desde la resolución de la Cámara, las autoridades de Centros Penales aún no han acatado la orden de mandar al acusado a arresto domiciliar usando con brazalete electrónico.

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Centros Penales se ha excusado bajo el argumento que no tienen brazaletes disponibles, a pesar que posteriormente a otros reos se les ha dado este beneficio, entre ellos al exfiscal Luis Martínez.

Para el abogado de Muyshondt esto es una detención ilegal en contra del exalcalde, además, ha denunciado que Centros Penales no han permitido a la esposa ni a la madre comunicarse con Muyshondt.

El exalcalde está acusado de negociar con pandillas y de apropiación de cuotas laborales.

En este nuevo caso, la Fiscalía también ha girado orden de detención para Santos Omar González, quien se desempeñó como director de Finanzas de la comuna, y Fernando Eriberto Portillo Linares, extesorero, a quienes les acusa de apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio de 54 entidades y 41 empleados de la municipalidad y de la Dirección Municipal de Desechos Sólidos.