Para Celia Medrano, especialista en tema de derechos humanos, en el caso de Ernesto Muyshondt, independientemente de si este cometió delito o no, "está clarísimo" que se ha cometido una grave violación a los derechos del exalcalde capitalino y que eso evidencia una "instrumentalización del sistema judicial".
"No comparto la ideología de Ernesto Muyshondt pero está clarísimo que hay grave violación a sus derechos humanos y una clara violentación a la normativa existente en el proceso, donde se le está cobrando factura de carácter política", expresó Medrano, quien fue entrevistada esta mañana en la radio YSUCA.
Para la también analista, en este caso también se da una "instrumentalización política del sistema judicial" y que si bien no hay todavía una sentencia de culpabilidad de él en los hechos que se le atribuyen, sí se da una violación de derecho en el debido proceso, algo que ocurre también con otros exfuncionarios de gobierno que de momento están detenidos de forma preventiva.
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Al exalcalde capitalino se le han abierto cuatro procesos judiciales, uno por supuesta negociación con pandillas, dos por presunta retención de cuotas laborales en perjuicio de empleados de una empresa familiar y de la Alcaldía capitalina, y un cuarto proceso en el que se le acusa de incumplimiento de deberes como funcionario público.
En cuatro ocasiones, resoluciones de Cámara han resuelto que Muyshondt cumpla arresto domiciliar pero desde Centros Penales se ha negado a cumplir la orden argumentando incluso que no tiene brazalete electrónico para él. Tras la destitución de jueces y sustitución de jueces de Cámara que ventilaba ese caso, se revocó la medida en favor del exalcalde y ordena mantenerlo en prisión.
Este solo es uno de los casos o situaciones de irrespeto a los derechos humanos, de ilegalidad, de uso del sistema judicial con fines políticos y sobre todo de violación de la Constitución de la República que están siendo cometidas por el gobierno en turno, dijo Medrano.
La también periodista hizo un recuento de graves violaciones a la Constitución y la normativa existente por parte del gobierno de Bukele, comenzando por el asalto militar el 9 de febrero de 2020 al palacio legislativo, aunque asegura que desde antes ya se veía señales de alarma.
"La violación de los DD. HH. ha ido escalando de manera preocupante, ya había una serie de signos que nos indicaron expertos, que se alejaban cada vez de la ruta que nos había trazado la firma de los Acuerdos de Paz, una de ellas es una serie de alarmas con respecto al actuar de la PNC y el uso de la fuerza militar del ejército en asuntos propios de seguridad pública, bajo el argumento de que es para combatir la violencia y la criminalidad", expresó Medrano.
A eso, dijo, se agrega los pactos de gobiernos con grupos delictivos, como se ha señalado, y toda el control de los tres órganos del Estado a manos de una persona: el presidente de la República.
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Ese poder fue dado al partido del presidente Nayib Bukele por la mayoría de los salvadoreños que fueron a votar el pasado 28 de febrero, no la mayoría de la población como suele hacerse creer, aclaró la especialista.
Con ese poder, al tener mayoría en la Asamblea Legislativa y con el apoyo de otros partidos como GANA y PCN, se han tomado decisiones que han sido duramente cuestionadas por ser violatorias de la Constitución y otras leyes secundarias, tal es el caso de la destitución de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo pasado y elegir a magistrados sustitutos saltándose todo el procedimiento legalmente establecido.
Insta a no ser cómplices del deterioro
"Deberíamos entender que las fuerzas que controlan Casa Presidencial controlan el Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo, el Órgano Judicial y buena parte del Ministerio Público, principalmente la Fiscalía General de la República, responden a una sola fuerza en función de intereses que no son en beneficio del pueblo salvadoreño", consideró Medrano.
En ese contexto, la especialista cuestionó que el gobierno actual esté integrado por personas que pertenecieron a gobiernos anteriores y estén señalados de corrupción y de cometer acciones que no beneficiaron a la población, pero además apuntó al hecho de que desde el gobierno se hagan las cosas que en campaña criticó.
"No solo están reproduciendo corrupción, militarización de la política y acciones en detrimento de la economía cotidiana de los salvadoreños, sino acciones peores. Criticaban el nepotismo y son nepotistas y con la mayor impunidad, pensando que no van a dar cuentas. Tres años después no estamos dando cuenta de que cada vez no solo se está actuando igual que los actores que se señalaban sino que se está actuando de peor manera", señaló Medrano.
Todas estas acciones están socavando incluso el debido proceso al que todo ciudadano tiene derecho, pues por el momento consideró que los ciudadanos no tenemos garantías de que seremos juzgados por un tribunal imparcial e íntegro, y esto porque el Órgano Judicial está integrado por dos perfiles de funcionarios: los que aceptaron cargos de magistrados sabiendo con su nombramiento es inconstitucional e ilegal y los que ya estaban allí pero no hacen nada contra la usurpación de funciones que se está dando.
En esa consonancia también señaló el silencio de otras instituciones del Ministerio Público como la Procuraduría General de la República y "el bajo perfil" de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
"Todos somos responsables de este deterioro", dijo, y mencionó al votante que fue a darle el poder total al presidente, los diputados oficialistas y los partidos aliados, la Corte Suprema, los mismos ciudadanos, un deterioro cuyo daño costará décadas en empezar a ser revertido.
"El no hacer nada también es complicidad con respecto a los que violentan la Constitución y los derechos de las personas", dijo Medrano.
Cuestionada por un ciudadano sobre el papel que no juega Estados Unidos para frenar esta serie de abusos desde el poder, Medrano dijo que "no podemos esperar que un tercero actúe por nosotros, esperanzados a que la comunidad internacional tendrá el poder de revertir todo esto" y que ya permitimos la violentación de nuestra Constitución, fuimos tolerantes a acciones ilegales como la incursión militar del presidente Bukele al Salón Azul a otro Órgano de Estado.
"En ese marco permitimos que se nos engañara y dimos poder sin precedentes a la Presidencia de la República que lo ha ido usando de manera arbitraria, abusiva, y eso ya tiene un impacto en el sistema judicial", afirmó. Para ella somos nosotros como salvadoreños los que debemos generar los contrapesos y las interlocuciones para ello.