Para el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, la apropiación de 293 de unidades del transporte colectivo de las rutas 42 y 152 que son propiedad privada, es un acto legal contemplado en la Constitución de la República, pese a que abogados reiteran que el Órgano Legislativo ha hecho una interpretación tergiversada de la Carta Magna.
"Se están haciendo las cosas porque en este país tiene que haber orden, se tiene que cumplir la ley, y es lo que nosotros estamos haciendo", argumentó Castro en la entrevista de TCS; sin embargo, para la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, "ante un abuso no podemos reaccionar con otro abuso, yo no estoy defendiendo a nadie porque lo que debe sancionarse de acuerdo a ley hay que hacerlo. Sin embargo, no podemos estar aplaudiendo un uso abusivo del poder hacia x persona". Ortiz también fue entrevistada en el mismo espacio de entrevista.
Para Ortiz lo que procedía es aplicar sanciones legales que estaban vigentes en ese momento, es decir, ayer domingo. Cuatro de las cinco medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele en cadena nacional la semana pasada, fueron aprobadas este domingo por la Asamblea en una plenaria extraordinaria. Por ser decretos transitorios entraron en vigencia a partir de las cero horas de este lunes 14 de marzo, pero las reformas a la Ley de Tránsito en teoría entrarían en vigor hasta 8 días después.
El titular de la Asamblea se refirió a los artículos 110 y 112 de la Constitución como la base de las acciones tomadas por la Asamblea.
Efectivamente, en el inciso cuarto de la Constitución se establece que: "El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente, por medio de las instituciones oficiales autónomas o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con Tratados o Convenios internacionales; las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador".
Sin embargo, distintos abogados analizan que eso no le da derecho al gobierno a "expropiar" las unidades del transporte público.
“Hasta para la expropiación existen procedimientos establecidos en la ley, los cuales deben cumplirse. Lo que están haciendo con el servicio público de transporte no está amparado en la Constitución. Como siempre, interpretaciones tergiversadas”, manifestó Erika Saldaña en su cuenta de Twitter.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, también reaccionó ante la acción ejecutada por el Ejecutivo. "El artículo 110 de la Constitución permite al gobierno suspender el derecho de un privado a brindar un servicio público, pero no lo faculta a confiscar sus bienes para brindar el servicio. Eso es confiscación y lo prohíbe expresamente el artículo 106 (de la Constitución)".
"Se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles", dice el inciso final del artículo citado por Simán.
Castro también se refirió a las distintas críticas surgidas de abogados y de organismos de la sociedad civil, dado que el empresario afectado Catalino Miranda, también fue apresado desde el sábado pasado por la Policía, entidad que lo acusó de haber subido el costo del pasaje sin ninguna justificación y de obstruir la vía pública, sin estar vigente ninguna reforma a la Ley de Tránsito para llevar a cabo esa acción. Posteriormente el Viceministerio de Transporte le retiró la concesión de línea de las rutas en las que brindaba servicio.
"Han habido grupos de empresarios como Catalino Miranda que han estado acostumbrados a hacer lo que ellos quieren. A todos los gobiernos les han doblado el brazo, con compras, con dádivas a diputados. Ojalá se logre comprobar eso y se actúe de manera legal. Si ellos son unos angelitos que vayan a los tribunales", alegó Castro.
Para el caso, la diputada Ortiz expuso que "una cosa es revocar los permisos de línea y otra es que el Estado se apropie de las unidades de transporte".