Úrsula Indacochea dirige el programa de independencia judicial de la Fundación Para el Debido Proceso (DPFL, por sus siglas en inglés). Desde ahí, le da seguimiento al proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia en El Salvador y recuerda que una elección idónea es de vital importancia para toda la ciudadanía y no solo para los abogados.
¿Qué está en juego en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia en 2021?
En cualquier elección de magistrados de altas cortes está en juego uno de los principales contrapesos de los poderes políticos. Las cortes no solamente controlan la constitucionalidad y la legalidad de los actos de del Ejecutivo, sino también de las leyes como es el caso de la de la Sala de lo Constitucional.
Entonces en sus distintas especialidades creo que lo que está en juego es un contrapeso democrático en un contexto en que vemos un Ejecutivo con algunos rasgos autoritarios.
¿Consideras que una corte le puede poner límites aún a este tipo de abusos?
Sin duda, y ese es uno sus principales roles. Las cortes tienen que dejar un espacio para el juego de la política, pero ellos son como los árbitros de línea de un partido de fútbol. Ellos establecen cuáles son los límites admisibles de esos debates y esas diferencias y tensiones políticas, y los cuales no se deben atravesar.
La Constitución establece formas en las que los poderes pueden interactuar cuando no están de acuerdo. Lo importante es que lo hagan con sujeción a reglas democráticas.
En la presidencia de Nayib Bukele, ¿puedes identificar algunas áreas donde ha sido particularmente efectivo el rol de las Cortes?
No puedo dejar de mencionar el tema del control de los decretos ejecutivos y también algunos de legislativos emitidos para responder a la pandemia. Eso es un ejemplo de una corte que se ha tomado en serio el hecho de que en una situación excepcional igual se tienen que respetar las reglas y los derechos y libertades de las personas.
La presidencia porque le parece ser bastante popular y las Cortes tienden a ser bastante impopulares. ¿Cómo debe manejarse el balance entre lo popular versus lo legal?
Las cortes no tienen que ser necesariamente populares, pues se rigen por parámetros de legalidad y y en ese sentido juegan un poco en desventaja respecto de los poderes políticos cuando son atacadas, por ejemplo, porque los poderes políticos tienen un estrado, una palestra pública mientras que las cortes hablan por sus resoluciones. No necesariamente pueden salir a contestar esas imputaciones. Hay un desbalance allí y yo creo que la forma en que en que las cortes equilibran esa situación es con la calidad de sus decisiones y en las que deben mostrar también que están resolviendo no por motivos políticos, sino por motivos estrictamente jurídicos.
¿En qué le beneficia al ciudadano común, que no está metido ni en política ni en análisis jurídico, que haya una corte independiente?
Aunque un ciudadano común no necesariamente tiene un caso ante las cortes, podría tenerlo en algún momento. Y también por una razón mucho más, digamos macro, que es una corte en general, resguarda que los poderes no se desboquen, no se excedan y no abusen.
¿Se te vienen a la mente algunos fallos que han tenido vinculaciones en la vida de las personas?
Se me ocurren dos. El primero, sin duda, es el de la Ley de Amnistía. Aunque ese fallo aparentemente solo podría beneficiar a las personas que son víctimas directas, toda la sociedad en sí misma también se beneficia porque lo que está diciendo el fallo en el fondo es que nadie está por encima de la ley. Ese es un mensaje muy importante para toda la ciudadanía.
Otro fallo que se me viene a la mente y creo que es algo más tangible es una sentencia de un proceso de amparo que presentó una niña en favor de su mamá, que estaba detenida en un centro de confinamiento. Ese fallo demuestra que las cortes sí pueden responder a problemas de los ciudadanos de a pie y que además lo pueden hacer en un lenguaje entendible para esos ciudadanos. El haber respondido esa acción de amparo además fue una noticia en toda la región se difundió muchísimo y ese es un buen ejemplo.
¿Esta lección trasciende el interés exclusivamente de los abogados?
Sí, sin duda. Es una cuestión de altísimo interés público. Es de tanto interés público como la elección del presidente o la elección de los diputados. Es la elección de los funcionarios de uno de los poderes del Estado. Y aunque las reglas se lo encomienden a la FEDAES o al CNJ, esto no es de interés solamente gremial.
Justamente por eso nosotros criticamos, por ejemplo, que haya una elección tan cerrada en la FEDAES, como si esto fuera algo que solo les importa a los abogados. Ahora, que ellos hayan sido establecidos por la ley para hacer esa selección no significa que la pueden hacer como se les dé la gana.
¿Confías en el diseño del procedimiento para elegir magistrados en El Salvador?
No, nosotros hemos sido críticos del proceso porque nos parece que el diseño en sí, una etapa en la Asamblea Legislativa y la etapa previa partida en dos es disfuncional. Sobre todo esta última parte que divide la lista entre abogados que vienen de la FEDAES, y los que vienen del CNJ, por una razón muy sencilla: la lista que debiera pasar a la Asamblea Legislativa debe ser una lista en la que sea posible ver quién tiene más mérito, que esté ordenada en función de los méritos, que el primero de la lista tenga más mérito que el segundo y el segundo más que el tercero, y así.
Pero al partir la conformación de esa lista en dos, la persona más votada de la FEDAES no necesariamente tiene más méritos que la mejor calificada del CNJ. Nunca se logra el objetivo de darle a la Asamblea Legislativa una lista ordenada y eso sí que tiene consecuencias en el resultado final, porque la Asamblea al final puede elegir al último, al que tiene menos mérito y sin ninguna consecuencia.
¿Ves viable la petición elegir magistrados por voto popular?
No, de ninguna manera. El único país en el mundo que tiene la elección de altas cortes por voto popular es Bolivia y ya lo quiere cambiar. El resultado ha sido que en lugar de privilegiar los méritos, se ha elegido a las personas que tienen más recursos para hacer campaña o que tienen un círculo más activo de contactos y de allegados. Es cierto que las Cortes tienen que tener legitimidad, pero la legitimidad no viene por el voto, sino de los méritos y de la integridad de las personas que son elegidas. Entonces yo no lo recomendaría para nada ir por ese camino.
¿Cuáles son las principales áreas que en el corto o mediano plazo se puede reforzar para que haya idoneidad en la elección de magistrados?
Una de las cosas más preocupantes es que ahora los candidatos no tienen que presentar solvencia, ni certificaciones sino solamente su declaración jurada. Entonces, una de las medidas que puede implementarse inmediato es que la FEDAES una vez que tenga el resultado de la elección, recabe todas esas solvencias y las integre al expediente antes de mandarlo al CNJ, por ejemplo.
Mi otra recomendación hacia el CNJ es publicar la totalidad de los expedientes de los candidatos de las personas candidatas. En la elección de 2018 se publicaron resúmenes y no la totalidad de los expedientes presentados. Y también creo que se puede hacer una mejora en cuanto a la calidad y la preparación de las entrevistas que lamentablemente en la vez pasada no fueron muy bien preparadas y es una oportunidad que se desaprovecha porque allí se puede conocer mucho de los antecedentes de los candidatos.
Hay un fantasma en cada elección de segundo grado, el reparto de cuotas. ¿Ves factible limitar ese reparto de cuotas y cuál podría ser la mejor manera para hacerlo?
Los repartos de cuotas siempre existen, sí. O sea, siempre que la elección esté en manos de un órgano político, va haber reparto de cuotas, hay que darlo por descontado.
No podemos pedirle a los políticos que no negocien sus votos, porque eso es parte de su naturaleza y es parte de la forma como actúan las asambleas legislativas. Entonces no podemos pedirles que actúen de una manera diferente. Pero hay formas de limitar esa discrecionalidad, por ejemplo, que se vote persona por persona y no por listas cortas.
En la elección de 2018, las facciones de los partidos presentaban su lista de 5 personas favoritas, por ejemplo. Eso no debiera ocurrir. La votación debería ser persona a persona a persona. Y así se evitan las negociaciones por debajo de la mesa.
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