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Thelma Aldana: “Un fiscal general debe ser electo bajo procedimientos legales, no impuesto”

La ex fiscal general de Guatemala que procesó a un presidente lamenta que en El Salvador se haya desmantelado la CICIES y que se haya impuesto a un fiscal general en un proceso ilegal.

Por Ricardo Avelar | Oct 13, 2021- 06:32

En una conversación con El Diario de Hoy, Thelma Aldana, la ex fiscal general de Guatemala reconoce que sintió esperanza por la promesa de la lucha anticorrupción que prometía hace años Nayib Bukele. Video EDH/ Ricardo Avelar

Hace más de dos años, Thelma Aldana tuvo que salir de su país natal, Guatemala, donde fue fiscal general y en conjunto con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) logró procesar a un presidente, una vicepresidenta y numerosos funcionarios de alto rango.

En una conversación con El Diario de Hoy desde Washington DC, donde hoy goza de asilo político, la ex fiscal general reconoce que sintió esperanza por la promesa de la lucha anticorrupción que prometía hace años Nayib Bukele. Además, dice que se reunió con él para comentarle el modelo de CICIG que a ella le permitió perseguir casos de alto impacto.

Años después de eso, lamenta que de El Salvador las noticias que recibe son de intentos de captura del Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República. “Si uno acepta que lo nombren en un procedimiento ilegal, ya está diciendo qué tipo de fiscal va a ser”, reflexiona.

Además, llama a tomarse en serio la designación de corruptos del gobierno de Estados Unidos (Lista Engel), la cual aplaude. “Cuando un Congreso nomina a personas como corruptas es porque lo son, sin lugar a dudas”, afirma. De esto y más conversamos con Aldana:

¿Usted asesoró a Nayib Bukele?

Yo conocí a Nayib Bukele cuando estaba de candidato a la presidencia. Tuvimos una reunión, nos tomamos una foto y hablamos un poco de la CICIG. Yo estaba muy interesada en compartir la experiencia de CICIG en El Salvador y el mundo, pues era una experiencia exitosa y me preocupaba que en Guatemala la iban a destruir, y pensé que valía la pena que cualquier otro país implementara ese mecanismo. Así que cuando se tocó ese tema, yo estaba encantada. Luego tuvimos dos reuniones con el vicepresidente Ulloa y en esa reunión había varias personas, especialmente cooperantes que estaban ayudando al vicepresidente a tener una mejor idea de cómo funcionaba el mecanismo.

Eso hablamos y en mayo de 2019, vine a Estados Unidos y me quedé. Desde entonces no salgo y ya no tuve ninguna comunicación con nadie del equipo de Nayib.

En su momento, ¿qué impresión le dio Nayib Bukele?

Me daba mucha ilusión que si quedaba de presidente, iba a estar comprometido en la lucha contra la corrupción.

¿Mantiene esa percepción?
No sé, porque no sigo la presidencia de Nayib. No tengo información más de lo que uno lee en redes, pero es información confusa. No sé si hay actos de corrupción en su gobierno. Eso será el Ministerio Público quien nos lo hará saber, pero yo no puedo asegurarlo.

Más allá de la corrupción, ¿ha estado al tanto de la remoción de magistrados, jueces y fiscal general?
Esos hechos sí los he seguido, particularmente los del sistema de justicia y los veo con preocupación. Una democracia se basa en frenos y contrapesos y el poder judicial debe ser independiente. Si el presidente Bukele pensaba que tenía que apoyar al judicial a depurarse, lo hubiese hecho fortaleciéndolo para que se autodepurara. Sí veo una lesión a la independencia judicial y a la democracia.

¿Qué opina de la remoción de jueces solo por su edad?
Es un hecho lamentable y si sumamos que es por la edad de 60 años, quienes hemos sido jueces y fiscales o hemos trabajado en el sistema de justicia, sabemos que la experiencia es lo más valioso que un juez puede tener. Se lesiona la independencia judicial en El Salvador y en cualquier país cuando la depuración no es interna. Lo correcto es apoyar mecanismos propios. Y la jubilación también hay que apoyarla para quienes quieren retirarse en el sistema de justicia, pero esa es una decisión del juez, no una imposición.

Cuando se pierde la independencia judicial, ¿qué tan vulnerables quedan los actores anticorrupción?
Quedan muy vulnerables porque no hay esa independencia que se requiere. Un juez es independiente cuando está dictando una sentencia y ahí no puede intervenir nadie más que la ley. Y un sistema de justicia débil puede ser capturado eventualmente.

¿Por quién?
Por las fuerzas oscuras. La realidad de El Salvador no la conozco tanto, pero en el caso de Guatemala está el pacto de corruptos, una alianza criminal donde se mezcla de todo: políticos, diputados, un buen número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general Consuelo Porras que fue incluida en la Lista Engel de personas corruptas y antidemocráticas. Esa es la alianza criminal y hay otros hilos poderosos que como no se ven es difícil nombrarlos pero hay de todos los sectores, incluyendo el crimen organizado.

¿Cómo recibió la noticia de que El Salvador tuvo una CICIES?
La recibí con muchísima alegría, recuerdo que hasta escribí un tuit felicitando al presidente Nayib Bukele por esa decisión y que se veía como una luz de esperanza en la lucha contra la corrupción.

¿Y cuando se cerró?
Me impresionó. No he entendido la causa del cierre, no lo logro entender y me parece que fue una decisión precipitada del presidente Bukele.

El 14 de febrero de 2019, el entonces vicepresidente electo, Félix Ulloa, posó junto a Thelma Aldana y le agradeció su ayuda al darle forma a la CICIES. Dos años después, la comisión que identificó posible corrupción en el gobierno de Nayib Bukele ha sido desmantelada. Foto EDH / @FUlloa51

La CICIES remitió avisos de posibles actos de corrupción y poco después la desarticularon. ¿Qué pasa cuando estas comisiones no logran mayor autonomía o molestan al poder?
Independizarse no pueden nunca. No puede haber un mecanismo internacional en un país independiente, tiene que estar de apoyo y quien dirige, manda y ordena es la Fiscalía, no el ente internacional.

Guatemala es un ejemplo que demuestra cómo funciona. Los cuatro años de Claudia Paz y la mía de cuatro años, funcionó de maravilla porque Claudia y yo generamos lo necesario para que hubiese un trabajo conjunto, de la mano trabajamos. Cuando llegó Consuelo Porras le dio la espalda a la CICIG. No es que el mecanismo internacional no sirva, es el fiscal general y el gobierno los que no sirven en dar apoyo a estas instancias.

Dice que una comisión es tan sólida como su fiscal. En El Salvador, hubo un fiscal removido e impusieron a uno nuevo en mayo. ¿Qué tanta confianza inspira esto a la lucha anticorrupción?
Un fiscal general debe ser electo bajo los procedimientos legales, no impuesto. Si uno acepta que lo nombren en un procedimiento ilegal, ya está diciendo qué tipo de fiscal puede ser.

A mí me eligió Pérez Molina y yo tuve que proceder contra él y llevarlo a prisión. El fiscal general debe olvidarse de quiénes lo ayudaron a llegar al cargo. Pero no solo el fiscal, los magistrados del TSE, de la Corte Suprema de Justicia, jueces de diferentes instancias. Todos deben separarse de quiénes lo llevaron al cargo en la medida en que estas personas incurran en delito. La amistad termina donde incurra la responsabilidad y ya queda en el fiscal demostrar de qué está hecho y a quién le va a responder: a quien le nombró o a la ley.

Los magistrados impuestos el 1 de mayo permitieron la reelección aunque la Constitución lo prohíbe. ¿Qué opinión le merece?
Lo que sucede en países como los nuestros es que la corrupción y la impunidad son la regla, no la excepción. Hay mucha desconfianza a la reelección y desafortunadamente no podemos tener esa práctica porque las democracias son muy frágiles.

¿Ha notado que muchos políticos que llegan con la bandera anticorrupción incurren en las mismas o peores prácticas?
Eso se llama demagogia. Llevan un discurso con el que no cumplen y saben que su trampolín para llegar a la presidencia es el financiamiento electoral ilícito.

A quienes investigan esto, ¿cuál es el riesgo en que se encuentran cuando empiezan a encontrar lo más oscuro?
Habemos varios guatemaltecos en el exilio, jueces perseguidos. Ese es el riesgo al enfrentar a la mafia. O lo matan o sale al exilio.

La palabra exilio me suena a los años de autoritarismo. ¿Estamos volviendo a eso en la región?
Yo también recuerdo cuando yo estudiaba derecho que algunos compañeros salían al exilio, me parecía tan lejana esa condición y no pensé que me iba a tocar vivirlo. Es producto de las mafias. Es producto de quienes expulsan a otros por perseguir ideales con la justicia.

Cuando un fiscal mira el caso de Thelma Aldana, que ha tenido que salir, ¿esto los detiene de hacer un trabajo independiente?
Claro. Es lo que la mafia pretende, y ahí tenemos el caso de Consuelo Porras (fiscal general de Guatemala) que se fue por el lado de la mafia y yo por el de la ley. Ella está bien gracias en Guatemala y yo en el exilio, pero la verdad se impone y quien actúa correctamente tiene un reconocimiento. La mafia tendrá momentos de dominio y control pero no dominará siempre. Ella no puede ni siquiera entrar a Estados Unidos.

Por la Lista Engel…
Sí, y también hay un mensaje claro del gobierno de Estados Unidos a los corruptos. Y entonces los jueces y fiscales tienen los dos ejemplos: Yo seguiría el ejemplo del fiscal que hizo su trabajo y se fue el exilio que del que está del lado de la mafia y tiene el repudio. Hay una sentencia moral que emiten los pueblos y es inapelable y para siempre.

¿Qué opina de la Lista Engel?
La aplaudo, porque si algo tenemos que reconocer en Estados Unidos es la solidez de sus instituciones y cuando un Congreso nomina a personas como corruptas es porque lo son, sin lugar a dudas. Yo aplaudo ese mecanismo.

¿Qué rol debería jugar la comunidad internacional?
Acompañar, ayudar a fortalecer las instituciones. Es contradictorio que mientras países amigos ayudan a los que están en vías de desarrollo, los gobernantes roben. Estados Unidos ayuda con los impuestos de su gente, y algunos funcionarios se roban el dinero de la ayuda. En algunos países ni siquiera necesitaríamos cooperación, somos ricos, tenemos muchos recursos naturales, un clima impresionante, gente trabajadora, pero el problema son los corruptos.

Ante presiones internacionales por abusos, algunos presidentes denuncian injerencia. ¿Es válido esto?
Si formamos parte de la comunidad internacional, no somos islas y la soberanía nacional la viola el presidente corrupto, él si la viola al violar las leyes nacionales. Señalar injerencia extranjera es un distractor y busca distorsionar la realidad para mantener el estatus quo.

¿Cuál es ese estatus quo?
La impunidad y la comodidad de la alianza criminal…
Al menos en Guatemala.

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