Al conocer que Celia Medrano, defensora salvadoreña de derechos humanos, está en la lista de 5 finalistas para la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), El Diario de Hoy la abordó para discutir su candidatura y cómo mira al país y la región. Su panorama no es el más alentador.
¿Qué implica estar en la lista de finalistas a la secretaría ejecutiva?
Es una responsabilidad muy grande, implica continuar preparándose durante todo el proceso y se abre la posibilidad de estar al frente de la secretaría ejecutiva de la CIDH.
Implica también visibilizar y reconocer la labor de defensores que defensores y defensoras de derechos humanos en Centroamérica han dejado huella y continúan dejando huella. Centroamérica y una región respetuosa de los derechos humanos no siempre parecen ser sinónimos.
¿Cuáles son los retos principales del istmo en esa materia?
No perder lo ya ganado. El continente enfrenta un momento muy duro en donde había cierta certeza de que íbamos a paso muy lento y con debilidades muy profundas, pero encaminados a no repetir historias oscuras, negras, duras de nuestro pasado, pero lo que estamos viviendo es que nos está quedando claro que lo poco ganado podemos perderlo y lo estamos perdiendo.
El continente vive de manera acelerada esos pasos regresivos y es fundamental cerrar filas y tender los puentes para evitar volver a esos tiempos difíciles de oscuridad de nuestra historia reciente. La vida cotidiana bajo dictaduras militares no es una historia de mucho tiempo atrás.
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Habíamos logrado salir adelante y lamentablemente estamos volviendo a vivir golpes de Estado, militarización de la política, corrupción a los niveles más descarados e impunes, y esos retos están al frente de una labor de defensa de los derechos humanos en la región.
¿Cuál es el principal retroceso?
El protagonismo de las fuerzas militares. Habíamos logrado, al menos en Centroamérica, dejar en claro que los militares tenían que ser apolíticos, no deliberantes, estar sujetas al poder civil y ahora nuevamente, la fuerza militar por sí misma está dominando los planos políticos de nuestros países. Eso es sumamente peligroso.
Además de tener un poder armado desnaturalizado, es permeable, cooptable por la criminalidad organizada y de repente no hay claridad de dónde empieza una y termina la otra.
Al menos en Centroamérica estamos frente a una situación de violencias que trasciende la social generalizada a la política, bajo mandos y protagonismo de los militares en el ejercicio de ese escenario político.
En el caso de El Salvador, ¿cuál es la situación actual de los DD. HH.?
Regresiva. El Salvador enfrenta de manera acelerada regresión en lo que ya era una débil institucionalidad democrática a pasos de tener que lidiar con la impunidad del ayer que sigue abierta y cuyas heridas no han sido sanadas y las impunidades de ahora.
Hay en el gobierno una cercanía con los militares. ¿Está El Salvador exento de palabras tan fuertes como dictadura o militarización total?
No lo está. Ya estamos viviendo rasgos autoritarios claros, autocráticos. El poder no puede estar concentrado en un solo sector y creo que tenemos que analizar si las fuerzas armadas responden realmente a un poder y una figura formal de dirección o más bien tenemos que tratar de encontrar qué poderes fácticos son los que están tomando línea en la fuerza armada.
Pero el gobierno rechaza los mismos Acuerdos de Paz…
Detrás de la diatriba de los Acuerdos de Paz que protagonizó el presidente de la República en el cantón El Mozote en diciembre pasado, más que una figura autoritaria, lo que vimos fue a alguien consciente de sus limitaciones. El tema de los archivos militares no es un tema que el presidente no haya querido cumplir con respecto a la promesa que le hizo al juez de San Francisco Gotera y las víctimas y sus familiares de la masacre de El Mozote.
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Los mismos que se garantizaron autoamnistía en 1993 son los mismos que pudieron contener a dos gobiernos de la exguerrilla del FMLN para abrir los archivos militares y ahora le han dicho al presidente que no puede cruzar esa línea, porque en esos archivos está el testimonio que compromete a los mismos actores, pero el peligro de no abrirlos es garantizar la impunidad a esos actores, a esas acciones que nuevamente se están cometiendo cada vez de manera escalada en riesgo de lo poco que habíamos ganado.
¿Qué puede hacer el Sistema Interamericano de DD. HH. (SIDH) para El Salvador y todos los rincones del hemisferio donde flaquea la democracia?
Lo plantea atinadamente como el SIDH. La CIDH es uno de los actores, está también la Corte Interamericana de DDHH. Hay 3 aspectos que de forma inmediata puedan fortalecerse.
Primero, abrir más la relación entre la comisión con las víctimas. Creo que ellas tienen que tener una puerta abierta al sistema. Pienso que deben fortalecerse los mecanismos de protección inmediata, las medidas cautelares y fortalecerse los mecanismos para lograr que los Estados cumplan estas medidas.
¿Se ha fallado en esta materia?
Bertha Cáceres, la ambientalista asesinada en Honduras, tenía medidas cautelares. Activistas defensores de derechos humanos en Nicaragua han tenido medidas cautelares. Pero el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha cumplido y ni siquiera asisten los funcionarios de su gobierno a las audiencias convocadas por la CIDH.
El gran reto que tiene que plantearse la comisión es fortalecer que los estados cumplan sus resoluciones, sus acciones, sus observaciones cuando de por medio está poder salvar vidas de forma inmediata.