La Asamblea Legislativa aprobó este martes con 64 votos a favor y 15 en contra la nueva Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales, la cual podrá usar la recién creada Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para hacer contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías para todos los municipios del país.
La nueva normativa sustituye a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en el área municipal y centraliza en el ente municipal las obras a realizarse en todos los municipios del país.
A juicio del presidente de Transparencia, Contraloría Ciudadana y Datos Abiertos (Tracoda), Carlos Palomo, la ley tiene una buena clasificación por montos de las obras a contratar, pero le preocupa la centralización en una persona, en este caso el director del organismo, de hacer adquisiciones por altos montos.
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“Genera bastante preocupación que se centralice o que es un conjunto bien pequeño de funcionarios que van a tomar las decisiones y van a tener poder para decidir sobre montos bastante altos sin necesidad de pasar por la Junta Directiva”, explicó Palomo.
El experto de refiere al artículo 13 de la Ley, el cual establece que las licitaciones se podrán adjudicar por el subdirector del DOM cuando el monto sea hasta $80 mil, el director hasta por $200 mil y los montos superiores a esa cifra solo por la Junta Directiva, aunque esta podrá delegar esa tarea en el Director.
“Darle poder a un funcionario puede ser un riesgo que se lleguen a usar inadecuadamente los fondos. Lo más preocupante en materia de transparencia es que incrementa sustancialmente el riesgo de actos de corrupción pues el proceso de compras públicas permite contratar al director y subdirector”, ejemplificó el presidente de Tracoda.
De acuerdo a la nueva ley, se establece un régimen de compras que se usa de acuerdo a las características de la obras, que comienzan por la licitación competitiva, donde pueden participar cualquier ofertante calificado; la licitación limitada (se invita a los posibles ofertas de acuerdo a un pre-registro); la comparación de precios (la DOM puede pedir cotizaciones de su banco de ofertantes) que puede usar para consultorías, bienes específicos u obras civiles “de baja complejidad” y que sean menores de $200 mil. Y la contratación directa, que solo aplicará para obras y servicios menores a $10 mil.
El otro punto negativo que ve el experto es que al centralizar la contratación de estas obras se deja de lado el espíritu de la descentralización que precisamente buscar que sean los ciudadanos de las comunidades quienes tengan que involucrarse en lo que quieren hacer con el dinero público de acuerdo a sus necesidades.
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“Hay otros argumentos que tienen que ver con la pérdida de autonomía municipal, centralizar las compras en 1 sola institución anula la independencia de los diferentes concejos: es quitarle poder a las comunidades que son quienes eligen a los concejos municipales”, detalló Palomo.
Los diputados de oposición coincidieron con esta postura: “No se pueden ver como una cosa aislada. Están orientadas para que haya concentración de recursos y el poder para tomar decisiones de la inversión pública del país”, declaró la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.