Una familia de ocho integrantes, originaria de Morazán, compareció hoy a la audiencia preliminar en la que el juez Tercero de Instrucción de San Salvador determinará si hay suficiente pruebas en su contra para enviarlos a juicio por el delito de lavado de dinero y activos, al no justificar un capital y bienes valorados en $12 millones.
La Fiscalía afirma que el caso fue conocido cuando uno de los imputados, Jaime Alberto Flores Batres, viajaba a Perú con más de $195,000 en efectivo sin la debida justificación de su origen.
La persona no fue detenida en ese momento sino que se convirtió en la punta de lanza de una investigación de la Fiscalía desde 2016 y que hasta fecha no ha concluido cuál fue el origen de toda la fortuna de la familia Flores Batres.
Según Fiscalía, los procesados no tienen fuentes de ingresos como empresas, negocios o industrias en las que se podrían producir esos fondos millonarios. En la familia solo hay una persona que tiene una licenciatura en Educación pero sus ingresos declarados por mes no pasan de $800, una suma que aunque se totalice en todos los años, no alcanza la rentabilidad millonaria que tiene, dijo el fiscal.
La Fiscalía buscó una explicación en el sistema tributario del Ministerio de Hacienda en las declaraciones fiscales de cada pariente pero tampoco se encontró ningún informe financiero que lo explique.
Por este caso, el Tribunal Tercero de Sentencia encontró culpable a la profesora Jesús Anabel Flores Batres en juicio el 13 de junio y le impuso tres años y cuatro meses por convertirse en “cómplice necesario” en el delito de lavado de dinero de su familia. Sin embargo, la jueza le cambió la prisión por un brazalete electrónico que lleve en su cuerpo hasta que cumpla la sentencia.
En esta ocasión son procesados los demás familiares: Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya, Sandra Yasmín Flores, Elías Geovanny Flores Batres, María Verónica Rodríguez, Rosa Delmy Amaya, Rosa Batres viuda de Flores y María Brígida Márquez, acusados de lavado de dinero y activos.
Uno de los defensores afirmó que los integrantes de la familia imputada han vivido y trabajado en los Estados Unidos, lo que les ha significado, no los ingresos que menciona la Fiscalía, sino un poco más de un millón de dólares que desde hace más de diez años, el dinero ha sido puesto en certificado a plazo y los intereses han incrementado el capital, así como las inversiones en el país en diferentes sociedades que se dedican al urbanismo y la construcción de complejos habitacionales.
El defensor afirmó que la Fiscalía ha sumado el mismo monto en depósito cada vez que se ponía el dinero en certificados a plazos, lo que los ha llevado a cuantificar una suma millonaria más allá del real.
Las investigaciones fiscales comenzaron en el 2016 cuando hubo información de que Flores Batres y Amaya Márquez hacían transacciones bancarias de hasta $196,500, hacia Lima Perú.
Durante los registros a las residencias de la familia, las autoridades constataron que los acusados vivían con muchos lujos en contraste con la vida de pocos recursos económicos que tenían hace seis años atrás.
Antes de tener una vida económicamente holgada, esta familia habitaba en casas de bahareque y lámina; las que se localizan en el mismo barrio donde construyeron las residencias lujosas.
Los inmuebles, bienes, cuentas bancarias y los autos pasarán a custodia del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), mientras el Tribunal de Extinción de Dominio ventila el proceso para que pasen al Estado por considerar que fu