Empleada de Cancillería condenada a tres años de trabajos de utilidad pública por adopción ilegal de bebé costarricense

La pareja acusada contactó a la joven de Costa Rica en 2016 por medio de una plataforma de adopciones fraudulentas

Foto EDH/ Jorge Reyes

Por Cecilia Fuentes

Jun 13, 2019- 17:29

Claudia Aguilar Garza fue condenada por el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador a tres años de trabajos de utilidad pública por el delito de suplantación y alteración del estado familiar, por quedarse, en el año 2016, con un bebé de una ciudadana costarricense.

La jueza aseguró que hizo una “valoración integral de los elementos de prueba” presentadas por parte de Fiscalía y defensa, lo que la llevó a determinar la culpabilidad de Aguilar en los hechos.

De acuerdo a las investigaciones fiscales, todo inició en 2016, luego de que una pareja costarricense decidió que no podría quedarse con el bebé que esperaba, por lo que el compañero de vida de la mujer publicó un anuncio en Internet para dar a su hijo en adopción.

La pareja acusada contactó a la joven de Costa Rica por medio de una plataforma de adopciones fraudulentas donde le dijeron a los costarricenses que querían a la niña y le darían un hogar estable.

“La víctima cae en eso. Como ella (Claudia Aguilar), estaba en Cancillería hace una carta falsa diciendo que el Estado de El Salvador, le había dado una pasantía en el país, para que pudiera obtener los permisos de su madre para salir de Costa Rica”, dijo la fiscal del caso.

Claudia Aguilar, la empleada de Cancillería, trasladó a la mujer embarazada hasta El Salvador en espera del parto. La pareja se encargó de todos los gastos con la finalidad que a la hora que naciera la bebé, la madre se hiciera pasar por Aguilar Garza y así alterar la afiliación de la niña.

La costarricense Nicole Arleth Guerrero, madre de la bebé, declaró en el juicio a través de videollamada desde el consulado de El Salvador en su país. Foto Diana Escalante

Ante eso, la jueza argumentó que, según las pruebas, hubo una planificación entre las partes y ahondó que, la madre biológica de la niña “no fue obligada a venir al país ni que fue amenazada para hacerse pasar por la mujer”.

Fiscalía pedía la pena de ocho años para la imputada y $20 mil de responsabilidad civil. Sin embargo, la jueza determinó que no se le podía exigir a Aguilar ese pago ya que quien lo solicitaba era la abuela biológica de la menor.

“La jueza ha establecido una condena en responsabilidad civil, sin embargo no ha fijado la cuantía sino que ha solicitado de que se de en abstracto y que se inicie el proceso legal para poder establecer ese monto legal para establecer el monto a pagar a la representante legal de la niña” aseguró la fiscal.

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