En el primer semestre del año, cada día en promedio hubo 38 niñas o adolescentes inscritas en atención materna, con base a las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud.
Las cifras revelan un incremento en embarazos de 1. 45% en violaciones y gestaciones en este grupo poblacional, en comparación al mismo periodo del año pasado (6,839 de enero a junio).
Este año en total hubo 6,938 embarazadas de niñas o adolescentes, reportó el comunicado girado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
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Dentro de ese total hay 281 niñas en edades de 10 a 14 años violadas y embarazadas. La cifra refleja un aumento de 23 embarazos más que el año pasado, cuando hubo 258.
Los registros más actualizados del Ministerio de Salud, que abarcan desde enero hasta junio de este año, muestran que hubo 156 niñas embarazadas entre los 10 a 11 años.
En ese mismo semestre, el registro de adolescentes entre los 15 a 19 años fue de 6,657 en estado de gestación. El año anterior el reporte fue de 6,581 gestantes. Estos datos fueron divulgados a través de internet por el ministerio.
Los departamentos de San Salvador, San Vicente, Usulután y La Unión registran un aumento considerable en embarazo de niñas y adolescentes.
Solo en el departamento de San Salvador el incremento es de 125 gestaciones más que el año pasado.
Los departamentos con mayor número de inscripciones a los servicios de salud de adolescentes embarazadas son: Sonsonate (746 pacientes), La Libertad (639), San Miguel (579), Santa Ana (573), Ahuachapán (560 )y Usulután (493).
Ormusa atribuye el incremento en los embarazos en esta población, como resultado de que no se ha dado continuidad a las políticas de prevención de embarazos en niñas y adolescentes, falta de educación integral en salud sexual y reproductiva, además de un incremento en la violencia sexual.
Para Vilma Cruz, especialista en derechos sexuales y derechos reproductivos, de Ormusa, las cifras se deben analizar, indagar qué se está haciendo para prevenir y sancionar la violencia sexual, además de retrasar los embarazos en niñas y adolescentes.
Además, señaló que en el país mantener relaciones coitales con una menor de 15 años es delito y debe interpretarse como violencia sexual, al igual que está penalizado el hecho que una persona tenga relaciones sexuales con una adolescente menor de 18 años.
“De acuerdo al Código Penal, es considerando estupro, pero se considera violación si esta persona es menor de 15 años. Las leyes penalizan las uniones conyugales de adolescentes (mujeres u hombres) menores de 18 años. Precisamente ambos delitos, el estupro y las violaciones son muy frecuentes en el país, pese a que se cuenta con leyes de protección a la niñez y adolescencia”, lamentó Cruz.
Para Ormusa es preocupante el incremento en las violaciones de niñas de 10 a 14 años, una problemática que se denunció por el incremento de violencia durante la pandemia, “ por diversos factores, entre ellos la convivencia de las niñas y adolescentes con los agresores, ya que se identificaba crecimiento de la violencia sexual e intrafamiliar desde el confinamiento”, señaló Cruz.
Morena Murillo, coordinadora del Foro Nacional de la Salud, señala que el incremento de embarazos en las niñas y adolescentes se debe a un abandono de la actual administración en dar seguimiento a la Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027, que logró una reducción y la cual busca erradicar esta problemática, que debe ser abordada de forma intersectorial, desde jueces, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, entre otros.
El alza puede deberse a diversos factores como la pobreza, inseguridad, acceso a educación, entre otros.
“Las niñas y las adolescentes son las más violentadas y el Estado debe intervenir. La mayoría de los agresores son cercanos a la familia, son parientes, no es casualidad el abuso, esto pasa en territorios donde vive la niña. Otra teoría es que la seguridad de las mujeres en las comunidades de más alto riesgo donde hay grupos delictivos y criminales, la seguridad de la mujeres no se garantiza y dependen de las decisiones y reglas que imponen la pandillas en los territorios”, manifestó Murillo.
Razón por la cual, es necesario fortalecer las políticas de Estado e incluir la educación integral en sexualidad para retrasar los embarazos en estas edades, indicó Cruz.
Actualmente, hay más de 10,500 adolescentes entre las edades de 12 a 17 años que manifiesta tener una relación matrimonial o no matrimonial, un 59.4 % residen en el área rural y el 40.6% en la zona urbana.
Por lo tanto es importante visibilizar los riesgos e implicaciones en las violaciones y las complicaciones en los embarazo en las niñas y adolescente, las cuales son de índole económica y perpetúan el circulo de la pobreza y violencia en los hogares de estas, la deserción escolar y la frustración de proyectos de vida, entre otros.
El Tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible es de Salud y Bienestar, el cual contempla en unos de sus indicadores reducir la tasa de fecundidad de las niñas entre 10 y 14 años y adolescentes entre 15 y 19 años, que actualmente se han estancado o han retrocedido en ámbitos que ya se habían superado, advierte Murillo.
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