El embajador de El Salvador, Ronald Johnson, pidió a los líderes de los 3 poderes del Estado a abrir canales de diálogo y reducir la confrontación tras las diferencias generadas en los últimos días durante el combate de la pandemia del coronavirus.
“Llamamos a los líderes de los 3 poderes a abrir canales de diálogo constructivo y a reducir la confrontación lo antes posible por el bien de la nación. Nos necesitamos los unos a los otros, hoy más que nunca”, publicó en Twitter.
El COVID-19 continua creando condiciones nunca antes enfrentadas, que desafían nuestro marco institucional. Como recientemente dijo el @SecPompeo: “Las democracias son las que responden bien a las crisis” y “las democracias emergerán fortalecidas del COVID-19”.
— Embajador Ronald Johnson (@USAmbSV) May 17, 2020
Johnson exhortó a las autoridades a trabajar en conjunto para encontrar “soluciones oportunas para esta crisis, sin poner en riesgo los logros democráticos de El Salvador o la salud y bienestar de su gente”.
La tensión entre los poderes en El Salvador comenzó hace unos días y ayer aumentó tras que el Consejo de Ministros decretara una prórroga del Estado de Emergencia por 30 días más, pasando por encima de la Asamblea Legislativa.
Luego de dicha decisión, la Fiscalía General de la República, organizaciones no gubernamentales y abogados coinciden que dicha declaratoria por parte del Gobierno es una clara usurpación de funciones legislativas y no tiene validez.
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La Fiscalía incluso emitió un comunicado en el que asegura que “presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el decreto ejecutivo”.
El Estado de emergencia terminaba ayer, 16 de mayo. La Asamblea Legislativa no había extendido una prórroga tras la falta de informes de la cuarentena por parte del Ejecutivo.
“EE.UU. apoya a las tres ramas del gobierno, como siempre lo hemos hecho. Alentamos a cada uno de los tres a que trabajen en conjunto, para encontrar soluciones oportunas para esta crisis, sin poner en riesgo los logros democráticos de El Salvador o la salud y bienestar de su gente”, enfatizó Johnson.
El embajador también enfatizó que Estados Unidos está trabajando con todas las ramas del gobierno, el sector privado y los salvadoreños “para ayudar a enfrentar la reactivación económica del país que es tan necesaria”.
Hace unos días, la confrontación entre el gobierno y sector privado inició luego de que Bukele atacara a la empresa privada y dijera que no reconoce como titular de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP) a Javier Simán.
La postura del Gobierno de “desconocer” a Simán como representante de la empresa privada se dio tras que la UCA expusiera las razones para salir del comité que evaluará la ejecución de $2,000 millones para atender la emergencia del coronavirus. El pasado 12 de mayo, la UCA, ESEN, Cámara de Comercio, ANEP y Fusades renunciaron a la mesa.
La UCA dijo que la falta de transparencia, la violación sistemática de derechos humanos y la institucionalidad del gobierno durante la crisis son algunas de las razones que llevaron a la renuncia.
Este día, también la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) emitió un comunicado en el que establece que el Gobierno irrespetó la Constitución de la República al imponer una prórroga del Estado de emergencia.
Fusades manifestó que el poder Ejecutivo no puede “argumentar de los diputados para reunirse, cuando ya estaba programada una sesión plenaria y han estado trabajando normalmente. Por consiguiente, es una actuación contraria al orden constitucional y una clara violación al principio de separación de poderes en el que se sustenta nuestra República”.
Además, mencionaron que las actuaciones del Gobierno “generan incertidumbre jurídica e inestibilidad política que dañan la credibilidad del país”.
Fusades recalcó ante la falta de un plan d emergencia y de información sobre el uso de presupuestos para atender la pandemia preocupa una prórroga del decreto “facilite las compras y adquisiciones de bienes y servicios, obviando procedimientos ordinarios que aseguran la transparencia y uso de los fondos públicos”.