Sobre los indicios de mal uso de recursos públicos, particularmente durante la pandemia, el embajador estadounidense Ronald Johnson manifestó que “había gastos no presupuestados ni esperados asociados al COVID-19, además que ha habido una historia de corrupción en El Salvador por un tiempo”.
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Añadió que eso les preocupa pero ofreció su respaldo al fiscal general de la República, Raúl Melara, y la institución que este encabeza para que sigan adelante con las investigaciones que ya están en curso.
“Confío en que lo hará de forma sabia y que las investigaciones llegarán a su final”, manifestó el diplomático estadounidense.
Entorpecimiento policial
El 10 de noviembre, la Fiscalía General de la República condujo una serie de allanamientos a diferentes instituciones del Ejecutivo, como parte de sus investigaciones sobre supuestos ilícitos e indicios de corrupción en el manejo de fondos ordinarios y de emergencia para atender la pandemia del COVID-19.
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Ese mismo día, sin embargo, agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes a la sede del Ministerio de Salud y entorpecieron los allanamientos.
En su momento, el director del área contra la corrupción de la Fiscalía, German Arriaza, manifestó que los policías “no pueden ni deben entorpecer ningún tipo de actividad legal que estemos realizando” y dijo que analizarían si la Policía cometió ilícitos.
El embajador Johnson reiteró ayer su respaldo al Fiscal General en estas investigaciones y llamó a que haya un trabajo conjunto entre la oficina que dirige y la Policía.
“Nosotros motivamos la cooperación de la Policía y la Fiscalía”, dijo el diplomático.
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Asimismo, destacó que “hemos tenido éxito en operaciones antinarcóticos y en contra de la violencia en El Salvador, pero cuando se politizan los problemas, se dificulta la cooperación, pero esperamos que siga habiendo”.
La Policía Nacional Civil ha sido condenada por actuar en ocasiones como un brazo político del gobierno de Nayib Bukele, como en la toma del Congreso el 9 de febrero o cuando incumplió una orden de la Asamblea de llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a rendir cuentas al Congreso.