Fiscalía pide condenar a expresidente Saca y su esposa a reintegrar al Estado $4.5 millones

Según el ministerio público, con ese monto los esposos se enriquecieron de manera ilícita durante su mandato (2004-2009). La audiencia de aportación de pruebas en el caso continuará este viernes a las 9:30 de la mañana

La Cámara de lo Civil realiza la audiencia de aportación de pruebas en el caso de enriquecimiento ilícito del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa. Foto: David Marroquín

Por David Marroquín / Liseth Alas

Ene 30, 2020- 10:28

La Cámara Primera de lo Civil inició este jueves la audiencia preparatoria contra el expresidente Elías Antonio Saca, quien confesó haber cometido actos de corrupción durante su gestión, y su esposa Ana Ligia por presunto enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió en la diligencia que el exmandatario y su cónyuge sean condenados a reitengrar al Estado $4.5 millones con los que supuestamente se habrían enriquecido de manera ilícita durante su administración presidencial (2004-2009). El ministerio público planteó que Saca devuelva $3, 970,013 y la ex primera dama de la República $589,608.

Antes de que los fiscales del caso comenzarán a exponer sus argumentos del supuesto enriquecimiento ilícito de los esposos Saca, sus defensores alegaron que el proceso debería de suspenderse porque existe un doble juzgamiento que lo prohíbe la Constitución.

El defensor del expresidente Saca recordó que él cumple una condena de diez años de prisión, tras haber confesado haber sustraído $301 millones de las arcas de la Presidencia. A lo anterior se suma que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la responsabilidad civil de $260 millones para Saca.

“Los hechos o elementos que se atribuyen en el proceso penal son exactamente los mismos hechos que se atribuyen en este proceso de naturaleza civil”, dijo Miguel Ángel Flores Durel, abogado de la señora de Saca.

Ella fue enviada a juicio en septiembre pasado por el supuesto lavado de $17.3 millones. El proceso se encuentra en el Tribunal Cuarto de Sentencia que deberá de programar la vista pública en los próximos meses.

Por su parte, uno de los fiscales del caso aseguró que los dos procesos son diferentes. En el proceso penal se pide una responsabilidad civil para resarcir los daños causados al Estado y en el juicio civil se pide que regrese el dinero con el que se habría enriquecido ilícitamente y que está relacionado con el patrimonio que no justificaron.

El informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitido en 2016 reflejó cinco irregularidades en el patrimonio de la familia Saca, el cual cuestionó que supuestamente creció en su mandato presidencial.

“Fiscalía ha hecho alusión a que lo que existe es una confusión por parte de los apoderados de los demandados en virtud de que en sede penal se está tratando sobre delitos y sobre responsabilidad civil”, indicó uno de los fiscales y agregó que “es totalmente distinto a lo que la representación fiscal  ha hecho dentro de sus pretensiones en la presente demanda de enriquecimiento ilícito, acá estamos buscando que se restituya al Estado de El Salvador las cantidades que se presume de enriquecimiento ilícito”.

El abogado de Saca, Fausto Gutiérrez, sostuvo que se presentó la documentación que justifica el crecimiento patrimonial del exmandatario y su esposa.

Tras un receso se reanudó la tarde de este jueves la diligencia, en donde los magistrados de la Cámara rechazaron los planteamientos de los defensores del expresidente y su esposa, por lo que dicha “instancia seguirá conociendo la demanda y la audiencia sigue en normal desarrollo”, detalló la Fiscalía, vía Twitter.

Posterior, el tribunal superior anunció que la audiencia de aportación de pruebas continuará este viernes a las 9:30 de la mañana.

CONDENA POR DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS

En septiembre de 2018, el expresidente Saca enfrentó un proceso penal en el que fue condenado a 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero y activos.

Foto EDH / Archivo

El exmandatario fue sentenciado a cumplir dicha pena, tras haber confesado que durante su administración (2004-2009) desvió fondos de la partida de gastos reservados de la Presidencia a cuentas personales, pagó sobresueldos y evadió controles estatales.

En esa ocasión, junto al exgobernante también fueron condenados por corrupción tres de sus exfuncionarios y tres de sus exempleados de Casa Presidencial. Todos fueron procesados por desviar $301 millones de fondos públicos hacia cuentas particulares.

Mientras, en septiembre de 2019, Saca fue condenado a otros dos años de cárcel tras admitir que le pagó $10,000 a una empleada de la Cámara Primera de lo Civil a cambio de que le filtrara información sobre el proceso por presunto enriquecimiento ilícito de $3.9 millones.

La Sala de lo Penal de la CSJ ratificó, en diciembre pasado, las penas de prisión impuestas a los implicados, y que de los $301 millones que admitieron haber desviado de las cuentas de la Presidencia de la República solo el exmandatario deberá devolver al Estado un poco más de $260 millones.

Por su parte, la ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, enfrenta un proceso penal por presunto lavado de dinero en el caso “Destape a la Corrupción II”, y, en septiembre de 2019, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador la envió junto a otros implicados a juicio.

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