El Salvador ha quedado fuera del Grupo Egmont. Como consecuencia, esto le impedirá recibir información privilegiada sobre actos de corrupción, según confirmó la Fiscalía General de la República, aunque esta aclaró que espera la notificación escrita.
A esa instancia internacional están integradas las unidades de Inteligencia Financiera de los países miembros, y esto les permite compartir información relacionada con el combate a ilícitos como el lavado de activos.
Desde ese grupo se había recomendado a El Salvador la reforma al la Ley de Orgánica de la Fiscalía General de la República a fin de darle autonomía al análisis financiera que realiza la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) adscrita a la Fiscalía.
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Asimismo, los representantes de ese Grupo advirtieron el riesgo de injerencia de otros funcionarios, como la ocurrida en la divulgación que hizo de un reporte de operaciones sospechosas (conocido como ROS) el expresidente Mauricio Funes Cartagena, informó la Fiscalía.
El Salvador ya estaba advertido de ser suspendido o expulsado de no cumplir con una serie de requisitos luego de que Funes, hoy procesado por actos de corrupción, divulgó en plena campaña presidencial el referido documento confidencial que contenía información sobre el expresidente Francisco Flores.
Los requisitos que le estableció fueron cumplidos pero luego vino la recomendación para que la Fiscalía garantizara la autonomía de la UIF.
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Es muy difícil que por sí solos puedan los ciudadanos erradicar la corrupción, pues mucha de la información sobre lavado, tráfico de drogas y movimientos de capitales, como un ejemplo, está en manos de gobiernos que en una u otra forma participan en ese juego.
La Fiscalía logró el apoyo de la mayoría de las fracciones legislativas para reformar el artículo 70 de dicha normativa pero en julio pasado el presidente Salvador Sánchez Cerén la vetó por considerar que violaba la Constitución y porque restaba atribuciones al ente fiscal.
Hasta la fecha, los legisladores no han superado el veto presidencial.