Juez impone fianza de $20,000 a dos exmilitares por homicidios de 1981

El Juez considera que los delitos por los que han sido acusados cuatro exmilitares que presuntamente formaban parte de los escuadrones de la muerte son crímenes de lesa humanidad.

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Foto EDH / Iliana Ávila

Por Iliana Ávila

2021-08-18 8:57:28

El juez primero de Paz de San Miguel impuso una fianza de $20,000 para dos de los tres exmilitares que este miércoles enfrentaron la audiencia inicial por los delitos de homicidio agravado, robo y asociaciones ilícitas, en perjuicio de cinco personas durante el conflicto armado.

Debido a su avanzada edad los señores José Inés Benavides Martínez, de 80 años, y Luis Alonzo Benavides Polio de 91 años, deben de pagar una fianza de $20,000 para gozar de las medidas sustitutivas a la detención, tales como presentarse cada 15 días al tribunal de instrucción correspondiente (aún por definir), no pueden salir del país y no pueden portar armas de fuego.

Para el abogado defensor José Mártir Martínez, al imponer una fianza de $20,000 es una negativa de gozar de las medidas cautelares, “es una medida muy desproporcional porque son jornaleros no tienen condiciones económicas", agrega que “les están vulnerando su integridad física y moral, porque están expuestos a contraer enfermedades dentro de bartolinas, entonces ya el proceso no tendría una razón porque el seguir detenido con una enfermedad es consecuencia de muerte” señaló.

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Los exmilitares fueron detenidos el 13 de agosto  por la Fiscalía por dos homicidios ocurridos en 1981. Foto EDH / Cortesía FGR

El juez también determinó que José de la Cruz Orellana Iglesia, de 60 años, continuará detenido.

Los tres ex militares pasaron a la etapa de instrucción al igual que una cuarta persona identificado como el “Chele Anival” quien presuntamente dirigía la sección Dos o la S de la Tercera Brigada al que pertenecían los tres ex militares antes mencionados.

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“El juez ha resuelto que contra el imputado ausente (Chele Anival) porque no se ha enterado de la acusación y frente a la imposibilidad de haberlo notificado y haberle hecho saber el cargo no puede decretar detención, pero si lo envía a instrucción”, comentó el fiscal del caso.

La defensa solicitó ante el juez la prescripción del delito cometido el 7 de abril de 1981 en perjuicio de cinco personas, sin embargo, para el juzgador se trata de crímenes de lesa humanidad los atribuidos contra los cuatro imputados.

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