El abogado constitucionalista Enrique Anaya señaló que el decreto legislativo que prohíbe las concentraciones es “excesivamente ambiguo”, es en realidad una suspensión de derechos constitucionales para los salvadoreños y esto se puede prestar a arbitrariedades como sucedió en la cuarentena.
“En los términos en los que está redactada la ley, en lenguaje tan ambiguo, se trata de una prohibición de ejercicio de un derecho y, por lo tanto, de una restricción y/o limitación de derechos constitucionales y, en consecuencia, se trata de una suspensión de derechos constitucionales”, explicó, quien aclaró que "es indispensable ordenar medidas sanitarias para proteger a la población, que sean claras, precisas y razonables, para que la población pueda comprenderlas fácilmente y colaborar más y mejor".
Anaya subrayó que por tratarse de una suspensión de derechos constitucionales, las prohibiciones de la ley no pueden excederse de 30 días, pero tienen un plazo de 90 días.
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En la cuarentena obligatoria de marzo a junio de 2020, la policía y los militares fueron acusados de violar derechos humanos al capturar y confinar sin orden judicial a centenares de salvadoreños por salir a la calle o que regresaban al país, hechos que fueron cesados por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la misma que fue derrocada por la Asamblea Legislativa pro-Bukele el pasado 1 de mayo.
En el presente caso, dice Anaya, no hay claridad sobre el número de personas que tienen prohibido reunirse, ni cuáles son las circunstancias que deben entenderse como constitutivo de "concentración de personas" ni se consignan datos objetivos para sustentar la medida de prohibición de reuniones, dice el constitucionalista.
“En el fondo quieren evitar manifestaciones contra el Bitcoin, la presentación de reformas constitucionales y la estatización de las pensiones y nadie va a poder salir a protestar”.
Anaya considera que no sería extraño que el gobierno quiera hacer uso de ese dinero en vista de que el Fondo Monetario Internacional no le aprobó el préstamo de $1,500 millones que solicitó y necesitará recursos, algo que no le gustará a los trabajadores salvadoreños.
Personeros del Gobierno y la Asamblea han anticipado que preparan una reforma de pensiones, pero no han dado detalles al respecto por ahora.
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Según Anaya, la referencia a sanciones en la ley contra las aglomeraciones aprobada ayer tampoco supera el test de constitucionalidad, pues hace mención a responsabilidad penal sin decir cuál, y la infracción administrativa es una "infracción en blanco", pues no indica cuál es la específica conducta a sancionar, explicó.