La Fiscalía General ratificó esta tarde la acusación contra el expresidente prófugo Mauricio Funes y otras cinco personas por los supuestos actos de corrupción que se hicieron después de que la empresa italiana Astaldi abandonara los trabajos de la presa El Chaparral y que posteriormente se llegara a un trato directo ilegal que permitió que la constructora recibiera $108.5 millones solo por el 29.9 por ciento de construcción de la obra.
El contrato original establecía que la construcción de la obra iba a tener un costo de $219 millones 900 mil.
La acusación fue presentada en el juzgado Noveno de Instrucción que tendrá que programar la audiencia preliminar contra Funes y los otros cinco imputados.
“Estamos hablando que se ha logrado determinar por parte de la Fiscalía General que son casi 50 millones de dólares, lo que esta gente le robó al Estado, entre peculado, lavado de dinero”, dijo el fiscal general, Raúl Melara.
Durante la tarde del viernes, fiscales entregaron la ratificación de la acusación fiscal en el juzgado Noveno de Instrucción. Video EDH / Oscar Portillo
Agregó que “se ha logrado determinar la trasabilidad de todo ese dinero, adonde ha quedado y cual fue la manera en la que trataron de poderse apropiar de todos estos recursos que al final vienen de los impuestos de la gente”.
Explicó que la ratificación de la acusación está sustentada en más de 70 testigos de cargo que relatan la manera de como “este hecho se fue dando paso a paso”.
Señaló que también cuentan con 1,252 documentos, 112 evidencias y 34 experticias que confirman el pago extra entregado por la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a la empresa italiana Astaldi.
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Además de Funes también son acusados, el expresidente de CEL, Leopoldo Samour; José Miguel Antonio Menéndez, conocido como Mecafé; Ada Mitchell Guzmán Sigüenza; el italiano Mario Federico Perasgostine Marocchi, representante legal de la empresa ASTALDI; y el contador de la referida constructora, José Efraín Quinteros .
A Funes le atribuyen los delitos de peculado (apropiarse de bienes públicos), lavado de dinero, y agrupaciones ilícitas. A Samour lo acusan de peculado y agrupaciones ilícitas; mientras que a Mecafé de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Al italiano Pieragostini se le acusa de cohecho activo (soborno); mientras que a Quinteros y a Guzmán Siguenza de lavar dinero de ese trato ilegal, según la Fiscalía.
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La petición fiscal para que se les abriera el proceso comenzó en enero de 2019, cuando la Fiscalía pidió las detenciones de los seis imputados.
Las investigaciones fiscales detallan que en julio de 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, el entonces presidente de CEL, Leopoldo Samour, por instrucciones de Funes; y el representante de ASTALDI, Perasgostine Marocchi, anularon el contrato y desviaron los $108.5 millones que generaron a la empresa más $45.2 millones.
“Los díctamenes de las consultoras establecen que la posibilidad de ganar en un arbitraje era del 70 por ciento a favor del Estado de El Salvador”, dijo German Arriaza, jefe anticorrupción de la Fiscalía.
Explicó que la pericia técnica realizada a petición del gobierno salvadoreño estableció que los argumentos de Astaldi para detener la construcción “no eran ciertos, no había tal movimiento del cerro”.
A pesar de lo anterior, Funes y los otros cinco imputados decidieron hacer un arreglo directo entre el gobierno salvadoreño y la empresa italiana, con lo que “contravinieron toda la normativa directa”.
CEL tenía que haberle pagado solo $63 millones a la constructora por la obra inconclusa de la presa El Chaparral, pero le entregó $45 millones 244 mil 418 de más.
Pieragostini Marocchi, en nombre de la empresa constructora, les ofreció un soborno de $3.5 millones que se supone que Funes se repartió con Samour, Mecafé y Guzmán Siguenza, como retribución por haber llegado al referido arreglo directo.
Se dificulta la extradición de Funes
El fiscal Melara reconoció que les será difícil extraditar a Funes por haberse nacionalizado nicaraguense. “Lastimosamente el expresidente Funes está prófugo de la justicia, hoy es nicaraguense y la ley nos impide proseguir con el proceso para él, pero esto no impide que el juicio se siga diligenciando para los demás imputados que están siendo procesados. en el caso de él esto tendrá que esperar”, dijo Melara.
Agregó que “lo más seguro es que él (Funes) este viendo esta conferencia y va a comenzar a tuitear como loco diciendo que esta es persecución política…Aqui les estamos graficando lo que realmente es un entramado criminal para idear todo este tema de El Chaparral..Todo esto fue liderado por Mauricio Funes”.