El asesinato que delató al grupo de exterminIo

El accidente de un pick up permitió dar con los supuestos miembros de la organización.

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Pickup usado por grupo de exterminio en San Miguel

/ Foto Por elsalvador.com

Por FOCUS EDH

2016-07-24 9:20:00

Juan José Maravilla Cedillos (22 años) era el niño terrible del cantón Caulotillo, en las afueras de El Carmen, en el oriental departamento de La Unión. Pasó de ser un integrante de una banda musical de paz a convertirse en una pieza más de la Mara Salvatrucha (MS).

Con el apodo de el Pana, comenzó a delinquir en esos desolados caseríos, al punto que muchos le temían por lo que hacia, y por qué lo detenían y lo liberaban pronto. Fue acusado de posesión de armas, drogas y otros delitos.

Se había convertido en un problema complejo, al punto que su cabeza ya tenía precio.

El 10 de abril de 2016, salió de su vivienda en el cantón Caulotillo hacia la ciudad de La Unión. Y ya no regresó.

Luego de que el autobús en el que iba recorriera varios kilómetros, tres hombres armados y con gorros pasamontañas interceptaron el automotor, lo abordaron y preguntaron por un joven que vestía una camisa manga larga verde con rayas. Lo encontraron rápido y lo bajaron.

Alguien dio aviso a la policía sobre el incidente, por lo que rápidamente desplegó un operativo de búsqueda por los municipios de San Antonio Silva, San Alejo, El Carmen y Yayantique.

La persecución fue tan eficaz que uno de los dos autos en que viajaban los exterminadores se accidentó en una calle de tierra del cantón Anchico, en el municipio de San Miguel.

Cerca del pick up volcado encontraron el cadáver de el Pana.

Fuentes policiales aseguran que fue el vuelco de ese pick up lo que permitió a los investigadores  armar  el rompecabezas y establecer la forma de operar del grupo de exterminio: alquilaban pickups (o trocas, como ellos les llamaban), por lo general doble cabina, con los vidrios polarizados y de modelo reciente; los usaban unas horas para cometer los crímenes y, luego, los devolvían.

Con los nombres de los que alquilaban  los autos, los siguientes seguimientos y las relaciones con otros (reuniones y bitácoras de llamadas telefónicas) y con los homicidios cometidos, la Fiscalía ordenó a principios de julio la captura de nueve personas. Son procesadas por participar en un presunto grupo de exterminio de pandilleros, bien como partícipes directos en los asesinatos, como proveedores de armas, autos y otra logística, o  cómplices.

El grupo se autodenominaba “Autodefensa”.

Racha de ejecuciones

El 10 de abril, además de matar  a el Pana, el grupo de exterminio asesinó  al menos a cuatro personas más en un solo hecho. 

En la madrugada de ese día, unos 20 hombres vestidos de negro y con los rostros cubiertos irrumpieron en un restaurante “El Basil tropical” (“un Chupadero”, según los vecinos) en la playa El Cuco, en Chirilagua, San Miguel. 

Preguntaron quiénes eran pandilleros. Cómo nadie respondió, llamaron a cuatro personas por sus nombres y apodos (dos hombres y dos mujeres).

Luego, les explicaron cuáles  eran los crímenes que habían cometido y las cuentas que tenían pendientes.

Acto seguido, los fueron matando uno a uno a balazos y machetazos. La última en morir fue la dueña del local, a quien señalaron de colaborar con la MS.

A los demás les dijeron que no temieran, que no matarían a ningún inocente. Pero en la retirada, uno de los homicidas  asestó una cuchillada en la garganta a un hombre, porque se le quedo viendo, como queriendo descubrir el rostro detrás del gorro pasamontaña. A pesar de la gravedad de la herida, logró sobrevivir.

Así lo han narrado lugareños a periodistas de Focus de El Diario de Hoy.

Lo llamativo de este hecho es que ocurrió a unos 100 metros  –en línea recta– de un puesto de policías, quienes no escucharon ni vieron nada.

Horas después de esta masacre, ya en la tarde del 10 de abril, se llevaron por la fuerza y mataron a el Pana, pero con el infortunio de accidentarse y dejar tirado el automotor en el que viajaban, un pickup rojo, doble cabina, placas P 652-563.

En el interior del auto, dañado del lado derecho, los investigadores encontraron abundantes manchas de sangre, con lo que se presume que el Pana fue asesinado en otro lugar y su cadáver llevado a la zona para abandonarlo.

A unos 200 metros de esta escena encontraron el cadáver del pandillero. Tenía múltiples disparos de arma de fuego, incluyendo tiro de gracia, y estaba atado con cintas de plástico, similares a las que usa la policía.

Con toda esta evidencia y el número de placas del pickup, los fiscales y policías contra el crimen organizado comenzaron a desenredar la madeja y a identificar a los posibles responsables de los homicidios antes descritos y de otros crímenes individuales y múltiples cometidos en la zona oriental del país.

De acuerdo a registros disponibles, los crímenes con estas características se comenzaron a cometer en 2014 y se habían incrementado a finales de 2015 y a inicios de 2016.

Por la reserva que le han impuesto al proceso judicial que se sigue en un tribunal de San Miguel, a petición de la Fiscalía, no fue posible saber quiénes de los implicados habían rentado el auto  en que llevaban el cadáver de Maravilla Cedillos.

“La troca maldita” 

Si las investigaciones policiales y fiscales están en lo cierto, el grupo de exterminio no se desalentó por el incidente que tuvieron el 10 de abril, porque dos semanas después fue a sacar de su vivienda a una mujer que vivía a 300 metros del puesto policial de la ciudad de Chirilagua.

En esa ocasión, según pobladores, varios hombres llegaron a la casa que alquilaba María de la Paz Tobar (49 años).

A pesar del silencio de la  una de la madrugada del domingo 24 de abril, los policías de esa localidad dijeron que no escucharon los golpes con una almádana que los “exterminios” daban en la puerta de la vivienda, como suelen ocurrir en operativos policiales.

Derribadas las puertas, ataron con cintas plásticas a una mujer, hija de María de la Paz, y a sus hijos. Luego, comenzaron a registrar minuciosamente toda la casa y preguntaron quién era María de la Paz. La amarraron y se la llevaron en una “troca” color gris.

Los hombres, que los moradores de la casa dijeron que eran policías, estuvieron hurgando entre 30 a 60 minutos. Tampoco dijeron a los ocupantes de la casa qué buscaban.

Habitantes de Chirilagua han expresado que esa troca solía llegar al pueblo. Se bajaban hombres “vestidos de civil” con los rostros cubiertos. 

María de la Paz fue encontrada muerta poco después de las 4:00 de la madrugada en una calle de tierra del cantón Tierra Blanca, en Intipucá.

Ella tenía unos cinco años de haber salido de prisión por el   homicidio de un hombre a quien mató de una cuchillada 

Tres días después del crimen de  María de la Paz, otra mujer fue sacada de la casa de su madre, donde estaba de visita, en el caserío Playa Grande, cantón San Pedro, siempre del municipio de Chirilagua.

Se llamaba Azucena del Carmen Vásquez Flores. Tenía 37 años y trabajaba en una pupusería de San Salvador.

El 27 de abril había llegado de visita a donde su madre y  a ver a sus hijos. Por la noche, a bordo de un pick up gris, varios hombres  llegaron y se la llevaron, atada  de las manos con cintas plásticas.

Horas después, la  encontraron muerta de varios balazos en la calle principal del caserío El Planón, cantón La Estrechura, de Chirilagua, en el mismo rumbo de donde tres días antes abandonaron el cadáver de María de la Paz.

En todos estos crímenes siempre se repetía otro patrón: hombres en pickups, con similares características, víctimas atadas con cintas plásticas, con disparos en la cabeza y abandonadas en calles rurales.

De acuerdo con fuentes de El Diario de Hoy, el mismo día que apareció muerta Vásquez Flores, la “troca” gris entró a Chirilagua rumbo a un cantón cercano. Una hora después, salió y luego se escuchó la noticia de que habían matado a un joven. “Ese sí era pandillero declarado”, explicó la fuente. 

Menos de tres meses después del vuelco del pick up P-652-563, la Fiscalía ordenó la captura de varios sospechosos, incluyendo a cinco policías, a cuatro de los cuales los señala de haber participado directamente en al menos ocho homicidios. A otros los ha acusado de dar cobertura a la supuesta estructura criminal, mientras ejecutaban los asesinatos, es decir, que garantizaban que en esas zonas no se realizarían patrullajes a las horas convenidas.

De las personas particulares, la Fiscalía ha dicho que unos eran los financistas y que otros participaban directamente en las ejecuciones.