En El Salvador, la República está bajo ataque. El sistema de balance de los poderes, igualdad ante la ley y sumisión de la administración gubernamental a la Constitución está siendo dura y constantemente pisoteado por un oficialismo que, de la mano de los cuerpos de seguridad, pretende desconocer los ideales que se celebran este 15 de septiembre.
Múltiples y calificadas voces, dentro y fuera del país, han condenado los avances autoritarios de la gestión de Nayib Bukele.
Puntualmente, han denunciado una politización de los cuerpos de seguridad, la manipulación del aparato de Justicia, la violencia hacia la disidencia, las amenazas a los periodistas independientes y, más recientemente, una sentencia de dudosa legalidad que permite la reelección consecutiva del presidente.
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Este escenario pinta un abandono total de los pilares republicanos y un debilitamiento de la convivencia democrática que ha intentado construirse desde los Acuerdos de Paz en 1992.
Todo esto, auxiliado de una demagógica retórica que hace constantes apelaciones a estar de la mano de “Dios”, al estilo de numerosos caudillos del pasado que han ocultado sus abusos en el poder detrás de figuras e invocaciones religiosas.
La mejor estampa de esto sucedió el 9 de febrero de 2020, cuando el joven presidente Nayib Bukele condujo a militares y policías fuertemente armados al interior del Salón Azul del Palacio Legislativo para intimidar y presionar a diputados opositores.
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Esta conducta demuestra cómo ve el mandatario la política: como una demostración de fuerza, y no como el arte de dialogar, debatir y administrar diferencias para sacar adelante a un país.
Retórica “patriotera”
Desde el pasado 1 de junio, la figura de los 200 años de vida independiente ha sido protagonista de la retórica presidencial.
Pero lejos de comprometerse con los ideales libertarios de hace dos siglos, el mandatario se ha montado sobre el bicentenario para ofrecer un “nuevo país” donde se persigue a sus críticos, a quienes ha denominado el “aparato ideológico” e incluso ha calificado como el “enemigo interno”.
Esta última etiqueta es la que se ha utilizado en la historia de Latinoamérica para justificar graves violaciones a los derechos humanos.
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Ese es el pasado que Nayib Bukele evoca en sus alocuciones militaristas y que busca escudar tras poses religiosas demagógicas.
Además de estas actitudes, su apuesta de poder se ha construido sobre la base de una captura de las instituciones y sobre la idea de que es su voluntad, y no las leyes, las que dictan el futuro de El Salvador.
Por ello, cuando fue confrontado por un tribunal constitucional independiente por abusar del poder, desafió las sentencias. Y cuando tuvo la oportunidad, se deshizo de estos jueces que limitaron su poder, y de un fiscal general que investigaba casos de corrupción entre sus filas.
Y de la mano de diputados fieles que simplemente tramitan todas sus solicitudes, está construyendo un andamiaje legal que golpea la transparencia, fomenta la impunidad entre sus filas (como la ley que blinda retroactivamente las compras en pandemia) y promueve la persecución política de sus rivales.
Y, más recientemente, ha mandado a elaborar una Constitución a la medida, que le permitirá concentrar más poder y amarrar más los controles a su gestión.
A dos siglos de independencia, con los fusiles de su lado y el discurso de “Dios”, Nayib Bukele protagoniza un asalto a la República.