En una conferencia de prensa realizada con periodistas de los países del Triángulo Norte, el enviado especial del presidente Joe Biden para esta región, Ricardo Zúñiga, reconoció que para el gobierno de su país fue un retroceso la desarticulación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
“Estamos decepcionados por la desarticulación (…) de la CICIES en El Salvador porque pensamos que jugaban un papel importante para fortalecer actores nacionales”, afirmó el diplomático estadounidense.
La CICIES nació como una promesa de campaña del ahora presidente Nayib Bukele y desde un inicio fue criticada por estar muy cercana al Ejecutivo y tener pocos dientes. Sin embargo, empezó a mostrar independencia y llegó a remitir al menos 12 casos de presunta corrupción en el gobierno actual vinculada a compras realizadas durante la pandemia de covid-19.
Ante este cambio y los resultados que produjo, el mismo gobierno que la propuso y echó a andar, la desarticuló.
Para Zúñiga, este marca uno de los retrocesos más importantes en la lucha contra la corrupción en la región, algo que su gobierno considera esencial para evitar la migración irregular a territorio estadounidense y además sitúa como uno de los pilares fundamentales de la relación entre Washington y la región.
En El Salvador, lejos de abordar los indicios de corrupción y, concretamente, estos casos remitidos por la CICIES, el oficialismo removió por la fuerza al fiscal general Raúl Melara e impuso de manera ilegal y exprés al abogado Rodolfo Delgado. Él no ha dado seguimiento a estos casos, al tiempo que ha desestimado otro elemento importante: los 14 nombres de salvadoreños que Estados Unidos designó como corruptos o antidemocráticos en su Lista Engel.
Por el contrario, los esfuerzos del oficialismo han ido en el sentido de blindar posibles irregularidades en compras públicas de forma retroactiva, así como crear distractores a casos que pueden salpicarlos y empezar una persecución con pocas garantías contra actores del pasado. Los posibles hechos del presente no son abordados.
Consenso con lo aprobado en el Congreso
El miércoles 28 de julio, la Cámara de Representantes aprobó el presupuesto de Operaciones Exteriores del Departamento de Estado de Estados Unidos. En este, se incluyó un apartado importante para el Triángulo Norte que establece 9 requisitos para que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador puedan seguir recibiendo fondos de cooperación estadounidenses.
El punto principal es que siga la lucha contra la corrupción, así como el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto a oenegés que son críticas a los gobiernos y la prensa libre, duramente golpeada en los tres países.
Al respecto de estos requisitos aprobados por una de las cámaras del Legislativo de su país, Ricardo Zúñiga afirmó que “nosotros estamos más que conformes con la decisión del Congreso de poner un enfoque en cuestiones de gobernanza”.
El diplomático destacó que hay un consenso entre demócratas y republicanos de que el éxito de su estrategia en Centroamérica y de su objetivo de reducir la migración irregular pasa por “establecer condiciones que van a permitir que cualquier cooperación o inversión pueda tener un espacio propicio para prosperar”.
Añadió que mucho de lo que están tratando de hacer desde el gobierno de Joe Biden va en el sentido de “fortalecer la independencia de las cortes, respetar instituciones democráticas y promover una cultura democrática”, que incluye el respeto a la libertad de prensa, garantizar que las oenegés puedan ejercer su labor de contraloría ciudadana y evitar más restricciones al ejercicio periodístico, entre otros.
Retrocesos en la gobernanza
Además de los golpes a la lucha contra la corrupción con la desarticulación de la CICIES y la remoción del fiscal anticorrupción en Guatemala, Zúñiga lamentó que ha habido un claro retroceso en la gobernanza democrática de estos países.
Ese también es un pilar importante dentro del diagnóstico estadounidense sobre los factores que empujan a la migración irregular.
“Infelizmente hemos visto un retroceso en instituciones democráticas. Gran parte está vinculado a problemas de centralización del poder”, expresó el enviado especial de la Casa Blanca.
En el caso de El Salvador, el presidente tiene bajo su control la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista, pero también a la Sala de lo Constitucional impuesta por la fuerza por los diputados en su primer día de trabajo y ahora a la Fiscalía General de la República, cuyo titular fue colocado también tras una destitución ilegal y exprés.
Zúñiga también lamentó que hay una amenaza constante a servidores públicos que cumplen su trabajo, especialmente si esto está vinculado a la transparencia.
El diplomático hondureño está a punto de terminar su cargo como enviado especial para el Triángulo Norte y asumirá la subsecretaría adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental después de que su antecesora Julie Chung fuera nominada a ser embajadora estadounidense en Sri Lanka.