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Gremios piden a Mined que agilice legalización de terrenos de escuelas

Cuando el inmueble donde funcionan no es propiedad de Educación, los centros educativos no se benefician de ayudas

Por Susana Joma | Feb 16, 2022- 21:30

Isaías Mendoza y José Adolfo Mendoza, hermanos, ingresan al Centro Escolar Caserío Los Almendros, en Acajutla, Sonsonate. Esta es una de las escuelas que funcionan en terreno que no es propio y requiere ser legalizado a nombre del Ministerio de Educación. Foto EDH/ Jonatan Funes

Las gremiales de profesores Simeduco y Bases Magisteriales sostienen que es necesario que las autoridades del Ministerio de Educación aceleren el proceso de legalización de terrenos en donde desde hace años funcionan centros educativos públicos, sobre todo si están ahí bajo la figura de comodato o sin ella.

El profesor Daniel Rodríguez, secretario general del Simeduco, afirmó ayer que si bien la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, señala que en la actualidad son alrededor de 20 % de escuelas que funcionan en inmuebles que no son propios, la realidad marca que se trata de comunidades educativas que no pueden prosperar debido a esa situación.

Según detalló Rodríguez, a la luz de la normativa existente, los centros de enseñanza público que están en esa condición irregular, no pueden ser beneficiarios con proyectos de construcción o mejora de la infraestructura, ni de parte del Ministerio de Educación.

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El educador señaló que solo bajo el programa Fomilenio, financiado por Estados Unidos, se habían legalizado 380 escuelas; entre ellas, el Centro Escolar Cantón El Cedro, en donde funge como director, fue uno de los beneficiados. Eso ocurrió allá por 2016 y asegura que eso les permitió después desarrollar otros proyectos.

Necesidad de seguridad jurídica
La ministra Hananía de Varela ha señalado que, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, se están haciendo esfuerzos por que las instituciones educativas cuenten con seguridad jurídica por parte del Estado, para luego ser intervenidas.

El tema de la legalización de inmuebles es un proceso que ya se ha venido dando desde anteriores gestiones pero nunca termina de zanjarse. Fue en tiempos de la exministra de Educación Darlyn Meza que se empezó a impulsar el tema, que luego fue retomado con un poco más de fuerza por la gestión gubernamental del FMLN.

A principios de diciembre de 2018 el exviceministro de Educación, Francisco Castaneda, afirmó que a la luz del Decreto especial de legalización de inmuebles, emitido por la anterior Asamblea Legislativa, para esas fechas se había logrado legalizar 2,600 escuelas que estaban a nombre de otros.

Además: FOTOS: Escuela de Los Almendros, en Acajutla, continúa bajo una champa sin electricidad ni agua

En esa oportunidad, Castaneda precisó que muchas de esas escuelas legalizadas funcionaban en cooperativas, fincas e incluso otras dependencias del Estado, muchas de ellas en los departamentos de la zona oriental del país, así como en Ahuachapán, departamento de la zona occidental.

El profesor Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, externó que el problema es agudo pero el Estado debe comprar terrenos o comprar en otra parte y construir la escuela.

Villegas ilustra que la misma problemática enfrentan los centros educativos del país que funcionan en casas alquiladas.

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