A la 11:27 am del jueves 16 de abril, el ministro de Agricultura tuiteó que el alcalde de Panchimalco había saqueado una rastra que llevaba abono y fertilizantes y añadió que resolvería personalmente el problema. A las 12:18 pm, el alcalde de Panchimalco denunció en un video, también por Twitter, que el abono y fertilizantes no iban para los agricultores sino a la sede de Nuevas Ideas. Pocos minutos más tarde, a las 12:34 pm, el presidente de la República tuiteó en la misma línea del ministro de agricultura y añadió aquí tienen trabajo de verdad: señalando al fiscal general, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Sala de lo Constitucional.
Los hechos denunciados tanto por el ministro como por el alcalde pueden ser constitutivos de delito. Si el alcalde y su equipo se apropiaron de material del ministerio podría ser una conducta delictiva; en lugar de parar la rastra y quitar los sacos, lo más conveniente era poner el hecho en conocimiento de las autoridades y denunciarlo. De igual forma, si el abono y fertilizantes pagados por el Ministerio eran destinados a la sede del partido Nuevas Ideas, también podría ser una conducta criminal.
En ambos casos, lo pertinente hubiera sido iniciar una investigación para determinar qué es lo que realmente había sucedido; entrevistar a los testigos, analizar los videos de las cámaras donde aparentemente una primera rastra ya había ido a dejar material a la sede de Nuevas Ideas, y con todas las diligencias de investigación, proceder conforme a ley.
Lamentablemente, el fiscal general no actuó con la independencia y autonomía que su cargo amerita. Exactamente 28 minutos después que el presidente le interpelara en Twitter, el fiscal solicitó al director de la Policía Nacional Civil que procediera a capturar a los que hubieran identificado como perpetradores del delito denunciado por el ministro de Agricultura. Además, solicitó que el ministro ratificara la denuncia en Fiscalía.
De lo anterior se pueden sacar varias conclusiones. En primer lugar, las publicaciones en Twitter sirven como noticia criminis e incluso para capturar en flagrancia, a criterio de la Fiscalía General de la República. Nótese que al momento de ordenar la captura el ministro no había ido a ninguna sede policial ni fiscal a poner la denuncia.
A partir de los hechos observados en las últimas semanas, todo hace pensar que el fiscal general está al servicio del Gobierno de turno y no de la ciudadanía. Si quien denuncia es el ministro, la denuncia tiene validez. Si quien denuncia es un alcalde de otro partido, su denuncia no merece credibilidad y se procede a su captura.
Si la denuncia viene de ciudadanos convertidos en víctimas porque llevan más de treinta días privados de libertad en centros de contención, superando así el periodo legalmente establecido por decreto, el fiscal no abre ningún tipo de investigación por el delito de privación de libertad por funcionario público o agente de autoridad. Si quienes cometen el presunto delito son funcionarios, el fiscal no investiga. Los funcionarios parecen ser para el fiscal más creíbles que las víctimas.
Inexplicablemente, parece que los derechos de los salvadoreños al fiscal general no le importan. Con la misma contundencia que ordenó la detención del alcalde, ¿por qué no ordena la detención en flagrancia de aquellos funcionarios y agentes de autoridad que tienen personas detenidas ilegalmente en centros de contención por más de treinta días?
Cuando un grupo de mujeres de forma constante y reiterada han sido amenazadas a través de las redes sociales por personas afines al Gobierno e incluso por alguno de los funcionarios, ¿por qué esto no constituye noticia criminis y se abre una investigación y se procede a capturar en flagrancia a las personas implicadas?
Es triste recordar la cantidad de víctimas anónimas que han perdido a sus hijos o han visto sus derechos humanos vulnerados. Frente a ellos, la respuesta de la Fiscalía ha sido que hasta que no se ponga una denuncia formal, no se iniciará ningún proceso.
Además, si se asume que el contenido publicado en Twitter es cierto y debe darse credibilidad para iniciar una investigación penal, a pesar de que de forma constante algunos miembros del Gobierno han mentido o hecho publicaciones con contenido engañoso, no se explica por qué razón la Fiscalía no actúa, cuando voceros adictos al Gobierno publican sus propias imágenes armados y con actitud desafiante, o lanzan amenazas de muerte.
Otro dato curioso y que todavía hoy el fiscal general no ha explicado, es el contenido de la llamada que tuvo con el presidente de la República el día en que este irrumpió en la Asamblea Legislativa el 9F. Ante uno de los actos que comprometieron el Estado de Derecho, ante un atentado al orden constitucional, a pesar de todo el material que tenía en Twitter, hasta la fecha el fiscal no ha presentado ningún caso ante los tribunales de la República. Al parecer, fueron suficientes las explicaciones que el presidente Bukele y el diputado Gallegos le dieron por teléfono, en las conversaciones que mantuvieron con él, el día de los hechos.
Todos queremos combatir el virus y que pase la pandemia lo más rápido posible. Pero mientras unos sean los “buenos”, y los que critican a los “buenos” se conviertan en enemigos públicos, la pandemia pasará, pero nos quedaremos sin democracia y estado de derecho. Mientras la Fiscalía siga estando al lado del Gobierno y del poder, y no velando por la legalidad y los derechos de la ciudadanía, perderemos la batalla. Porque nadie en su sano juicio puede afirmar que quienes defienden los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución estén por ello avalando que mueran nuestros conciudadanos por coronavirus. Denunciar que hay personas que están ilegalmente privadas de libertad sin razón médica, también es combatir el virus. Tanto el virus del COVID-19, como el virus del populismo, del autoritarismo y del servilismo.
Arnau Baulenas Bardia
Coordinador Equipo Procesos de Justicia
Idhuca