La marcha pacifica convocada el 18 de octubre en el segundo aniversario del estallido social en Chile terminó con la vida de dos personas y más de 450 detenciones por parte de las autoridades locales debido a los saqueos e incendios generados en distintos puntos del país.
En horas de la noche se habían registrado decenas de lesionados debido a los gases lacrimógenos y los tanques de agua usados por las fuerzas policiales para dispersar a los manifestantes y grupos de encapuchados que protagonizaron robos, quemas, ataques a cuarteles, quema de barricadas y otros percances.
La información brindada por medios locales señala que dos personas perdieron la vida en barrios de la periferia de la capital, uno de ellos por un disparo de arma de fuego durante un saqueo en un comercio local, mientras que las autoridades no brindaron detalles de la segunda muerte.
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Se estima que a la marcha principal dirigida desde la plaza Italia se hicieron presentes más de 10.000 chilenos, mientras que en otros puntos del país se registraron concentraciones de forma paralela, aunque tuvieron una menor afluencia.
Por su parte el gobierno de Sebastián Piñera, responsabilizó de lo sucedido a los militantes de izquierda y a sus funcionarios.
El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, dijo a los medios locales “Más allá de los autores materiales(...), los responsables finales son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad”. También fueron señalados los candidatos presidenciales Yasna Provosote y Gabriel Boric, en los episodios de violencia.
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El estallido social dio inicio en Chile a finales de 2019 en protesta por el alza de precios que generó una crisis social debido a la complicada situación desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1973 a 1990, ocasionó movilizaciones civiles y marchas masivas que exigían un modelo económico más justo con reformas a los derechos sociales.
Este lunes ha comenzado nuevamente la redacción simbólica de la Constitución, un proceso que había dado inicio dos años atrás y que podría terminar en 2022 con una nueva Carta Magna que sustituya a la actual, redactada durante la dictadura de Pinochet.
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