Don Genaro Vides Paiz morirá si no va cada 8 días al hospital. Tiene 74 años y vive porque su familia mueve cielo y tierra para llevarlo, una vez a la semana, al hospital San Juan de Dios de Santa Ana, para que le hagan una diálisis peritoneal. Sus riñones ya no funcionan bien y ese tratamiento lo salva. Ha sido complicado en los últimos 12 meses, porque son una familia de escasos recursos que vive en el cantón El Almendro, en el caserío Las Flores de Sonsonate. Pero ahora, en plena pandemia y con las restricciones para movilizarse, la familia de este extrabajador de la tierra entra en desesperación cada vez que se acerca el fin de semana.
Ricardo de Jesús Cortez, el yerno de don Genaro, explica que “los doctores nos han dicho que si no lo llevamos, el agua retenida le podría llegar al corazón y provocarle un paro”. Por eso, durante meses se han rebuscado para conseguir los $22 que significan viajar cada viernes, en transporte público, desde el cantón hasta el hospital santaneco, y luego volver por él en sábado.
Pero el 8 de mayo vivieron una situación crítica, pues justo el Ejecutivo había ordenado mayores restricciones para el transporte. “Estuvimos llamando al teléfono que han dado para que nos ayudaran con transporte, el 132, pero no tuvimos respuesta. Por nuestra cuenta logramos contratar a alguien para que nos hiciera el viaje, pagamos $40 por el viaje de ida a personas particulares, y lo mismo de regreso”.
Esos $80 dólares pegaron duro en este hogar, donde Ricardo es soldador pero está desempleado, mientras que su esposa, Marleny de Jesús Vides, trabaja en una maquila pero ya no les están pagando el sueldo, pues la operación está parada por la cuarentena. Ninguno se vio favorecido con los $300 que entregó el Gobierno a familias en situaciones similares.
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Cuando pasó una semana y llegó el 15 de mayo pasado, sabedores que no podían volver a pagar esos $80, volvieron a llamar con desesperación, hasta que el sábado les respondieron y el Viceministerio de Transporte envió un vehículo que les auxilió. Una semana más de vida para don Genaro. Y volvieron a recibir apoyo este fin de semana anterior, después de varias llamadas al 132. Pero el miedo y la incertidumbre regresan cada viernes.
“Don Genaro era un hombre fuerte, él siempre vivió de cultivar la tierra. Es duro verlo así ahora. Antes de llegar a la casa hay una cuesta de 75 metros, y él se detiene y pide descansar al menos tres veces, porque ya no puede subir. Está muy débil”, narra el yerno del anciano.
Un rostro, miles en riesgo
Al igual que don Genaro, miles de personas en El Salvador padecen una enfermedad crónica. Esto quiere decir que su padecimiento requiere tratamiento, medicinas o asistencia de profesionales de la Salud cada cierto tiempo. En estos casos, romper los controles o no asistir a una cita puede implicar un debilitamiento del paciente, lo que abre la puerta a que el contagioso COVID-19 los impacte, u otra enfermedad. Además, si definitivamente ya no van a los tratamientos, estas personas pueden morir.
En este grupo de riesgo entran también las personas con cáncer, inmunodeficiencia (VIH, por ejemplo); diabetes y enfermedades cardiovasculares crónicas, entre otros padecimientos.
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“Algunos pacientes van a hemodiálisis dos veces por semana, puede ser un problema que solo vayan un día a la semana. ¿Faltar 15 días? No podría vivir tanto tiempo, el tratamiento es la vida para el paciente, no podría distanciarse tanto tiempo el tratamiento”, explica sobre la situación el nefrólogo Roberto Pineda.
El doctor Pineda, quien trabaja en lo privado y se formó en el Hospital Rosales, explica que perderse estos tratamientos como diálisis peritoneal “implica sobrecarga de líquidos, el paciente puede empezar a hincharse más, a cansarse más, porque el agua no solo queda en la piel, sino también en los pulmones. El paciente empieza a descompensarse, aparte de la sobrecarga de tóxicos que el paciente puede acumular en el tiempo que no se hace el tratamiento”.
La Asociación de Nefrología de El Salvador hizo un censo en 2014, para saber cuántos pacientes estaban con tratamiento en sus riñones en el país (diálisis peritoneal, hemodiálisis o transplante). El estudio arrojó que había, hace seis años, unas 3,400 personas en esa situación en el país. Según Pineda, no existe un censo oficial de esta población. Añade que la estadística internacional indica que una de cada 10 personas sufre de algún grado de enfermedad renal, y agrega que en el Rosales, el principal hospital de referencia del país, se diagnostican entre 40 y 50 casos nuevos al mes.
A este duro panorama, en un sistema hospitalario nacional ya de por sí saturado, se añade toda la población de nuevos contagiados de COVID-19, quienes ocupan recursos, doctores, médicos y camas.
“Siempre ha habido problemas con camas para pacientes con insuficiencia renal, y con esta emergencia del COVID mucho más”, alerta Pineda, quien señala otro punto clave: muchos pacientes no están yendo a sus citas ni en las clínicas privadas, pues ya no están recibiendo con normalidad las remesas de sus familiares en el exterior. Otro efecto colateral de esta pandemia mundial.
Ausentismo del 60%
Otra población en riesgo son las personas con inmunodeficiencia, por ejemplo, los 250 niños que son atendidos en la clínica pediátrica de VIH del Hospital Bloom. El jefe del área es el doctor Luis Castaneda, quien aporta un dato preocupante: solo les están llegando 4 de cada 10 niños a recibir sus retrovirales, que son clave para mantener su sistema inmune en condiciones para no enfermarse.
Foto EDH / Archivo
La reorientación de recursos a la emergencia y la falta de transporte público han impactado en esta población, explica Pineda, quien abona que hay unas 3,000 personas en tratamiento por VIH en el país, todas ellas en riesgo si no tienen sus medicamentos; podrían enfermar no solo de COVID, sino también caer por neumonías, tuberculosis, etc., al debilitarse.
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“Ha habido ciertos lineamientos del Gobierno para mitigar eso, han habilitado transporte de pacientes a sus hospitales; también lugares cercanos a donde viven esos pacientes para que puedan ir a traer medicamentos, para que no descontinúen tratamiento”, explica Pineda, quien añade con preocupación que “entre más tiempo permanezcamos en este tipo de restricción (de movilidad), más riesgo va a haber para que las personas en estas condiciones se enfermen, y que los servicios dejen de ser provistos”.
El COVID-19 está en los reflectores y la emergencia está enfocada en frenarlo. Pero, silenciosamente, estas enfermedades en segundo plano, mucho más letales y con miles de ciudadanos comprometidos, golpearán con fuerza, ante un sistema nacional de Salud ya desbordado.