Por casi dos horas, el gobierno obligó a las emisoras de radio, televisión y cable a unirse a una cadena nacional y transmitir del presidente Nayib Bukele una planificada exposición con la que intentó neutralizar hechos cuestionables ejecutados por su gobierno, como el bloqueo a un juez para que revise los archivos militares por el caso El Mozote.
El espacio que suele ser usado para enviar mensajes de interés para la nación fue utilizado para arremeter contra quienes considera sus opositores políticos, dado que desde distintos sectores, ciudadanos en redes sociales e incluso altos funcionarios de EE. UU. le han reprochado sus decisiones por considerar que atentan contra la democracia en general.
Fuerza Armada impide entrada a juez para verificar archivos sobre masacre El Mozote, el pasado lunes 21 de septiembre.
Uno de los más sonados ha sido bloquear al juez de San Francisco Gotera para que no revise los archivos argumentando que él no tiene jurisdicción, algo que abogados refutan porque recuerdan que la Fuerza Armada está sujeta a poder civil. Además Bukele hizo una serie de deducciones como que el juez pretendía buscar información estratégica de su gobierno, aunque no dijo en qué se fundamentaba.
El jefe de Estado recurrió a su acostumbrada retórica, pero también a vídeos e imágenes con declaraciones, algunas hipotéticas contra sus adversarios porque ya no critican a ARENA y FMLN, sino solo a su administración. Tras juramentar a la legisladora de ARENA y alineada a su gobierno, Milena Mayorga, como embajadora en EE. UU., y a Rubén Alemán como presidente de Anda, se montó en una ola de acusaciones como vincular a la UCA con partidos políticos porque le critica.
Milena Mayorga fue juramentada como la nueva embajadora de El Salvador en Estados Unidos
La UCA reaccionó ayer mediante su editorial expresando que el presidente “se equivoca al pensar que denigrando personas e instituciones logrará ocultar la verdad”.
Los medios de comunicación volvieron a ser blanco de la retórica presidencial: los llamó aliados de ARENA y FMLN, y de modo particular enfiló contra El Faro por publicar una investigación en la que asegura hay una tregua pactada entre el gobierno y la pandilla MS-13 para bajar los homicidios. El mandatario los acusó de mentir y además informó que les investiga por posible lavado de dinero.
Óscar Martínez, uno de los responsables de la investigación de El Faro, calificó de “una respuesta infantil” la de Bukele cuando intentó desmontar la noticia diciendo que eran copias o falsas fotografías las que usaron para fundamentarla.
Bukele también usó la cadena para acusar sin pruebas a la Sala de lo Constitucional de cometer delito de prevaricato (resolución judicial arbitraria) y defendió la exigencia de la prueba PCR negativa en el aeropuerto. Además dijo que certificará el caso a la Fiscalía para que esta los investigue.
La Sala volvió a aclarar ayer que nunca se ha pronunciado contra la exigencia de la prueba, y que la medida cautelar la emitió para dejar sin efecto el no permitir el ingreso de nacionales y extranjeros residentes en el país porque viola el artículo 5 de la Constitución
Otro funcionario atacado fue el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, quien ha cuestionado el manejo del gobierno de la pandemia. Bukele lo tildó de “inconstitucional” y “miembro financista del FMLN”.
¿Qué dicen los señalados ? ¿Qué dicen la realidad versus lo dicho por el presidente? El Diario de Hoy analiza uno a uno estos hechos.
Archivos de El Mozote
Por David Marroquín
El mandatario dijo estar comprometido con las víctimas de la masacre de El Mozote pero que no dejó entrar al juez porque no le compete, que a la única que le puede solicitar informes es la Asamblea Legislativa; que los documentos que buscaba no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, pero que los desclasificará y entregará a la Fiscalía y al juez. También dijo que el juez pretendía buscar documentos estratégicos de su gobierno y esos son secretos y están relacionados al plan Control Territorial.
Sin embargo, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, informó que lo dicho por Bukele sobre la incompetencia del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, no está apegado a la ley.
Fuerza Armada se pone sobre ley en caso Mozote
“El juez tiene potestad para realizar la inspección. No se trata que el juez tenga jurisdicción sobre la Fuerza Armada, sino que simplemente y llanamente, las resoluciones judiciales se cumplen. Persiste el incumplimiento por parte del Ministerio de la Defensa”, explicó el jurista.
Wilson Sandoval, coordinador de ALAC-Funde, se basó en lo que dicta la Constitución para argumentar que el ministerio de la Defensa tenía obligación de atender la orden judicial.
Por ejemplo citó el artículo 211, el cual establece que la Fuerza Armada es una institución permanente al Servicio de la Nación, obediente, profesional, apolítica y no deliberante.
Víctimas de El Mozote piden a Bukele “que se ponga la mano en la conciencia”
Asimismo, explicó que según el artículo 216 de la Constitución se establece que el juez tiene jurisdicción, porque no son faltas puramente militares, se trata de delitos.
Esta decisión ha sido duramente cuestionada por distintos sectores e incluso se le señaló al mandatario de haberle mentido a las familias de las víctimas de la masacre de reinvidicarles y permitir el acceso “de la A a la Z” los archivos.
Tras este episodio, seis reconocidos congresistas de EE. UU., del partido republicano y además afines al presidente Donald Trump. Ellos expresaron en una carta enviada a Bukele su preocupación porque en El Salvador ven un “lento pero constante abandono del estado de derecho y las normas democráticas”. Antes de ellos congresistas y senadores demócratas instó a Bukele a cumplir órdenes judiciales.
Resta importancia a la carta de congresistas de EE. UU.
El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió críticas de un grupo de demócratas por su desdén a derechos fundamentales, como la libertad de prensa. Video Archivo
Por Ricardo Avelar
“No representan ni el 5%, más o menos son el 3%, que es lo que ustedes representan aquí”, dijo Nayib Bukele, sobre un grupo de legisladores republicanos de Estados Unidos que escribió una carta denunciando su debilitamiento de la democracia y el estado de derecho en El Salvador.
En su polémica conferencia de prensa, Bukele intentó restar importancia a estos congresistas, y al grupo de demócratas que hace poco más de dos semanas le emplazaron por su “creciente hostilidad” a los medios de comunicación críticos.
El presidente manifestó que solo 6 seis legisladores de 435 que tiene la Cámara de Representantes lo emplazaron y especuló que ni siquiera leyeron lo que firmaron, pero restarle importancia a la carta es un intento por desviar la atención de que su presidencia, de apariencia fresca, se está convirtiendo en un calco de los tiempos más oscuros del autoritarismo latinoamericano, y fuera del país lo están notando.
Y no solo desde Washington llegan mensajes que le emplazan por sus amenazas al balance de poderes y el estado de derecho: la luna de miel parece haber terminado.
Congresistas de EE. UU. critican que Bukele “se aparta” de la democracia
Pero más allá de la retórica presidencial, lo cierto es que las palabras de los congresistas estadounidenses tienen mucho peso.
En un inicio, las críticas venían de influyentes legisladores del bando demócrata, opositor a las políticas de Donald Trump y a su aparente indolencia ante los excesos de poder de Bukele.
Pero el estilo poco democrático de este último está empezando a preocupar al otro lado del espectro político estadounidense, ese que comulga con Trump pero no está dispuesto a dar cheques en blanco a los aliados de la principal potencia global.
Mario Díaz-Balart, uno de los legisladores que firmó la misiva, es una de las voces influyentes en Washington. Un día antes de la carta enviada a Bukele, estuvo precisamente en un evento con Donald Trump. Además es una figura importante del comité de apropiaciones, que tiene “el poder de la billetera”, es decir, influencia en cómo se asignan los fondos de cooperación.
Díaz-Balart es cubano-americano y ha tenido por décadas la misión de evitar que el autoritarismo se expanda en Latinoamérica como el caso de Cuba o Venezuela, países que cita en la carta reciente como el ejemplo que no debe seguir Bukele.
Vuelve a socavar la libertad de prensa
Por Ricardo Avelar
En su conferencia de prensa, el presidente jugó una de sus cartas usuales: desacreditar a las voces críticas a su gestión y pintarlas como actores interesados en su debacle.
Uno de los blancos constantes de sus ataques es precisamente la libertad de prensa y el ejercicio independiente y crítico del periodismo en el país. Al mandatario y su equipo le incomodan las preguntas y responde a ellas con ataques y medias verdades sobre los medios de comunicación.
Y las agresiones a la libertad de prensa no se limitan a la agresiva retórica presidencial, que se replica en los siguientes escalones de su gestión y sus funcionarios.
La administración Bukele también ha utilizado la pauta gubernamental como una herramienta para castigar a los medios de comunicación que mantienen una línea de cuestionamiento a su gestión de recursos y a quienes se atreven a hacerle preguntas.
El Faro denuncia ante diputados que “hay un desmantelamiento del Estado de Derecho”
Esta conducta se considera un mecanismo de censura indirecta por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual busca garantizar que tanto medios como ciudadanos gocen de libre expresión y acceso a información pública.
Además el gobierno lleva a cabo auditorías a medios que nada tienen que ver con fines tributarios, lo cual luce como otra forma de intimidar y silenciar la labor periodística.
Pero a su juicio, basta con no dar golpes o disparos a los periodistas para considerar que se es respetuoso con la prensa. Nuevamente chocan sus palabras con la muralla de la realidad, que es más compleja, pues lo que el presidente efectivamente hace es constantemente estigmatizar a los medios de comunicación, una estrategia empleada en otros países donde se siguió un libreto autoritario para consolidar el poder y acallar las voces críticas.
Organización de EE. UU. rechaza los ataques de Bukele
En sus ataques a El Faro, Factum y Gato Encerrado, Bukele les culpó de seguir una línea de uno de sus donantes, Open Society Foundations (OSF), de atacarle.
OSF reaccionó a las agresivas palabras y dijo que desde hace 14 años apoya a organizaciones en su lucha contra la corrupción y la violencia en el país. “Todas las organizaciones que apoyamos definen sus propias metas”, dicen sobre la acusación de que ellos dictan línea a los medios.
La UCA ha sido crítica con todos los gobiernos
Por Eugenia Velásquez
Nayib Bukele criticó a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) porque a su juicio, antes señalaba a presidentes de la república que eran del partido ARENA en el caso El Mozote y otros de la guerra, pero ahora no y solo lo critican a él. Lo cierto es que la UCA ha criticado a todos los gobiernos.
“No entendió bien lo que dije”. Eso concluye el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), tras escuchar la cadena nacional del presidente Nayib Bukele, en donde transmitió un video del padre para hacer ver que al sacerdote ya no le interesa que el expresidente Alfredo Cristiani sea sometido a la justicia por supuesta omisión en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, sino que solo a los militares.
“Dije que a Cristiani se le acusa del mismo delito, comisión por omisión, en cambio a los militares por comisión directa, eso expliqué. Yo no dije el nombre técnico, sino que dije por omisión de los deberes de protección que tiene el presidente”, explicó Tojeira a El Diario de Hoy.
Que Tojeira no haya incluido la palabra técnica hizo que Bukele tratara de hacer ver que el sacerdote quiere favorecer a los políticos. Esto en su afán de justificar que la orden judicial de entregar los archivos militares de la masacre El Mozote busca minar a la entidad castrense ahora comandada por Bukele.
“Habla de que quieren que vayan a la cárcel los militares pero no los civiles. Dice que los presidentes no fueron acusados de delitos de lesa humanidad. Allí se pide que a los militares se les juzgue por comisión del delito y a Cristiani por omisión de sus responsabilidades de cuidar”, remarcó el mandatario en alusión a Tojeira.
“Él como es, a mí no me preocupa mucho, ya puse un tuit burlándome un poco de él: ‘Porfa Nayibito, ponme más veces en la tele’” (sic), puso Tojeira en su Twitter y añadió que percibe mala intención. “Pero lo poco que dijo así, que fue un poco confuso, lo que me demostró es que no entendía lo que yo estaba diciendo”, lamentó Tojeira.
Renuncia presidente BCR
Por Magdalena Reyes
Nayib Bukele aseguró el jueves que Nicolás Martínez renunció a la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR) por falta de experiencia política.
Martínez anunció que dejaba el cargo el pasado 17 de septiembre, un día después de haber presentado un informe completo de las finanzas del Estado ante la Asamblea Legislativa. El entonces funcionario fue convocado por la comisión legislativa que investiga el uso de fondos públicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
En su intervención, Martínez confirmó a los parlamentarios que el gobierno sí tuvo dinero para el manejo de la pandemia, ya que a las arcas del Estado ingresaron $1,643 millones y egresaron $1,036 millones, quedando un remanente de $606 millones. Los fondos eran provenientes de préstamos internacionales, deuda por colocación de Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes), además de donaciones.
Renuncia presidente del Banco Central un día después de contradecir narrativa de Bukele
Martínez comunicó que su renuncia al cargo fue “por motivos de fuerza mayor”, según una captura de pantalla de un correo electrónico que circuló en redes sociales.
Sobre Martínez, el mandatario expresó en la cadena nacional que “el problema es que él no es político, él es un banquero técnico y se enfrentó con diputados que tergiversaron sus palabras”.
Lo expresado por Bukele contrasta con lo que la ley Orgánica del BCR establece sobre los requisitos que deben tener los miembros del Consejo Directivo del BCR, entre ellos “que tenga notoria competencia en materias económicas y financieras”.
Además, en el tercer considerando de la normativa contempla: “Que es necesario otorgar al Banco Central de Reserva de El Salvador suficiente autonomía institucional y preservar su carácter técnico, para formular y ejecutar dentro del Programa Monetario las políticas monetaria, cambiaria y crediticia que aseguren la estabilidad y crecimiento de la economía”.
La experiencia y conocimiento económico han sido una constante en las presidencias del BCR, ya que los anteriores titulares tienen una larga trayectoria y estudios especializados en economía.
Martínez tiene 22 años de experiencia en la banca central, además fue becado en tres oportunidades para estudiar en Estados Unidos, Chile y Guatemala.
Nueva tregua con maras
David Marroquín
Sobre el artículo de El Faro que reveló negociaciones que el gobierno habría tenido en el último año con la Mara Salvatrucha, Bukele negó dichas pláticas para reducir los homicidios y recibir apoyo electoral al partido Nuevas Ideas a cambio de beneficios carcelarios y económicos a las pandillas.
Aseguró que los documentos en los que El Faro sustenta la investigación son informes falsos. “Por supuesto que son falsos los documentos, son tan falsos que les demostramos a ustedes mismos (periodistas)… No son documentos oficiales son fotografías falsas de supuestos documentos oficiales”.
Además sostuvo que el periódico digital no ha logrado probar ni una de sus aseveraciones, pero “nosotros hemos probado de que mintieron”. Para desmentir la publicación periodística, Bukele aseguró que varios medios de prensa “independientes” habían realizado un recorrido por los penales de Ciudad Barrios, Quezaltepeque e Izalco, donde, según él, se pudo comprobar que los pandilleros están revueltos y no separados por pandilla como lo asegura El Faro. Bukele tildó de “mentirosos” a los periodistas de El Faro que participaron en la investigación.
Investigación fiscal involucra a dos funcionarios de Bukele con maras
Óscar Martínez, quien es el jefe de Investigaciones de El Faro, reiteró que la publicación en la que se revela la supuesta negociación entre el gobierno de Bukele y la pandilla MS está sustentada en copias de documentos oficiales del gobierno y en fuentes anónimas que les pidieron no revelar sus nombres. “Fue una respuesta infantil la que dio el presidente cuando se refiere a que eran copias o falsas fotografías; si nosotros lo dijimos en el reportaje que eran copias, porque si hubiéramos conseguido los originales hasta podríamos haber incurrido en algún delito… Entiendo que al presidente le incomode hablar de este tema (negociación con pandillas)”.
Agregó que ni Bukele ni el director de Centros Penales, Osiris Luna, han refutado las firmas y los sellos de esos documentos. Tampoco quieren referirse a los libros de novedades y oficios firmados por directores de los penales.
“El presidente Bukele se aferra a un recorrido a algunos de los penales con algunos medios de comunicación, porque nosotros no fuimos invitados, para tratar de desmentir el contenido de la investigación”, dijo. Cree que Bukele no ha desmentido el contenido del artículo, sino que quiso desviar la atención.
Amenaza a magistrados
Por David Marroquín
Bukele amenazó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional con denunciarlos por prevaricato (emitir órdenes ilegales) ante la Fiscalía General por las resoluciones que prohíben a las autoridades salvadoreñas a negarle el ingreso a los compatriotas y extranjeros con residencia permanente en el país, si no traen la prueba PCR negativa al COVID-19. “Los que están cometiendo prevaricato, que es un delito, es la Sala de lo Constitucional y así como ellos certificaron a la Fiscalía, también nosotros vamos a certificar a la Fiscalía que la Sala de lo Constitucional está incumpliendo su atribución de velar por el cumplimiento de esta Constitución”, afirmó Bukele.
Defendió la exigencia a las aerolíneas de que exijan a los pasajeros a presentar la prueba negativa antes de que aborden el avión, la cual según Bukele, está basada en los artículos 164 del Código de Salud y 334 de la Ley de Migración. También justificó la exigencia de la prueba en el artículo 5 de la Constitución, cuando señala que existen limitaciones establecidas por ley para restringir la libertad de poder entrar, de permanecer y de poder salir del país.
Bukele y funcionarios cometen 4 delitos si rechazan a viajeros salvadoreños sin prueba de COVID-19
La Sala de lo Constitucional señala en su resolución del 18 de septiembre pasado que en ningún momento está en contra de la realización de la prueba PCR, ya que es una medida discrecional que le corresponde determinar al Ministerio de Salud.
En ese sentido, aclara que la orden está dirigida a dejar sin efecto la consecuencia de no permitir el ingreso de nacionales y extranjeros con residencia permanente en el país, si estos no presentan la prueba PCR negativa, porque sería una violación al artículo 5 de la Constitución. Los magistrados cuestionaron que la amenaza del gobierno con multar a las aerolíneas si permitían el embarque de ciudadanos salvadoreños sin la prueba, “produce exactamente el mismo efecto que se objetaba con la medida cautelar dictada (negarle el ingreso a los salvadoreños que no presenten la prueba)”.
Señalaron que existen requisitos sanitarios menos gravosos que preservan una posible diseminación del COVID-19, como la cuarentena domiciliar obligatoria o en un centro asistencial, según dictamen médico. Ante la desobediencia de funcionarios a sus resoluciones, pidieron a la Fiscalía que los investigue para establecer si han cometido delito.