Juzgados revocan estado de emergencia ordenado por el gobierno en penales Mariona y Cárcel de Mujeres

La derogatoria también incluye a los reos que están en hospital Psiquiátrico y hospital Rosales. Este viernes por la tarde los jueces de vigilancia de Sonsonate y San Vicente ratificaron el estado de emergencia en penales como Zacatraz, San Vicente, Centro Menor de detención en Zacatecoluca, Sonsonate e Izalco con mayor presencia de pandilleros.

Foto EDH / Archivo

Por Jaime López - Xiomara Alfaro -Jonathan Tobías

Mar 06, 2020- 21:01

Los Juzgados 1°, 2° y 3° de Vigilancia Penitenciaria revocaron esta viernes el estado de emergencia implementado por el gobierno en el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, informan fuentes judiciales.

La derogatoria también incluye a los reos del Centro Menor de Mariona, y los que están en el hospital Psiquiátrico y hospital Rosales.  Además, Cárcel de Mujeres en Ilopango y Centro Menor de detención en Zacatecoluca en La Paz. Los demás penales tendrán que esperar la resolución de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria del municipio al que pertenecen.

Este viernes por la tarde, los jueces de vigilancia de Sonsonate y San Vicente a diferencia de sus colegas capitalinos, ratificaron el estado de emergencia solicitado por Centros Penales en las cárceles de Sonsonate, Izalco, máxima seguridad  y centro de detención para mujeres en Zacatecoluca.

La orden de encierro fue dada por el presidente Nayib Bukele el pasado martes en los 27 centros penitenciarios a nivel nacional y fue ordenada después del asesinato de un soldado de la Fuerza Armada en el municipio de Atiquizaya,  departamento de Ahuachapán.

Abogados y analistas criticaron la decisión de Bukele argumentando que esta debe ser implementada por Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y que el presidente no puede anunciarla de manera indefinida.

Fuentes allegadas al órgano judicial confirmaron que fue hasta ayer jueves que Centros Penales notificó al juez de Vigilancia Penitenciaria, de San Salvador, sobre la medida implementada del 3 al 18 de marzo, con la justificación que se fraguaban supuestos atentados contra personal de seguridad. La Dirección de Centros Penales intentó justificar la decisión de Bukele ante el juez señalando que el organismo de Inteligencia detectó que la MS y la pandilla 18 planificaban atentar contra policías y soldados, y que se habían reunido para ello en cantón Las Crucitas de Panchimalco.

Esta es la segunda vez que tribunales penitenciarios revocan la orden del gobierno en turno. En julio de 2019 anularon el estado de emergencia el este mismo penal, en el penal de Metapán y en cárcel de Mujeres por considerar que no existían los requisitos legales para mantenerlos bajo esta condición.

Familiares piden al presidente levante las medidas en los penales

Mientras el tribunal daba la resolución esta mañana, decenas de familiares de reos comunes bloquearon el paso vehicular sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, cerca de Casa Presidencial para exigir se levante la medida, principalmente en este recinto.

”Queremos visita, queremos visita”, gritaban, mientras lanzaban pelotas plásticas al otro lado del cerco que la policía había colocado para impedir el paso de la protesta. “Las pelotas que sobrepasan el muro que nos han colocado son en señal de la libertad que tanto exigimos”, dijo una de las mujeres que forma parte de la protesta.

 

En medio de la concentración, dos mujeres en representación del grupo fueron llevadas al interior de Casa Presidencial, en donde sostuvieron una conversación con Mario Soriano, asesor jurídico de CAPRES, para externarle cada una de las peticiones hacía el presidente Bukele.

Ambas mujeres, que prefirieron no dar sus nombres, manifestaron que el decreto de emergencia en los centros penales atenta contra los derechos humanos de los privados de Libertad. “Queremos que de verdad se respeten los tratados de derechos Internacionales que el mismo presidente dice que están por encima de todo”, dijo uno de los familiares de los reos.

A la vez, varias mujeres expresaron que en la primer ocasión que se decretó emergencia en los centros penales, se dieron cuenta del maltrato que los reos había recibido. “Cuando se nos permitió nuevamente visitarlos, los vimos todos esqueléticos, no les daban ni comida y nos contaban que los trataban mal”, mencionó.

“Hay niños que hacen cola para ver a sus padres. La mayoría de personas son inocentes y sin embargo están sufriendo las mismas consecuencias de este decreto”, señalaron.

Quienes formaban parte de la protesta dijeron que esperan que en 15 días, la emergencia en los centros penales sea levantada. De no ser así, seguirán con este tipo de acciones.

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