Los diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa recibieron esta mañana a representantes de diferentes empresas que manejan información sobre el historial crediticio de las personas, como lo son Equifax (antes conocido como DICOM), Infored y TransUnion.
Durante la reunión sostenida, los diputados cuestionaron el trabajo de los diferentes burós al acusarlos de afectar a los salvadoreños que intentan acceder a un crédito, debido a que estas agencias "no actualizan los datos y el historial de forma eficiente", según argumentó el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano.
Ante esto, la diputada del mismo partido, Dania González dijo que solicitarán a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) una "auditoría minuciosa" debido a que hay "muchas respuestas que no quedaron claras" por parte de los representantes de dichas empresas con respecto a las preguntas que realizó la comisión a los representantes.
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Uno de los temas más recurrentes durante la comisión, fue que las agencias de historial crediticio "comercian" con la información de las personas a pedido de los agentes económicos, por lo que la diputada González afirmó que solo buscan "lucrarse" a costa de la población.
No obstante, el representante de Infored, Jaime Domínguez, afirmó que las agencias no comercializan dicha información, sino que operan en el marco de lo establecido en la "Ley de Regulación de los servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas".
Asimismo, los diputados también cuestionarios las fuentes de financiamiento de los burós, por lo que hicieron preguntas referentes a los cobros que realizan a los agentes económicos por cada historial crediticio que entregan sobre las personas o los cobros que le hacen a los usuarios de forma individual cuando consultan.
Los representantes de las tres entidades coincidieron en que el precio varía en relación del "paquete de servicio solicitado", es decir, si una entidad que otorga créditos solicita el récord de 15 personas sería más barato que solicitar el récord de 5 y, además, afirmaron que las consultas personales que hacen los usuarios "son gratuitas", a excepción de un informe 360 que tiene un costo de $5.99 en el caso de Equifax.
Por su parte, la economista y experta en temas financieros, Tatiana Marroquín, expresó a El Diario de Hoy que "le preocupa que el tema de las agencias de historial crediticio se esté abordando desde el discurso político y no desde el conocimiento técnico".
Lo anterior, debido a que según la economista, los diputados de la Comisión mostraron que desconocen el funcionamiento de los burós de historiales crediticios; algo que, según Marroquín, quedó claro en la intervención que tuvo ante la misma comisión la SSF, debido a que los diputados insinuaron que la falta de acceso a un crédito por parte de un usuario, depende directamente del historial que manejan las agencias, siendo que dichas agencias no emiten calificaciones regulatorias, como sí lo hace la SSF, por ejemplo.
"Aquí hay una diferencia: una cosa es la información regulatoria que establece la Ley sobre historial crediticio, y otra la información que brindan los usuarios cuando quieren conocer su récord en los burós", afirma Marroquín en referencia a los cuestionamientos que hizo el diputado Soriano sobre la captación de datos que realiza, por ejemplo, la agencia Equifax cuando un usuario solicita un informe personal.
Según el diputado Soriano, esa acción de recolectar información como dirección o número telefónico de las personas es una violación a la Ley sobre historial crediticio, misma que establece cuáles son los datos que pueden manejar dichos burós y que dejan fuera esos datos de contacto, sin embargo, Marroquín aclara que esos datos no pueden regularse dentro de la misma ley a menos que sean utilizados en los reportes que los burós entregan a los agentes económicos.
Por ello, ante la pregunta, Alejandro Flores, de Equifax, aclaró al diputado Soriano que ellos no utilizan esa información, y que eso puede demostrarse con solo solicitar los detalles a la SSF, entidad que tiene acceso total a los récords que maneja cada buró.
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Ante esto, Marroquín aclara que, de hacerse un uso incorrecto de los datos de los usuarios, la responsabilidad recaería sobre la misma Superintendencia y sobre el Banco Central de Reserva, que son las instituciones que hacen supervisiones anuales sobre la forma de trabajo de las agencias que manejan estos historiales, y que, de ser así, tendrían que haber ordenado sanciones desde antes de que se instalara el tema en la comisión.
Asimismo, la economista apunta que el tema de estos burós persigue el fin que los mismos diputados han venido repitiendo desde hace días, como lo es la frase de "lo público es mejor que lo privado", tal como lo mencionó la diputada González durante la reunión, y que, probablemente, el fin que persigue el gobierno es el de centralizar toda la información crediticia de los salvadoreños en una sola entidad administrada por el Estado.
En ese posible escenario, la economista agrega que no existe ningún problema si se crea un buró de información crediticia estatal, pero sí es algo negativo el hecho de que se quiera sacar del panorama a agencias como las antes mencionadas y que son privadas.
Por eso, la solución, según apunta la especialista, va más allá del hecho de sacar a empresas como Equifax, Infored o TransUnion del panorama, sino, debería enfocarse en promover regulaciones y sanciones para los agentes económicos que no envíen las actualizaciones del historial crediticio de las personas a los burós crediticios, pues en un virtual buró estatal ocurriría sanciones en caso de que esto no se regule, por lo cual un buró público no es la única solución.
Además, concluye que ese tipo de sanciones incluso podría significar un incentivo para que los burós puedan manejar datos más actualizados y que no afecten a las personas que necesitan acceder a créditos, pues al final es ese el origen de las quejas y presuntas denuncias públicas contra los burós entre la población.