En total, $1,194 millones acordaron reorientar los diputados de la Comisión de Hacienda para cubrir el déficit presupuestario de 2021 y de 2022. Los fondos originalmente eran para atender la pandemia por COVID-19.
Las peticiones ingresaron al pleno el martes 15 de junio y este lunes 21 de junio ya contó con la venia de los diputados de la Comisión de Hacienda, tras escuchar al viceministro del Ramo, Jerson Posada.
El primer bloque de $1,174 millones se desprenden de una reforma al decreto 608 que la Asamblea Legislativa aprobó en marzo de 2020 para enfrentar la pandemia por un monto global de $2,000 millones.
El dictamen establece que “tiene por objeto principalmente, el otorgar al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, las herramientas necesarias para que pueda gestionar oportunamente los recursos financieros para el financiamiento complementario del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Fiscal 2021 e identificar, además, de manera precisa en el artículo 11 del Decreto No. 608 antes referido, la distribución del financiamiento autorizado por el mismo, tomando en cuenta, entre otros, la transferencia de los recursos ya realizada a favor de los gobiernos municipales y la demanda de financiamiento complementario” para el gasto del Estado del presente año.
Según el dictamen, a las alcaldías les transfirieron de los $2,000 millones, $191.7 millones para el desarrollo de proyectos por parte de los gobiernos municipales, mismos que también podían ser destinados para brindar asistencia a grupos vulnerables de las comunidades, como proveer alimentos, canastas de alimentos, insumos agrícolas, productos de higiene, materiales de construcción y reparación de viviendas, entre otros productos que proporcionen a las familias de escasos recursos económicos.
Al concluir la transferencia de los fondos a las alcaldías quedó un remanente de $1,808 millones para atender los efectos causados por el COVID-19; para cubrir deficiencias de ingresos de 2020, siempre generadas por la pandemia; y para el financiamiento complementario para el Presupuesto General del Estado del ejercicio fiscal de 2021.
Por lo que Hacienda solicitó que de esos recursos se reasignen $1,174 millones para cubrir el financiamiento integral del presupuesto de 2021, “el cual no puede ser atendido con los ingresos corrientes ordinarios”.
Lo anterior contrasta con la emisión de deuda que la nueva legislatura ha aprobado al gobierno desde que tomó posesión el 1 de mayo.
Desde esa fecha, la bancada de Nuevas Ideas ha ido avalando préstamo tras préstamo y creación de Fideicomisos que suman a la fecha más de $3,300 millones en nueva deuda.
Además, el presupuesto General de la Nación de 2021 fue presentado por el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con un déficit fiscal de $1,342.2 millones, que fueron financiados también con deuda.
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Un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), emitido en abril de 2021, advierte que la deuda se acercaría a los $24,715.3 millones en 2021, que equivale al 96.4% del Producto Interno Bruto (PIB); por gastos no incorporados en el Presupuesto.
Sin embargo, Zelaya justificó hace poco en la Asamblea que la proyección del gobierno es que aún con la escalada de endeudamiento el Estado llegaría al 86% del PIB y no en más del 96% como lo señala Fusades.
Otros $20 millones que serán incorporados al presupuesto de 2021, eran inicialmente para atender la pandemia mediante un presupuesto extraordinario aprobado el 13 de agosto de 2020 para financiar durante el ejercicio de ese año el “Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19”.
“No obstante ello, debido a que el Ministerio de Salud no le fue posible culminar la elaboración y presentación de documentos que conforman el Marco de Gestión Ambiental y Social, previos al desembolso de los fondos, no se lograron completar los procesos de adquisición de los bienes y equipos para la ejecución del Proyecto en comento; por lo que dichos recursos no fueron utilizados, ya que la vigencia del Presupuesto Extraordinario expiró al cierre del ejercicio fiscal 2020”, reza parte de la petición del gobierno.
Ante esto y siendo que la fecha de cierre para el retiro de los fondos convenidos será el 29 de julio de 2022; es factible gestionar la aprobación de un nuevo Presupuesto Extraordinario por $20 millones que cubrirá los ejercicios fiscales 2021 y 2022, dice el documento.
Para complementar los ingresos del Estado, la Comisión de Hacienda de la Asamblea acordó también emitir dictamen favorable a la petición del Ministro de Hacienda, de gestionar créditos por $138.7 millones que servirán exclusivamente para atender el financiamiento integral que se demande para cumplir con el financiamiento complementario para el Presupuesto General del Estado del Ejercicio Fiscal de 2021.
Según el documento enviado por Hacienda a la Asamblea, el financiamiento es “urgente e ineludible” debido a que no puede ser atendido con los ingresos corrientes ordinarios del Estado, pese a que el Ministro de Hacienda ha explicado en diversas ocasiones que las finanzas estatales se mantienen estables a raíz de las medidas aplicadas como el combate a la evasión fiscal.
Para financiar de manera “urgente” el complemento del Presupuesto, el gobierno pide a la Asamblea reformar el decreto 804 del 24 de diciembre de 2020, que establecía que ese financiamiento sería solo por medio de créditos, pero la modificación que pide el gobierno es que Hacienda pueda emitir Títulos Valores de Crédito hasta por la suma de $138.7 millones, a ser colocados indistintamente en el Mercado Nacional o Internacional, o bien, por medio de la Contratación de Créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas opciones, hasta completar el monto que se autoriza.
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Además, el valor nominal y los rendimientos de los Títulos Valores de Crédito estarán exentos de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones y la ganancia de capital obtenida por la compra-venta de dichos Títulos estará sujeta al tratamiento tributario que estipula la legislación pertinente.
También, los Títulos Valores de Crédito podrán colocarse a un plazo de hasta 40 años y el valor nominal que los mismos representan, podrá amortizarse mediante cuotas periódicas, o por medio de un único pago al final del plazo o en una fecha pre establecida.
“Considerando la impostergable urgencia que demanda la necesidad de disponer de liquidez para atender las obligaciones dispuestas en la Ley del Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021”, argumenta Hacienda en su solicitud.