Los diputados de todas las bancadas aprobaron la tarde del viernes extender por seis meses más las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales, que el gobierno había pedido prorrogar por un año más.
Estas medidas son las mismas que finalizarán el próximo 30 de abril y que fueron aprobadas hace dos años, por lo que el Ejecutivo pidió que se extendieran para continuar con el régimen de internamiento de reos en los centros penales de Chalatenango, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque y Zacatecoluca.
Las acciones consisten en prohibiciones para visitas en las cárceles, el traslado de reos a otros centros y a audiencias judiciales, así como la restricción de las telecomunicaciones en las zonas aledañas a los centros de internamientos antes mencionados, entre otros aspectos contemplados en la Ley Penitenciaria.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, está facultado para implementar estas medidas cuando lo considere necesario en otros sitios. Por ejemplo, se podrá aplicar cualquiera de las medidas en otros centros, granjas y cárceles intermedias o temporales.
El acuerdo para extender estas medidas fue tomado el miércoles por las bancadas de ARENA, PCN y GANA. Decidieron ampliarlas solo por seis meses considerando que es un plazo adecuado para poder trabajar en un proyecto que permita establecer algunas de estas acciones penales de carácter permanente.
Gobierno busca “humanizar” las medidas extraordinarias en penales
El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima afirmó este martes que el gobierno no está dispuesto a retroceder en la lucha contra la delincuencia que opera desde las prisiones
“Lo que vamos a hacer es rescatar esto en la Ley Penitenciaria para no estarlo prorrogando sino que quede permanente en el combate a la delincuencia”, explicó el presidente de la comisión de Seguridad del Congreso, el pecenista Antonio Almendáriz.
En un principio, la bancada de ARENA había pedido que el plazo de extensión de las medidas fuera solo de tres meses, tiempo que consideró suficiente para poder llegar a un acuerdo y establecer medidas de tipo permanente en la legislación penal y penitenciaria, sin embargo el consenso entre las bancadas legislativas determinó que el plazo fuera la mitad de los solicitado por el gobierno.
El diputado de la bancada tricolor, Mauricio Vargas, sostuvo que “en nuestro país está presente como una sombra que nos hace sentir en todas las formas imaginables el control que ha tomado el crimen organizado en los espacios, tanto urbanos como rurales del país”.
En ese sentido, sostuvo que se deben tomar medidas permanentes para atacar la delincuencia desde todos los ángulos, no solo en el conteo de homicidios, sino en el clima de inseguridad que viven los salvadoreños.
Por su parte, el diputado del FMLN, Blandino Nerio, sostuvo que las medidas extraordinarias “tienen una importancia en el marco de decisiones que han venido tomándose” en materia de seguridad.
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En tanto, Rodolfo Parker, del PDC, dijo que se debe analizar la perspectiva de la reinserción.
“Confiamos en que este Pleno hará lo propio para alcanzar medidas de orden estabilizador y generar oportunidades de empleo, mano calificada para ser absorbida por el sector productivo”, dijo.