La Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, encabezada por la diputada de Nuevas Ideas, Dania González, se reunió ayer con representantes de burós de historial crediticios en el marco de un análisis que la comisión realiza sobre este tipo de agencias desde hace dos semanas para implementar "un nuevo sistema".
Ante esto, la economista y experta en este tipo de temas, Tatiana Marroquín, conversó con El Diario de Hoy para exponer sus valoraciones sobre dicha reunión, en la que afirma que los diputados mostraron que "no saben cómo funciona el sistema financiero".
En una de las intervenciones, por ejemplo, la diputada Dania González acusó a las agencias Equifax (DICOM), Infored y TransUnion de "excluir del sistema financiero" a los usuarios, a la vez que los cuestionó sobre qué acciones han tomado en el pasado para "mejorar las áreas de oportunidades al crédito".
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Esta pregunta, según la economista, se sale del área de trabajo que realizan los burós de historial crediticio, cuya única función es la de manejar una base de datos de los aspirantes a créditos y que son consultadas por los agentes económicos. Al final, la entidad que decide si darle o no el crédito a una persona solicitante es en sí misma la entidad financiera, no el buró de historial crediticio.
"La misma Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) tiene un buró de consulta sobre historial crediticio", expresa Marroquín, quien además agrega que la SSF sí realiza calificaciones regulatorias que tienen más peso que los reportes de los burós a la hora de influir en el análisis de aprobación de un crédito.
"La economía se tiene que entender de forma integral, la idea de tener información es colocar créditos con el menor riesgo posible de 'no pago'. Si se comienza a colocar sin información se aumenta el riesgo y por tanto la estabilidad del sistema", agrega la economista.
Por otra parte, en otra de las intervenciones, el también diputado de Nuevas Ideas, William Soriano increpó sobre el tipo de información que los burós recogen sobre las personas, y cuestionó el hecho de que las personas tengan que brindar su e-mail, dirección física y número de teléfono cuando solicitan un informe personal en el sitio web de las agencias, en el caso específico de Equifax.
Ante esto, el representante de dicha agencia, Alejandro Flores, afirmó que se limitaban a recoger los datos que la ley establece, mismos que no incluyen el e-mail, el teléfono o la dirección, pero aclaró que estos son solicitados solo para poder validar que la persona solicitante no es una persona impostora. El diputado Soriano, por su parte, afirmó que las agencias violan la ley al realizar este tipo de acciones.
No obstante, la economista hizo una observación con respecto a la información y aclaró que hay dos tipos de información con la que pueden trabajar los burós. "Una cosa es la información regulatoria que establece la Ley sobre historial crediticio, y otra la información que brindan los usuarios cuando quieren conocer su récord en los burós", añade Marroquín, y agrega que la única forma de verificar si hay una violación de la ley sería verificando los reportes que los burós han entregado a los agentes financieros y a los cuales tiene acceso la misma SSF.
El tema de los datos, según Marroquín, es difícil de comprender que preocupe tanto a los diputados, cuando en su primer mes de legislación enviaron a archivar la Ley de Protección de Datos Personales aprobada durante la anterior legislatura. "Si solicitar datos como e-mail o dirección es una violación a la ley, habría que revisar a todos los servicios de comida rápida o la misma aplicación Chivo que lanzará el gobierno", apunta.
Todo lo anterior, según la economista, se debe a que desde la Comisión Financiera no hay un "equilibrio" entre el discurso político y el conocimiento técnico, y que el motivo por el cual se estaría realizando la discusión es por el interés que tiene el Gobierno por concentrar toda la información crediticia de los salvadoreños y dejar fuera del panorama a los burós, cuando esa no es la solución a los problemas que los usuarios denuncian, y agrega: "darle tanto poder al Estado sin una ley de protección de datos sería peligroso".
El problema más repetitivo con respecto a los burós es que estos no manejan información actualizada y, por ende, cuando solicitan un crédito bancario o en una comercial se les niega por una deuda que, probablemente, ya fue superada pero aún no aparece en el sistema.
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En este sentido, la economista apunta que, más allá de eliminar los burós, lo que debe haber es una regulación sobre los agentes económicos para que sean ellos los que envíen la información actualizada a dichos burós y que sean sancionados en caso de no cumplir.
Pues, en todo caso, si se eliminan las agencias de historial crediticio, los agentes económicos no verán otra opción que crear sus propios burós internos, cuyo funcionamiento recaería en las comisiones que se les cobran a los clientes e, incluso, podría prestarse a un cruce de información entre los distintos agentes económicos.
Además, destaca que la solicitud de auditoría realizada por la Comisión a la SSF es "preocupante", porque, según Marroquín, pareciera que los diputados consideran a la Superintendencia como un ente subordinado en términos administrativos, cuando en realidad es una institución autónoma financiada por la misma banca privada.