Congelar pagos por venganza política constituye delito

Cuatro días de retraso lleva el Gobierno en trasladar el dinero a las Tesorerías de ambas instituciones. El ministro de Hacienda informó que por falta de fondos está priorizando los pagos.

Foto EDH /Archivo Cortesía Asamblea Legislativa

Por Eugenia Velásquez

Sep 24, 2020- 11:43

El impago de salarios de los empleados de la Asamblea y de la Corte Suprema de Justicia si es que hay fondos y el Gobierno no los cancela por cuestiones políticas, los funcionarios responsables de trasladar el dinero caen en el delito de “incumplimiento de deberes”, tipificado en el artículo 321 del Código Penal, explicó la abogada penalista, Marcela Galeas.

Según la normativa el funcionario o empleado público que incurra en dicha falta podría ser sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual periodo.

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De acuerdo a Galeas, si el Gobierno no cuenta con los recursos, los salarios no deberían ser afectados ya que son fondos que son previstos en el presupuesto general de la Nación que se aprueba con anterioridad.

“Por eso no entiendo porque no se ha realizado, y si no se hace, obviamente estaríamos cayendo en ilícitos, en incumplimiento de deberes, porque es al Ministerio de Hacienda al que le corresponde que se desplacen los fondos”, comentó Galeas.

Ante la falta de pago el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó ayer que dará prioridad de pagar los sueldos de los empleados de primera línea, debido a que los ingresos del Estado se han caído, según dijo.

“Con los señores de la Asamblea se los advertí desde el primer día en que estuve en la Asamblea, si ésta situación continúa llegará un momento en que no podremos pagar salarios, así que continúo priorizando el gasto, vamos a pagar a nuestro personal de primera línea antes que, a otros tecnócratas, estamos recolectando para ver si se puede realizar el pago”, expresó Zelaya.

Sin embargo, desde mayo pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, ya había advertido que dejaría de pagar el salario para diputados y empleados de la Asamblea y de la Corte Suprema de Justicia.

Su posición en ese momento se dio ante la negativa de la Asamblea de seguirle otorgando más préstamos para la pandemia, ya que el Ejecutivo se resiste a dar cuentas claras de como gasta el dinero.

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Pese a lo anterior, el Congreso le ha autorizado al gobierno $3,000 millones en préstamos y bonos, sin embargo, Hacienda sigue alegando que no tiene fondos porque la emergencia ha requerido de un gasto excesivo y que los ingresos tributarios se han caído, pero según el expresidente del Banco Central de Reserva, han ingresado más de $1,400 millones en ingresos extraordinarios y otra cantidad similar en ingresos ordinarios.

Un día después de que informara de dicha situación, el que era presidente del BCR, Nicolás Martínez, fue destituido de su cargo.

El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, explicó que la actitud del Gobierno puede deberse a una “vendetta política, está cobrando el presidente Bukele de esta forma las acciones de estos Órganos de Estado y cumpliendo con su amenaza, eso se puede advertir”.

Lo cual es muy grave detalló Escobar, “porque es sumamente pernicioso para el Estado democrático que el presidente de la República esté tratando de manipular y de debilitar a otras instituciones del Estado por la vía presupuestaria”.

El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, reforzó lo anterior, explicando que en Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro han echado mano de esa misma presión para “opacar y debilitar a sus opositores políticos”.

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, coincidió con la abogada Galeas de que el gobierno estaría cometiendo delito de incumplimiento de deberes.

Los diputados achacan que el Ejecutivo busca “presionar” a los legisladores por un lado para que aprueben más deuda al Gobierno para la pandemia; y por el otro, como una especie de “revancha política” en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por las recientes sentencias en que le prohíbe al Gobierno impedir el ingreso de salvadoreños al país sino presentan prueba PCR negativa a COVID-19.

“Dejen de estar presionando y chantajeando y paguen como corresponde”, externó la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz.

Según dijo, el Gobierno está reteniendo los fondos tal como lo denunciaron desde anoche los sindicatos de la Asamblea y de la Corte Suprema de Justicia para expresar “presión” para que las autoridades de cada Órgano de Estado se plieguen y se adapten a todas las peticiones que el Presidente de la Repúbica, Nayib Bukele y el Ejecutivo quieren, lo cual no es correcto porque se pone en riesgo la estabilidad económica de los trabajadores, añadió Díaz.

“Son medidas de presión para que autoricemos lo que ellos quieren acá en la Asamblea y de la forma como lo quieren, y cuando la Sala les dice que lo están haciendo mal, como es el caso de las personas que los quieren obligar para que les hagan las pruebas”, señaló Díaz.

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, fue más allá y valoró que el incumplimiento al pago de salarios de la Asamblea y de la CSJ es un delito.

“Están cometiendo delito el ministro de Hacienda, el Director de Tesorería y el delito se llama incumplimiento de deberes, la Ley AFI establece los mecanismos, procedimientos y la obligatoriedad de hacer transferencias oportunas a las tesorerías para hacer los pagos”, afirmó Parker.

Señaló que no es por falta de dinero que el Gobierno no pague los salarios como corresponde, porque según el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) que fue despedido por Bukele, el gobierno ha tenido ingresos por más de $3,000 millones tanto en recursos extraordinarios como en ordinarios.

Sumado a eso la colocación de Cetes que realizaron la semana pasada por $645 millones.

“Recursos este gobierno ha tenido más que cualquier otra administración en la historia, el expresidente del BCR cerifició que solo de recursos extraordinarios esta administración ha recibido más de $2,130 millones y de recursos ordinarios es una cantidad parecida, es decir, más de $3,000 millones. Nunca una administración presidencial había administrado tanto dinero”, acotó Parker.

Por su parte, el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, lamentó que el pago no se haya efectuado porque se violenta el derecho de los trabajadores de la Asamblea y de la Corte Suprema de Justicia.

“Aún no han cancelado ni han notificado que, si se cancelará a los empleados de la Asamblea, de igual forma están los alcaldes, no sabemos por qué si en realidad es falta de fondos, si en realidad estamos tan jodidos como lo quieren hacer ver. No se puede meter una presión de esa forma”, argumentó Cardoza.

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