Según Karina Sosa, del FMLN, y Julio Fabián, de ARENA, las acusaciones del presidente Nayib Bukele a algunos alcaldes de la zona norte de Chalatenango, molestos por la militarización de los puntos fronterizos, son difamatorias. Bukele acusa a los ediles y a diputados de estar “ligados evidentemente al narcotráfico”.
“A mí el presidente me da mucha vergüenza, así se los digo, mucha vergüenza la imagen que sigue profundizando aquí en el país y a nivel internacional. Cómo se nota que él nunca ha pateado el terreno. Son salvadoreños con derechos vulnerados, todo por la cabeza cerrada de quien conduce este país”, expresó Sosa ayer en la Asamblea.
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La avalancha de cuestionamientos de Bukele se dieron tras la petición del FMLN de que el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas y el director de Migración, Ricardo Ernesto Cucalón, envíen un informe a la Asamblea explicando el motivo por el cual se ha intensificado la seguridad militar en los pasos fronterizos que tienen ocho municipios de Chalatenango con Honduras.
“Si él tiene pleno conocimiento que algún alcalde está ligado al narcotráfico, lo primero que debe hacer es mandarlo a capturar y un alcalde no tiene fuero. Pero generar una difamación de esa naturaleza cuando no se tiene plena certeza, es una acusación delicada en la que cualquier ciudadano se puede sentir ofendido”, dijo Fabián.
El alcalde de San Fernando, Matías Erazo, explicó el martes en la Asamblea que en principio creyeron que se debía al control sanitario por el COVID-19. Sin embargo, la militarización se ha intensificado al grado que no permiten que los salvadoreños que residen en los puntos fronterizos se puedan movilizar ni acceder a servicios médicos en los centros hospitalarios de El Salvador.
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“Es el ciudadano común el que está siendo afectado, es doloroso e increíble que hay este tipo de restricciones cuando son personas que trabajan para llevar el sustento a sus familias. (…) Hemos sido afectados por la pandemia y ahora tenemos esa restricción, es un impacto negativo muy grande”, razonó el edil.
Lo anterior se da pese a que la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones ha prohibido al Ejecutivo restringir la libre circulación de las personas afectando sus derechos humanos, a menos que exista un estado de excepción decretado por la Asamblea. De momento no está vigente ninguna ley relativa a impedir el libre tránsito de los ciudadanos.