Tras una avalancha de críticas en las redes sociales y otros medios y la denuncia de la organización humanitaria Human Rights Watch al mundo, el oficialismo en la Asamblea Legislativa pareció retroceder en su decisión de prohibir las concentraciones públicas y “aclaró” que “de ninguna manera se está coartando el derecho a la libertad de expresión o la libertad de manifestación de los salvadoreños”.
En su sesión plenaria del miércoles, los diputados del oficialista partido Nuevas Ideas propusieron y aprobaron un decreto que prohíbe las concentraciones públicas y privadas, tras las masivas protestas contra el régimen de Nayib Bukele como las protagonizadas por decenas de miles de salvadoreños el 17 de octubre, así como el 15 de septiembre.
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“Ayer la Asamblea aprobó una norma que, con la excusa de la pandemia, prohíbe las protestas. Se trata de una prohibición desproporcionada y generalizada y, por ello, violatoria de estándares de DDHH. Evidentemente el objetivo es frenar las protestas contra Bukele”, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en su cuenta de Twitter.
El decreto curiosamente excluye las actividades de carácter cultural y deportivo, que en muchos casos reúnen hasta decenas de miles de personas en estadios y escenarios artísticos.
Pero la Asamblea, en un comunicado, aclara que “las marchas y manifestaciones populares están permitidas siempre que se cumpla con disposiciones” tales como el uso de mascarillas y el acatamiento de protocolos de bioseguridad.
“Los actos públicos concernientes a actividades artísticas y culturales o aquellas que sean catalogadas como actividades de promoción cultural, asimismo las actividades deportivas y de promoción de ellos pueden realizarse, siempre que se sigan las medidas y los protocolos de bioseguridad relacionados con el combate al COVI D-19”, dice el comunicado.
“En las demás concentraciones de personas, por otro lado, también será obligatorio el uso de mascarillas, el cumplimiento de protocolo de bioseguridad, el distanciamiento social y que posean el esquema completo de vacunación. Las marchas y manifestaciones populares están permitidas siempre que se cumpla con estas disposiciones”, agrega.
El comunicado nada dice de la parte del decreto que establece que “la Fiscalía General actuará de oficio ante el incumplimiento” y dependiendo del caso, el infractor “incurrirá en delito de desobediencia de particulares y será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 338 del Código Penal”. Tampoco se refiere a la intervención de la policía que para impedir o disolver las actividades de calle.
José Miguel Vivanco: Norma aprobada por la Asamblea busca “frenar las protestas contra Bukele”
La "infracción" se castigará con pena de prisión de entre uno y tres años y multas de entre 20 y 100 salarios mínimos.
Tampoco el comunicado dice si el decreto será reformado sobre estos términos, como amerita para que conste en la legislación.
Al respecto, abogados cuestionan que están “criminalizando la protesta social” y estableciendo de hecho un “régimen de excepción” o estado de sitio en El Salvador.
Para el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, ordenar la suspensión del derecho a la protesta y manifestación, implica “establecer de hecho un régimen de excepción o estado de sitio en el país”.
Los artículos 6 y 7 de la Constitución salvadoreña consagran las libertades de los ciudadanos para expresarse libremente, sin ser objeto de censura y asociarse y reunirse libre y pacíficamente.
