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Diputados de Bukele abren puerta a penas de prisión para quienes organicen marchas

Abogados cuestionan que están “criminalizando la protesta social” y estableciendo de hecho un “régimen de excepción” o estado de sitio en El Salvador.

Por Eugenia Velásquez | Oct 20, 2021- 16:14

El gobierno ha intentado frenar las marchas en contra de sus políticas. Foto EDH / Jorge Reyes

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una nueva iniciativa similar a la que ampliaron hace poco hasta febrero de 2022 para prohibir las concentraciones de personas, solo días después de las recientes marchas y protestas en contra del gobierno del pasado 15 de septiembre y del 17 de octubre.

Además, esta nueva disposición contempla que quien incumpla con la medida incurriría en el “delito de desobediencia de particulares” que en el Art. 338 del Código Penal establece una pena de cárcel de entre 1 a 3 años y de cincuenta hasta cien días multa para quienes organicen y convoquen dichos eventos sin contar con el aval del Ministerio de Salud Pública.

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Para el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, ordenar la suspensión del derecho a la protesta y manifestación, implica “establecer de hecho un régimen de excepción o estado de sitio en el país. Y todo para evitar las marchas contra la confiscación de los ahorros previsionales. En esencia, lo que busca el régimen corrupto y dictatorial es que no nos quejemos contra el escandaloso robo que se hará de nuestros ahorros”.

El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, cuestionó la medida tildándola de “cobarde”, de una violación a la libre manifestación y a la libertad de expresión de la ciudadanía, algo que es “inconstitucional” pues se somete el derecho a manifestarse de la población a una “censura previa”, criticó Escobar.

El diputado del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright, explicó que el decreto es una clara evidencia de que para el gobierno existen “aglomeraciones favoritas y otras que les incomodan”.

“Un decreto disfrazado para prevenir el esparcimiento del Covid-19 con multas y sanciones penales solo para un tipo de concentración, es violentar derechos fundamentales y la igualdad para ciertos sectores, el Art. 3 de la Constitución de la República establece que: Todas las personas son iguales ante la ley”, manifestó Wright.

Para hacer efectivas las restricciones, se faculta a la Fiscalía para actuar de oficio y a la Policía Nacional Civil a que detenga o suspenda el ingreso de las personas a eventos de cualquier naturaleza que aglutine a varios ciudadanos.

“Con este decreto lo que están generando es criminalización de la protesta social, porque están señalando que quien incumpla este decreto, la Fiscalía está autorizada para proceder penalmente en contra de la persona o con las personas que incumplen”, señaló Escobar.

La medida estaría vigente hasta el 8 de diciembre de 2021. La petición señala que la prohibición es para toda concentración masiva de personas, “sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y en donde no se respeten los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y el Gobierno de El Salvador”.

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“El peligro que conlleva es que están llevando a la ciudadanía a la desobediencia civil, están obligando a que la gente no acate esta norma y se manifieste a pesar de la prohibición y esto puede generar problemas legales y conflicto social”, manifestó Escobar.

La iniciativa del oficialismo señala que en las demás concentraciones de personas no prohibidas será obligatorio el uso de la mascarilla, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, el distanciamiento social y el esquema completo de vacunación.

Se exceptúan de la suspensión establecida los actos públicos concernientes a actividades artísticas y culturales o aquellas que sean catalogadas como actividades de promoción cultural y los eventos deportivos y de promoción al deporte o cultura.

DOCUMENTO: Nuevo decreto que prohíbe concentraciones 

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