El diputado no partidario Leonardo Bonilla y Milena Mayorga, de ARENA, solicitaron una reforma al Código Penal para castigar hasta con 8 años de cárcel el nepotismo (preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo).
“Estamos pidiendo que se agregue el articulo 328-A alo Código Penal para castigar con pena privativa de libertad esta práctica. En este caso si el funcionario público que cae en nepotismo es electo por votación popular en elección presidencial o de segundo grado pueda haber un incremento de la pena”, explicó Bonilla.
Según la propuesta hecha por Bonilla y Mayorga se estaría adicionando el artículo 328-A al Código Penal así: “El funcionario o empleado público y/o personal de confianza que debiendo intervenir por razón de su cargo hayan ejercido su facultad de nombrar o contratar, o hayan realizado injerencia de manera directa o indirecta, en el nombramiento de personal, contratación de servicios no personales, o en los respectivos procesos de selección… () será sancionado con prisión de cinco a ocho años. Si el funcionario público es electo por votación popular, elección de segundo grado o designado por el Presidente de la República, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte de su máximo”, reza la reforma propuesta.
Actualmente, solo hay sanciones económicas que se le aplica a los funcionarios que según el Tribunal de Ética Gubernamental hayan cometido nepotismo.
Mayorga también recordó que han solicitado en la Asamblea crear una comisión anticorrupción y reformas al Reglamento Interno legislativo para corregir la mala imagen que tiene la población de los diputados.
Bonilla agregó que también debería activarse el comité de ética de la Asamblea.
La propuesta de @LeonardoBonia y @MilenaMayorga es para hacer una reforma al Código Penal para combatir el Nepotismo @elsalvadorcom pic.twitter.com/SORXIKRKxT
— Eugenia Velásquez (@EugeniaVelsquez) January 20, 2020
La propuesta de los diputados surge después de que El Diario de Hoy revelara que hay diputados que han contratado a sus familiares en la Asamblea hasta el cuarto grado de consanguinidad y otros que cobran salario sin llegar a trabajar como el caso de la exdiputada del PCN, Cristina López, quien cobró $2,000 mensuales pese a vivir en Estados Unidos.
El Tribunal de Ética Gubernamental anunció hace unos días que investigará de oficio y a otros por denuncia de los diputados señalados en la investigación periodística de El Diario de Hoy.
En el especial de El Diario de Hoy se planteaba que millones de dólares van a dar a manos de familiares de legisladores o camaradas de partido que están como empleados en la Asamblea Legislativa. La investigación revela, entre otras cosas, quién es el diputado que tiene a sus empleados como asesores y quiénes son los periodistas y los dos supuestos asesinos con plaza en la Asamblea. Mira el especial AQUÍ