En la cuenta oficial del Twitter de la Policía Nacional Civil se afirmaba que habían procedido a retener a personas por incumplir la cuarentena. Preocupa el poco conocimiento de los términos legales por parte de la institución policial. Retención, tal y como la Sala de lo Constitucional ha definido (HC133-2018), no es más que una paralización momentánea de la persona, lo cual difiere ampliamente de una privación de libertad. Lo que ha sucedido en las últimas horas son detenciones ilegales por parte de miembros de la corporación policial y la Fuerza Armada.
Estas detenciones se han dado pocas horas después del anuncio del presidente Bukele de un nuevo decreto estableciendo cuarentena domiciliar por treinta días. Sin entrar a valorar la medida, es muy grave que sea la policía y los militares quienes determinen si la persona que transita por la calle está amparada por alguna de las excepciones de este nuevo decreto. No son ellos la autoridad competente, y, por ende, son detenciones ilegales.
Es muy poco democrático que se afirme por parte del Ministerio de la Defensa que los militares están capacitados para determinar si una persona miente. La privación de libertad es una de las medidas más gravosas, y es muy peligroso que se proceda con la arbitrariedad de las últimas horas; especialmente, cuando no ha habido claridad por parte del Gobierno, cómo el ciudadano puede justificar la excepcionalidad de transitar por la vía pública. Además, la propia Policía Nacional Civil ha manifestado que las personas quedan en delegaciones policiales porque no saben dónde las tienen que enviar.
Las garantías del artículo 12 y 13 Cn. hasta la fecha no han sido suspendidas por parte del órgano competente, la Asamblea Legislativa, y los derechos de las personas privadas de libertad deben seguir garantizándose. Nuevamente, aplicar la máxima que el fin justifica los medios es sumamente peligroso. Más si quien acaba tomando estas decisiones son dos instituciones señaladas de cometer violaciones a los derechos humanos de forma sistemática.
Finalmente, la crítica a la ejecución de ciertas medidas adoptadas para evitar que la situación del país sea peor, no debe verse como un ataque al Gobierno o como una forma de querer que haya más personas infectadas. Es una oportunidad de mejorar y asegurar que el objetivo final sea efectivo. De nada sirve tener a centenares de personas en bartolinas policiales donde hay un alto porcentaje de hacinamiento; sin duda sería una forma rápida de propagación del virus. Tampoco quiero imaginarme, en el caso que las medidas se sigan implementando como en las últimas horas, el supuesto de una persona que vive sola con sus hijos y sale a comprar medicinas o alimentos y no regresa a casa por 30 días, solo porque el policía o el militar de turno no le pareció creíble la versión de que iba al supermercado.
Arnau Baulenas es Coordinador Equipo de Procesos de Justicia del Idhuca
