Las personas lesbianas, gais, transgénero, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) que se ven obligadas al desplazamiento forzado interno son cada vez más. Así lo muestran las estadísticas de Comcavis Trans, organización que en 2020 atendió a 131 personas de esa comunidad víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI) y que en 2021 atendió a 166, lo que equivale a un aumento del 26.7 % de los casos.
Los datos fueron compartidos por Bianka Rodríguez, directora de Comcavis Trans, durante la presentación del informe “Condiciones actuales de la población LGTBI en El Salvador, 2020-2021”, el cual se llevó a cabo con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados (Acnur).
Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, “Comcavis Trans ha atendido a 528 personas LGTBI que se han visto obligadas y forzadas a desplazarse internamente debido a discriminación y violencia basada en su identidad”, explicó Rodríguez.
Laura Almirral, de Acnur, afirmó: “Las personas LGTBI son particularmente vulnerables a los abusos, agresiones y situaciones de violencia que pueden desencadenar el desplazamiento forzado.
Además, las personas LGTBI desplazadas internamente, solicitantes de asilo, refugiadas o en situación de apatridia enfrentan una serie de desafíos complejos y amenazas en todas las etapas del ciclo de desplazamiento”. Estos desafíos van desde la discriminación, el prejuicio y la violencia, “pasando por dificultades para acceder a servicios humanitarios”, principalmente mientras se llevan a cabo los procedimientos de asilo”.
El estudio recoge algunos testimonios de personas LGTBI que, acosadas por las pandillas, han tenido que desplazarse internamente.
“Tuve que desplazarme a la fuerza por motivo de las pandillas, tuve que irme del lugar donde residía: San Pedro Masahuat”, dijo para el estudio una mujer trans de 25 años de edad.
La investigación señala que la mayoría de los entrevistados considera que la causa principal del desplazamiento forzado interno es la discriminación por su identidad u orientación sexual, “ejercida a través de las amenazas de las pandillas a su vida” y “a causa de las extorsiones” ejercidas también por pandilleros. “Porque no quise pagar la renta a unos mareros, cambié de vivienda... Han sido varias veces por la misma causa, porque si me localizan tengo que cambiarme de casa”, dijo para el estudio otra mujer trans.
El estudio añade que el 56 % de las personas encuestadas dijo haber sido afectado por el desplazamiento forzado interno. De esa porcentaje, el 32 % tiene entre 22 y 30 años y el 33 % entre 31 y 40.
“Comenzaron a extorsionar, no hicimos caso, hubo secuestro, agresión, violación sexual, me querían matar”, relató una mujer trans de 25 años a los investigaciones.
“Me golpearon con un bate, yo tenía una panadería, tuve que cerrar la panadería y desplazarme”, añadió otra mujer trans de 34 años.
Apoyo a las víctima
Tras el desplazamiento, ¿han recibido algún tipo de apoyo las víctimas? El estudio indica que sí: este ha consistido en atención sicológica y jurídica por parte de Comcavis Trans. Pero, según las recomendaciones del estudio, se necesitan más acciones, sobre todo de parte del Estado.
La investigación recomienda impulsar una Ley de Identidad de Género que haga posible que el Estado “visibilice a las personas LGTBI”. Además se sugiere sensibilidad y educar al personal de salud y educación para que brinden un trato digno a esta comunidad.
También se señala que el Registro Único de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno puede ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a identificar las condiciones de DFI de la población LGTBI. Por lo que se recomienda que estas organizaciones tengan una constante comunicación con el Sistema Nacional de Atención y Prevención Integral a Personas en condición de DFI.
Finalmente, se recomienda llevar a cabo campañas de concientización, para se reconozcan los derechos de las personas LGTBI, especialmente entre las autoridades que ejercen más poder en las instituciones del Estado.