Entre el 1 de enero y el 13 de octubre, la Fiscalía ha recibido 1,116 denuncias por el delito de desaparición de personas; denuncias por la que reporta que al menos 1,192 salvadoreños han sido víctimas de este flagelo; pues se dan casos en los que se reportan dos e incluso tres personas desaparecidas de una misma familia. De ese número, la Fiscalía dice haber encontrado al 51 %, de ese porcentaje, el 4 % fue hallado sin vida.
Las cifras fueron brindadas por la delegación del Estado salvadoreño que respondió este mediodía los cuestionamientos sobre el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vía Zoom, como parte del 181 periodo de sesiones de la CIDH. La audiencia fue llevada a cabo a solicitud de 15 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, entre las que se encuentran Cristosal, Fespad y DPLF.
Zaira Navas, de Cristosal, explicó que solicitaron la audiencia porque el Estado no ha dado la importancia necesaria a este flagelo. Agregó que en 2020, la Fiscalía reportó 683 desaparecidos, de los que el 45 % fueron encontrados con vida, el 6 % sin vida y el resto siguen en investigación. Para 2021, Navas agregó que "solo en los primeros cinco meses del año se han reportado el 80 % del total reportado en 2020".
Las organizaciones señalaron que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía manejan cifras diferentes de desaparecidos, por lo que se necesita un registro nacional que las unifique. Entre 2014 y 2019, la PNC reportó 12,000 casos, mientras que para ese mismo periodo la Fiscalía reportó 22,000.
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En opinión de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, los familiares de las víctimas son discriminados cuando se presentan ante las autoridades para denunciar una desaparición. Pues se acusa a las mujeres de haberse ido con una pareja o expareja; en el caso de los jóvenes, se afirma que quizá pertenecían a una pandilla por el solo hecho de vivir en una zona de riesgo.
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, pidió a la delegación del Estado salvadoreño explicar qué ha impedido tener un banco de datos genéticos, aprobar una Ley Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada y ratificar Convención Interamericana Contra la Desaparición Forzada.
Urrejola recordó que el Estado salvadoreños ha expresado la intención de contar con un banco de datos genéticos desde que en la CIDH se dirimió el caso de las hermanas Serrano Cruz, desaparecidas durante el conflicto armado en Chalatenango.
Por su parte, la presidenta del comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, Carmen Rosa Villa, explicó que si el Estado salvadoreño ratificara la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, la ONU podría brindar apoyo al Estado, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las familias de las víctimas a través de diversos mecanismos. "Esperamos que El Salvador pueda pronto ratificar la convención", concluyó.