"Lamentablemente el abordaje irrespetuoso con el que las autoridades de Seguridad Pública atienden el problema (de desaparecidos) se configura como una grave violación a los derechos humanos...", afirman diez organizaciones pro derechos humanos a través de un comunicado.
Las organizaciones, entre ellas el Idhuca, Fespad y Ormusa, que forman el Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas en El Salvador, se han expresado a raíz de las últimas declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele contra los familiares que buscan a sus seres queridos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, por ejemplo, no solo ha negado el aumento de desaparecidos sino que ha dicho que hay una "campaña" contra las autoridades de Seguridad por intereses políticos", sino que no solo ha culpado a las familias de , sino que además afirmó que en el caso de la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo "hay una relación directa: jóvenes, droga, pandillas", que los padres deben saber en qué andan sus hijos y que al igual que en el caso de la futbolista Jimena Ramírez hubo una denuncia tardía.
La madre de los hermanos Guerrero salió al paso de las declaraciones de Villatoro, y no solo lo desmintió en cuanto a la vinculación de sus hijos con pandillas sino que dijo que acudieron a la Policía el mismo día de la desaparición y no les fue aceptada la denuncia, que tuvieron que ir hasta el siguiente día nuevamente a denunciar.
Incluso a través del periódico estatal se ha intentado vincular políticamente con el FMLN, tanto que hasta usaron la madera de ese medio para destacar que un abogado de ese partido político la representaba a la madre de los jóvenes desaparecidos.
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El hallazgo de los restos de la futbolista profesional ocurrió en una de las fosa clandestinas que presuntamente pandilleros de la MS-13 hicieron en la hacienda Suiza, de Nuevo Cuscatlán. De su hallazgo, el ministro Villatoro informó en Twitter la noche del martes, mientras la familia le demandaba información en esa misma red social.
El gobierno actual, y en especial el presidente Nayib Bukele, no han sido empáticos, al menos no públicamente con las familias de desaparecidos. Cuando hablan de supuestos resultados del plan Control Territorial suelen destacar la baja de homicidios, un resultado que expertos y investigaciones periodísticas han puesto en duda por el hecho de que el gobierno de Bukele habría negociado con pandillas.
Con la baja de homicidios contrasta el hecho de que las desapariciones han aumentado, así como el hecho de que siguen apareciendo cementerios clandestinos. Solo en lo que va del año van más de 1,200 reportes o denuncias de desaparecidos, según registros de la Fiscalía General.
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"Nuestra preocupación por el considerable aumento de personas desaparecidas en El Salvador en el último año, así como por la deficiente respuesta estatal para prevenir, investigar, determinar el paradero y sancionar estos graves crímenes", señalaron las organizaciones del Grupo de Trabajo que abarca al Servicio Social Pasionista, DPLF, Cristosal, Alerta Raquel, ANADES, ASDEHU y Comcavis Trans.
En el escrito, las organizaciones dicen que al tiempo que crecen las denuncias de desaparecidos también "crece el clamor ciudadano por las respuestas estatales insuficientes y no apegadas a estándares nacionales e internacionales, la estigmatización y la desinformación".
Estas organizaciones también recuerdan los "Principios de búsqueda de personas desaparecidas" en los que se establece que tanto los que son buscados como sus familias tienen derecho a ser reconocidas como víctimas, a recibir un trato justo, digno y humano de parte de las autoridades del Estado, así como a tener información oportuna, directa, seria y veraz, libre de prejuicios, estereotipos y estigmas.
De igual forma le recuerdan a las autoridades salvadoreñas las recomendaciones de a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), entre otras cosas, que los agentes estatales deben garantizar el pleno respeto a las personas desaparecidas como a sus parientes sobrevivientes y mecanismos eficaces de información y respuesta humanizados para con las familias de las personas que son buscadas.
"El hallazgo de muerte en personas desaparecidas no debe presentarse públicamente de forma indolente o como un "triunfo", porque el trabajo de las instituciones de seguridad pública y el mandato legal de las personas funcionarias es evitar que miles de niñas y niños, adolescentes, mujeres y hombres, nos convirtamos en víctimas de esta barbarie...", concluyen las organizaciones.
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