Mientras el gobierno y Policía Nacional Civil callan ante las constantes denuncias sobre desaparecidos en El Salvador, el país se encuentra una vez más en el foco internacional: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el miércoles un informe sobre la situación de derechos humanos en El Salvador tras su visita al país en diciembre de 2019.
Uno de los temas de seguridad ciudadana que más le preocupa al organismo internacional es la desaparición de adultos y niños en El Salvador. Así como la situación de derechos humanos de las mujeres; las personas LGBTIQ+ y el acceso a la verdad y la justicia.
“Durante su visita, la CIDH recibió información alarmante sobre la falta de respuesta de las autoridades del Estado al alto número de denuncias de desapariciones en los últimos años”, detalla el documento. Mientras, hace un desglose de los casos de desaparecimientos registrados en los últimos años.
“La Comisión también recibió reiteradas quejas de víctimas sobre el actuar de las autoridades cuando denuncian las desapariciones de sus familiares, en particular de la PNC y la Fiscalía General. (…) Los familiares también reportaron que son ellos quienes deben presentar pistas del paradero de sus familiares para que los casos no se cierren. Una madre de un joven desaparecido indicó a la CIDH: nos mandan a nosotros a buscar a nuestros hijos y no podemos porque es peligroso”.
La Comisión recuerda que la Fiscalía informó que en 2018 se registraron 3,289 desapariciones y en 2019 se reportaron 3,030 denuncias sobre personas desaparecidas, lo que equivalía a un promedio diario de 10 personas desaparecidas. “La CIDH observa que, al cierre de 2020, la FGR registró 2,151 víctimas de vulneraciones contra la libertad, es decir, 1,489 de privación de libertad y 662 de desaparición, lo que representa una disminución del 30.45% con respecto a 2019”. Con esa cifra, las desapariciones superaron a los 1,332 homicidios registrados por la Policía.
Un protocolo de búsqueda que no funciona por completo
El Estado salvadoreño ha informado a la CIDH que cuenta con un protocolo de atención urgente y estrategia de búsqueda. Sin embargo, “la Comisión observa la existencia de importantes desafíos en la materia”. Las principales dificultades que plantea la CIDH es el hecho de que no hay un registro adecuado y sistemático de estadísticas oficiales sobre el número de desaparecidos. Esto, a pesar de que hay una mesa interinstitucional que evalúa el problema. “Ninguna institución del Estado maneja un dato exacto sobre personas desaparecidas. (…) Al no existir un dato exacto, es difícil que las autoridades puedan ejecutar acciones puntuales”, informa la CIDH.
Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha subrayado que el hecho de no contar con una definición jurídica de “persona desaparecida” podría convertirse, eventualmente, en un argumento para justificar la inacción y la falta de documentación y de registro.
El Código Penal, en el capítulo I de los delitos relativos a la libertad, plantea la “Privación de libertad” y “proposición y conspiración en los delitos de privación de libertad y secuestro” como delitos relacionados al desaparecimiento de personas.
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El organismo internacional llama al Estado a establecer sanciones para todas las personas involucradas en las diferentes etapas de la desaparición de una persona. Asimismo recomienda ampliar los tipos penales relacionados a la desaparición de personas y fortalecer los delitos ya dispuestos en el Código Penal. También sugiere agilizar la búsqueda de la personas desaparecida al momento de la denuncia. De igual forma, pide crear un banco de ADN y una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y un Registro de Personas Desaparecidas.
En el caso de los menores, la Comisión recomienda potenciar la herramienta Alerta Ángel Desaparecido que promueve la búsqueda de menores de edad desaparecidos en el país.
Y para las familias víctimas de este delito, la CIDH recomienda al Estado facilitar que los familiares pueda hacer trámites para la declaratoria de ausencia, declaratoria de herederos y de autoridad parental de los menores de edad hijos de personas desaparecidas.
El reclamo de las defensoras de Derechos Humanos
Tras la difusión del informe de la CIDH, El Diario de Hoy preguntó a tres defensoras de Derechos Humanos ¿cómo debería reaccionar el Estado salvadoreño? y ¿cuáles deberían ser las acciones más urgentes para reducir las desapariciones?
Zaira Navas, de Cristosal, recuerda que la CIDH ha reiterado la necesidad urgente de un banco de ADN, “para poder comparar los restos que son encontrados con las personas que están buscando a sus desaparecidos”. Además, aunque ya existe un protocolo de acción urgente, conocido como PAU, este “no se está implementando adecuadamente”. Por lo que considera necesario sensibilizar a los funcionarios que reciben las denuncias, para que “actúen con la víctima al centro y no al revés”.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, considera que actualmente hay ausencia de políticas públicas y de estrategia para abordar los problemas del país: “Más bien hay una política oportunista (...) y eso impide contar con condiciones mínimas para poder abordar estas recomendaciones que la Comisión hace”.
Carlie Lemus, de Concavis Trans, señala “ el Estado necesita aceptar que hay un grave problema” y que las medidas actuales para contrarrestar la desaparición de personas no son eficientes. Tras aceptar que hay un problema, agrega Lemus, el Estado salvadoreño “debe pedir ayuda”.
Una forma de pedir ayuda, sería ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Justo una de las primeras recomendaciones seis que la CIDH hace en su informe.
Siquiere leer el informe completo de la CIDH puede verlo en este link: bit.ly/3mGFINJ