El Salvador tiene ahora mismo un alarmante número de muertes por COVID-19: solo el 4 de octubre, el gobierno reportó que 19 salvadoreños fallecieron por esta causa. Hasta ese día, el país tenía un acumulado de 3,312 fallecidos por el virus.
Pero a pesar de que las muertes van en aumento, el gobierno no implementa más medidas para reducir los casos que revisar que en el transporte público se use mascarilla y se guarde distancia.
Usuarios en redes sociales han activado campañas para exigir medidas más fuertes, mientras que otros exigen que si se implementan medidas alternas no se violen las libertades constitucionales.
Por ello, elsalvador.com llevó a cabo ayer un espacio en la red social Twitter para hablar del aumento en los casos y sobre cómo podría el gobierno evitar aglomeraciones sin violar los derechos ciudadanos. En el espacio participaron José Gonzalo Batres Baires, médico intensivista, y Marcela Galeas, abogada.
Antes de evaluar si legalmente son viables nuevas medidas en el país, Batres Baires planteó tres etapas que a su criterio son válidas para afrontar la pandemia. La primera comprende el uso de mascarilla, medidas de limpieza y quedarse en casa; algo que es parte de la campaña del Ministerio de Salud desde marzo de 2020.
En la segunda etapa expone la prohibición para asistir a universidades y colegios; también eventos públicos como conciertos y partidos. En el país hay clases virtuales, presenciales e híbridas; mientras que partidos como los de la Selección Mayor de fútbol no tienen regulación en cuanto al número de asistentes, aunque solo pueden asistir quienes están completamente vacunados.
En la última etapa, Batres Baires menciona una cuarentena que, a su criterio, en El Salvador fue demasiado larga en marzo de 2020, y que debe evaluarse sin limitar las garantías constitucionales.
“En estas últimas semanas, en Alemania, se ha empezado a regular la visita de lugares públicos, dependiendo de si las personas se han vacunado o no. Pero para mí una condición indispensable de esto es que el Gobierno garantice el acceso a la vacuna de forma universal, (…) porque el acceso a la vacuna no significa que las vacunas están disponibles en el Hospital El Salvador sino que pueda llevarse a todos los lugares, pues no todos pueden llegar al Hospital El Salvador a vacunarse. Ese es el acceso universal, que todas las personas hayan tenido la oportunidad de transportarse o recibirla a través de un equipo movil”, dijo.
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El doctor incluye además el funcionamiento de un observatorio epidemiológico que debe dar seguimiento a las personas infectadas. El Ministerio de Salud cuenta con un call center que monitoriza los casos sospechosos o confirmados, pero los datos recabados no son públicos. Tampoco es público el plan de vacunación ni los planes de salud relacionados a la pandemia ni sus costos.
Un hecho que resiente la abogada Marcela Galeas, pues considera que el gobierno no puede exigir medidas que limiten libertades constitucionales si no comparte información verídica sobre los contagios y las muertes en el país. “Una serie de afectaciones al derecho a la libertad de los ciudadanos no aplicaría en este momento bajo las circunstancias en que estamos. Una petición del Estado clamando la protección del derecho a la salud jamás va a ser justificante para la manera en que fuimos sometidos el año pasado. En ese entonces no hubo una racionalidad en las medidas (…) Ahora no podemos blindar derechos a ciegas y tampoco someter a los ciudadanos a reglas estatales desproporcionales”, dijo.
En los estadios no solo se debería exigir la cartilla de vacunación, explicó la abogada, sino vender un número limitado de entradas, para que se pueda guardar la distancia física necesaria.
Batres Baires agregó que no habría ninguna justificación para una cuarentena estricta como la de 2020, si no se han tomado otras medidas. “Tuvimos escuelas cerradas y los bares y discotecas estaban abiertos”, añadió.
Ambos profesionales coinciden en que hace falta tomar medidas adicionales a las existentes, así como educar a la población aún más. Pero también es preciso que el gobierno proporcine datos completos sobre la situación de la pandemia. Y que si decide implementar nuevas medidas, estas no restrinjan las libertades constitucionales.