La implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, desde el pasado 7 de septiembre, continúa siendo cuestionada y rechazada por diversos sectores de la sociedad, así como criticada de manera personal debido a la forma en que se ha manejado su implementación y por los perjuicios que podría ocasionar tanto a la economía del país como a la economía de la ciudadanía.
Este mediodía, tres ciudadanos interpusieron una denuncia ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para pedir que esa institución investigue varios aspectos.
Abraham Atilio Abrego Hasbún, Ruth Eleonora López Alfaro y Jonatan Mitchel Sisco Martínez, todos abogados de profesión, entregaron un escrito en el que piden que el ente contralor indague si han existido acciones ilegales en los procesos de compra de bitcoin y en los procesos de construcción de 50 cabinas donde han sido colocados cajeros Chivo.
Así también, los denunciantes presumen que se realizaron compras con dinero proveniente de fondos públicos sin cumplir lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Pública (LACAP), con lo cual se habría incumplido el artículo 234 de la Constitución de la República que cuando el Estado celebre contratos para realizar obras o adquirir bienes inmuebles en que hayan de comprometerse fondos o bienes públicos, se deberá hacer licitación pública, a excepción de los casos determinados por la ley.
Tales irregularidades habrían sido cometidas por miembros del consejo de administración para la dirección y supervisión de las actividades del Fideicomiso Bitcoin, según la denuncia.
En el documento se indica que “La modalidad utilizada para hacer negocios con fondos públicos tiene como intención evadir los controles institucionales sobre la erogación y uso de fondos del erario nacional, hecho que está prohibido por la Constitución y las leyes de la República, y de ser cierto incluso podría constituir ilícitos penales”.
Los denunciados son los miembros del consejo de administración del Fideicomiso Bitcoin, Josías Natanael Lozano Martínez, Douglas Alexi Cruz González, Huberto Josué Merlos Escobar, Roberto Javier Varela Velasco, José Mateo Cabrera Escalón y José Ernesto Cruz Alfaro.
“Es un hecho público y notorio que el Ejecutivo ha realizado compra de bitcoins pero hasta la fecha no se conoce cómo se realizó dicho proceso de compra, consideramos que es necesario ordenar que se realice un examen especial para saber si el proceso de compra cumple con los requerimientos establecidos en el ordenamiento jurídico de El Salvador; asimismo consideramos necesario que la auditoría se amplíe para investigar si el proceso de construcción de las casetas ha seguido el trámite de ley, si existió licitación pública y si las alcaldías municipales otorgaron el permiso para la construcción de las casetas Chivo wallet, ya que presuntamente se han construido casetas en bienes inmuebles declarados como patrimonio cultural, como el Palacio Municipal de Santa Ana”, refiere el documento de denuncia.
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Las presuntas irregularidades denunciadas
De acuerdo con el escrito presentado hoy ante la Corte de Cuentas, los abogados denuncian la opacidad sobre el origen de los fondos para la construcción de las cabinas para implementación de bitcoin”, la presunta erogación y uso de fondos públicos antes de la entrada en vigencia del decreto de creación del Fideicomiso y porque la contratación del servicio de cajeros se realizó (presuntamente) con fondos públicos mediante un procedimiento fraudulento.
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En esto último, los denunciantes piden que se fiscalice el proceso de contratación de los cajeros que la empresa Chivo, S.A. de C.V., utiliza para realizar operaciones con bitcoins. En este punto se debe investigar el origen de tales fondos y en el caso de que provengan del erario público, que se investigue si se hizo proceso de licitación, la legalidad del proceso y los empresarios o empresas que resultaron beneficiados con la contratación, ya fuese compra, arrendamiento, leasing operativo u otro contrato.
Los denunciantes mencionan también en su escrito que “La modalidad de erogar fondos públicos a sociedades mercantiles creadas con participación mayoritaria de CEL, o subsidiarias de dicha autónoma como ETESAL, ha servido para evadir el control y la fiscalización de la ejecución de fondos públicos bajo los parámetros establecidos en la Constitución y las leyes…”.