Este jueves, diputados de la bancada oficialista presentaron en la Asamblea un pliego de reformas a la Ley de Delitos Informáticos que busca incrementar las penas de cárcel por cometer hechos delictivos como fraude, estafa informática y suplantación de identidad, entre otros.
El documento oficial no ha sido público aún, pero el diputado Walter Coto explicó que la propuesta es elevar la pena de prisión por estafa informática de 5 a 8 años y que por fraude informático podría ser de entre 6 a 10 años.
Actualmente, el artículo 22 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, establece que quien suplantare o se apoderare de la identidad de una persona natural o jurídica por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, será sancionado con prisión de tres a cinco años.
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“Se ha comenzado a usar mucho el hurto de identidad para hacer cualquier clase de delitos, suplantar la identidad de la persona para cometer hechos delictivos. Nos falta hacer un estudio pormenorizado para hacer un dictamen favorable”, explicó Coto sobre los delitos cibernéticos más comunes.
Dentro de la comisión de Seguridad, los diputados también se encuentran analizando reformas al Código Procesal Penal con la intención de usar “agentes encubiertos digitales”; sin embargo, Coto no mencionó si las enmiendas a la Ley de Delitos Informáticos están relacionadas con esa nueva figura.
Quien impulsa dichas reformas es el diputado Francisco Villatoro, de Nuevas Ideas, el mismo que también promueve las reformas a la Ley de Delitos Informáticos. Villatoro expresó que no serán las únicas modificaciones que pretenden hacer a la normativa.
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El pasado 29 de septiembre la comisión de Seguridad recibió al experto en ciberseguridad, Víctor Rodríguez, a quien le presentaron un documento elaborado por el diputado Villatoro, en el que se propone que la acreditación de una prueba no necesariamente sea realizada por un perito, y plantea que se aplique como medida cautelar restringir o bloquear cuentas de usuarios o usar a agentes encubiertos digitales, autorizados por la Fiscalía sin que medie la opinión de un juez.
Para diseñar esa iniciativa, así como las reformas a la Ley de Delitos Informáticos, Villatoro mencionó que contaron con la opinión de técnicos de la Fiscalía, de la Policía, de abogados y de expertos de la ONU, entre otros.
Explicó que algunos delitos que más se cometen es la divulgación de material e información personal intercambiada entre personas que han mantenido una relación sentimental o incluso imágenes de niños, por lo que buscarán penalizar estos hechos.