Delegado de Hacienda: no hay ley que regule partida secreta

Empleados de ese ministerio declararon el jueves en el juicio contra el expresidente Saca y ratificaron ilegalidad de cuentas a través de las que se desviaron más de $300 millones

El expresidente Antonio Saca es enjuiciado por lavado de dinero y apropiación de fondos del Estado. Foto EDH/ René Quintanilla

Por Diana Escalante

Ago 16, 2018- 21:56

La falta de una normativa que regule el manejo de los gastos reservados de la Presidencia habría permitido al exgobernante Elías Antonio Saca (2004-2009) y a seis excolaboradores desviar más de $300 millones provenientes de la Cuenta Única del Tesoro Público hacia cuentas particulares.

Los débiles controles de la Corte de Cuentas de la República también habrían favorecido a los imputados, por lo que representantes de organizaciones que luchan por la transparencia en la administración pública han insistido en que se debe investigar a extitulares del ente contralor. Esta posibilidad no la ha descartado la Fiscalía General.

Este jueves, en el octavo día del juicio contra Saca, tres exsecretarios e igual número de exempleados administrativos acusados de peculado (apropiación de fondos públicos) y lavado de dinero, declararon cuatro delegados del Ministerio de Hacienda.

Uno de ellos fue Carlos Salazar, exsubdirector general de Presupuesto y exdirector general de Tesorería, quien explicó ante el Tribunal Segundo de Sentencia que entre las responsabilidades de la institución están coordinar, dirigir y supervisar el Presupuesto General de la Nación.

También medir cómo se ejecutan los fondos asignados, dar refuerzos presupuestarios cuando las instituciones lo solicitan y llevar control de los saldos de las cuentas de estas entidades.

Según el delegado, en la administración Saca hubo peticiones de refuerzos de presupuesto, pero no mencionó cuántas ni los montos.

A preguntas de la Fiscalía y la defensa, Salazar manifestó que Hacienda no encontró irregularidades con el manejo del dinero en Casa Presidencial, ya que el papel de fiscalización le corresponde a la Corte de Cuentas de la República (CCR). Está previsto que el lunes declare un testigo de dicha institución.

Salazar además detalló que el manual del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI) es el que regula los fondos públicos y que este manual depende de la Ley de Administración Financiera (AFI).

“Lo que ha establecido el testigo es que una norma específica que haga la excepción de los gastos reservados no existe; existe una norma que regula todos los fondos públicos que es el manual SAFI y la Ley AFI. En este caso no se utilizó porque estas leyes establecen controles que eran los que buscaban evadir los imputados”, aseveró el fiscal Arturo Sánchez.

Ratifica ilegalidad de 15 cuentas

Carlos Salazar describió que la Ley de Administración Financiera establece que de la cuenta del Tesoro Público solo se deben transferir fondos hacia tres cuentas auxiliares: una para el pago de bienes y servicios; otra para remuneraciones, y una más para recibir cooperación internacional. Agregó que las cuentas no deben estar a nombre de personas naturales, sino de las instituciones que solicitan el dinero.

Pero en el mandato de Saca eso se hizo para favorecer a terceros, según lo confesaron a cambio de un juicio abreviado el exmandatario, el exsecretario privado, Élmer Charlaix; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank, el exsecretario de la Juventud, César Funes. También el exjefe de la Unidad Financiera Institucional, Francisco Rodríguez Arteaga, y el exjefe de la Tesorería, Jorge Herrera.

Los peritajes realizados por delegados de la Superintendencia del Sistema Financiero, quienes declararon el lunes, revelaron que en el mandato de Saca fueron abiertas 15 cuentas bancarias en las que se depositó dinero de la cuenta del Tesoro Público, que luego fue a parar a cuentas particulares y a las empresas de algunos de los imputados.

Los titulares de estas cuentas eran Charlaix, Rodríguez Arteaga y Gómez. Las transferencias de dinero fueron hechas desde que Saca asumió la Presidencia pero la mayor cantidad se derogó pocos días antes de que terminara su mandato.

En la mira extitulares de la Corte de Cuentas

El Ministerio Público no descarta investigar a exfuncionarios o exempleados de la Corte de Cuentas de la República por el millonario desfalco en el gobierno de Saca.

El fiscal expresó que un proceso judicial “lleva etapas” y que por ahora la investigación que se tiene “plenamente” es contra el exmandatario y sus excolaboradores.

“Estamos conociendo por los imputados que son la cabeza de esta estructura o de este hecho delincuencial”, dijo el fiscal Sánchez.

Cuando se le preguntó si se podría procesar a exfuncionarios del ente contralor respondió que la ley manda investigar cualquier hecho considerado como posible delito.

Pese a que el exgobernante admitió, la semana pasada, que se apropió de dinero público para la compra de lujosas propiedades, vehículos y mejorar sus empresas, la Corte de Cuentas, entonces dirigida por Hernán Contreras, le entregó dos finiquitos con los que avalaba que en la gestión Saca se hizo un uso transparente del dinero.

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) considera que los exfuncionarios de la CCR habrían incumplido deberes o encubierto hecho ilícitos, por lo que estas personas deben ser investigadas.

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