El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador falló contra las pretensiones de los abogados de los diez exfuncionarios durante el período presidencial de Mauricio Funes (2009-2014), que solicitaron que los dos delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputaba a sus clientes, fueran descartados.
Ayer en la mañana, los cinco exfuncionarios del FMLN presentes en la audiencia inicial fueron enviados a prisión preventiva mientras la Fiscalía desarrolla la etapa de instrucción de la investigación, para lo cual el juzgado les ha dado un plazo de seis meses.
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La decisión judicial contrasta con el planteamiento de los defensores de los imputados en que no se configura, en este caso, los delitos de enriquecimiento ilícito porque Probidad, de la Corte Suprema de Justicia, no ha emitido informes en los que se indique indicios de ese ilícito en contra de sus defendidos.
Por esa razón, defensores como Gilberto Canjura han denunciado que al no haber diligencias en Probidad, donde se siguen todos los procedimientos de enriquecimiento ilícito, y luego la Corte en Pleno decide certificar a la Fiscalía, hace que Fiscalía se haya “saltado el procedimiento” al acudir al juzgado de forma directa, hace que sea nulo.
En el caso de lavado de dinero, sostienen que los exfuncionarios recibieron fondos de origen legal.
De hecho, anunciaron que apelarán la resolución, de momento, para que se revoque la detención.
Poco después del mediodía de ayer, Centros Penales informó en su cuenta de Twitter que, en cumplimiento a disposición judicial, los cinco exfuncionarios capturados habían sido trasladado a las prisiones donde cumplirán la prisión preventiva: Violeta Menjívar y Erlinda Hándal Vega fueron enviadas a Cárcel de Mujeres, en Ilopango. Mientras que Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores Hidalgo fueron enviados al Centro Penal La Esperanza, en Ayutuxtepeque, más conocido como Mariona.
A los diez acusados se les imputa los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos durante la administración de Mauricio Funes Cartagena (2009-2014).
“Hemos habilitado el sector 9 del Centro Penal “La Esperanza” para Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores”, informó la DGCP.
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El Sector 9 es un recinto especial en el que guardan prisión preventiva o cumplen condenas varios exfuncionarios, entre estos el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y su secretario privado, Élmer Charlaix, ambos sentenciados a 10 años de prisión por malversar más de $300 millones en el período presidencial 2004-2009.
Investigación data de 2019
La captura de los cinco exfuncionarios fue realizada el pasado 22 de julio, durante la “Operación Desfalco”, aunque las investigaciones fueron iniciadas en 2019, durante el período de Raúl Melara, como Fiscal General, quien fue destituido el pasado 1 de mayo para imponer al abogado Rodolfo Delgado.
Al término de la diligencia, fue una de las fiscales del caso quien informó a periodistas sobre el fallo judicial favorable a lo que la Fiscalía había pedido: detención provisional.
“El señor juez conoció tanto de los imputados presentes y de los imputados ausentes y su resolución fue dictar detención provisional para las diez personas procesadas. En relación a las personas ausentes, el señor juez ha resuelto librar oficios a Interpol a efecto de que sean localizados y puestos a disposición de los tribunales competentes”, afirmó la fiscal.
Según la funcionaria, la Fiscalía le presentó al juez toda la información en una carpeta que contenía toda la investigación realizada hasta este momento.
“Él tuvo la oportunidad y revisó cada uno de los elementos probatorios; revisó más de 200 elementos probatorios que la Fiscalía presentó en este caso y determinó que existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos”, afirmó.
Sin embargo, defensores han rebatido pruebas que Fiscalía dice tener y que el caso es nulo porque se han saltado el procedimiento para llevar al tribunal un caso de enriquecimiento ilícito cuando eso se debe de derivar de las investigaciones de Probidad de la Corte Suprema.
Incluso mencionan que Sánchez Cerén y Mejía tienen su finiquito en materia de probidad.
Defensores dicen que apelarán
Tanto José Emilio González como Eduardo Cardoza, abogados de Violeta Menjívar y Erlinda Hándal, afirmaron que presentarán recurso de apelación contra el fallo judicial, en especial para revertir la detención provisional contra los imputados, pues algunos tienen condiciones de salud que necesitan atención médica que no tendrán en una prisión.
El abogado González afirmó que en la resolución del juez no se tomó en cuenta el principio de humanidad para aquellas personas que por presentar un cuadro clínico necesitan atención especial como es el caso de Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Erlinda Hándal.
“Con 70 años, dejarla detenida, no me parece lo correcto”, dijo por su parte, el abogado Eduardo Cardoza, en referencia a Hándal.
En cuanto a la suficiencia de pruebas que afirma la Fiscalía que ha entregado al juez, Cardoza dijo: “No han presentado nada. Ahora, lógicamente que nosotros vamos a apelar y creo que en la apelación, otra historia les vamos a contar. En una apelación creo que por la edad de ellos y por las condiciones de salud creo que es factible obtener un resultado favorable”, explicó.
Búsqueda internacional
Mientras tanto, para Salvador Sánchez Cerén, Lina Pohl, Gerson Martínez, Manuel Melgar y José Belarmino López, que no han sido capturados, el Juzgado Segundo de Paz les decretó orden de arresto judicial y, en consecuencia, solicitará apoyo de la Interpol para ser localizados donde quiera que estén.
Respecto a Sánchez Cerén, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo el martes que tienen reporte de que él salió el año pasado rumbo a Nicaragua.
Ayer, el diputado de Nuevas Ideas Caleb Navarro publicó en Twitter que Sánchez Cerén y su familia habían solicitado ser nacionalizados en Nicaragua, y adjuntaba una lista de parientes del expresidente.
No obstante, ayer Fiscalía afirmó que no tenían información sobre el paradero de los imputados ausentes.
En Nicaragua se encuentra Funes Cartagena y parientes, a quien en septiembre de 2016, el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político y luego la ciudadanía. Funes enfrenta cinco procesos judiciales.