El expresidente de la República, Antonio Saca, y el exjuez de Paz de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, Rafael Calderón, comparece este viernes en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador para enfrentar un juicio abreviado.
Saca ya admitió ante el juez que cometió el delito de cohecho, según el abogado Mario Machado. La audiencia de juicio abreviado continuaría esta tarde tras un receso, pero fue suspendida porque la Fiscalía no presentó los audios de las conversaciones entre el exmandatario y demás imputados. Fue reprogramada para el jueves 19 de septiembre, a las 2:30 p. m.
La Fiscalía General confirmó que el acuerdo con la defensa del expresidente es que se le impongan dos años de prisión a cambio de su confesión, el delito cometido por Saca se castiga con una pena de entre seis y diez años prisión.
El abogado del expresidente dice que la pena de dos años que se ha pactado, como parte del juicio abreviado, ya estaría cumplida por el tiempo que lleva en prisión por este caso.
Las investigaciones indican que Saca ofreció una dádiva de $10,000 una empleada de la Cámara Primera de lo Civil a cambio de que le filtrara información sobre el proceso de enriquecimiento ilícito que se le sigue a él y a su exsecretario privado, Élmer Charlaix.
Saca y Charlaix cumplen, desde 2018, una condena de 10 años de cárcel en el penal La Esperanza (Mariona), tras admitir en un juicio que en la administración presidencial desviaron más de $300 millones de fondos públicos hacia cuentas privadas.
Mario Machado, abogado del expresidente, aseguró que por el caso conocido como “Transes” su cliente lleva en prisión dos años y dos meses, por lo que la pena acordada con el Ministerio Público a cambio de aceptar que cometió cohecho activa ya estaría cumplida y no se le debería sumar a los 10 años de cárcel.
Aunque el defensor de Saca sostuvo que su cliente nunca entregó dinero, explicó que se buscó el pacto con las autoridades “por conveniencia y para evitar que un proceso político tenga una consecuencia jurídica más gravosa”.
En la audiencia el exmandatario admitió, según Machado, que el abogado Víctor González, quien es procesado en este mismo caso, le pidió a través de llamadas telefónicas “10 pepinos” ($10,000) para tener influencia sobre la empleada de la Cámara Primera de lo Civil.
“Un expresidente cayó en un timo de un abogado que andaba ofreciendo arreglar el cielo y la tierra por toda la costa, desde Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate”, expresó Machado.
En el caso del exjuez de Paz de San Francisco Menéndez, de acuerdo al Ministerio Público, confesará que cometió tres casos de prevaricato y uno de cohecho propio. Las investigaciones revelan que él brindaba asesoría a las partes en algunos procesos que le tocaba conocer en su juzgado. A cambio de beneficiar a los acusados o a las víctimas, él habría recibido diferentes cantidades de dinero, las cuales eran superiores a los $500.
