Defensa de Jorge Nieto presenta apelación por recluirlo en la cárcel sin que la sentencia esté firme

La captura del exfuncionario fue ordenada el viernes pasado, tras ser condenado a 12 años de prisión por el delito de peculado en la construcción del tramo II del bulevar ex Diego de Holguín.

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Por Diana Escalante

2019-12-04 11:41:23

El abogado y los hijos del ex ministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto, acudieron esta mañana al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador para apelar la detención provisional del exfuncionario.

La aprehensión y posterior traslado de Nieto hacia el centro penal de Metapán es “ilegítima e injusta”, dijo Lisandro Quintanilla, defensor del exministro.

“Es una decisión injusta porque durante el proceso (Nieto) gozó de medidas sustitutivas que garantizaron su comparecencia hasta el último momento, incluyendo el fallo verbal”, reprochó Quintanilla.

Agregó que la pena impuesta a su cliente no puede empezar a ser cumplida mientras la sentencia no esté firme (expresada en un documento) y se hayan agotado todos los recursos ante tribunales superiores.

El abogado apuntó que hubo “abuso y exceso” de parte de los jueces al decretar la detención provisional de Nieto, ya que la “equipararon al comienzo de la pena” y eso está prohibido en la Constitución de la República, en el Código Penal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Tribunal Quinto de Sentencia deberá remitir el documento de apelación a la Cámara Segunda de lo Penal, cuyos magistrados deberán conocerla en el plazo de tres días que establece la ley.

Antes que el defensor presentara la apelación, un grupo de familiares y amigos del exfuncionario se concentraron frente al Centro Judicial Isidro Menéndez para protestar contra la condena que le fue impuesta a Nieto, a quien consideran “inocente”.

Nieto estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas, entre 2007 y 2009, en la administración de Elías Antonio Saca.

El viernes pasado, el Tribunal Quinto de Sentencia resolvió que el exfuncionario no cumplió las funciones que le exigía el cargo y permitió que un tercero se apropiara de $12,984,953.52, por lo que le ordenó retribuirle dicho monto al Estado en concepto de responsabilidad civil.