Los diputados juramentaron al filo de la medianoche del jueves como magistrados de la Corte de Cuentas de la República a Roberto Antonio Anzora Quiroz, quien ocupará el cargo de presidente. La propuesta fue hecha por el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, quien destacó del profesional sus competencias académicas y experiencia en cargos siempre dentro del ente contralor.
Anzora Quiroz, abogado y notario, fue electo con 59 votos de ARENA, FMLN y PDC. También con 59 votos resultó electa María del Carmen Martínez como primera magistrada.
Estos dos profesionales actualmente ocupan el cargo de magistrados de la CCR y fueron reelectos para un segundo periodo por tres años más, desde el 28 de agosto.
Mientras que con 59 votos fue electo como segundo magistrado el abogado Julio Guillermo Bendek, actual procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Bendek fue nombrado a propuesta del PDC.
? Diputados reducen la lista de aspirantes a la Corte de Cuentas de la República
GANA optó por retirarse de la comisión política más temprano. El diputado Guillermo Gallegos dijo que no estaban conformes con el acuerdo que habían logrado ARENA, FMLN y el PCN.
Los funcionarios fueron electos con 43 votos de los diputados, ya que es la única elección de segundo grado para la que no se requiere de mayoría calificada.
Quedan al pendiente las elecciones de los suplentes a los cargos de la CCR.
Para llegar a los candidatos elegidos la comisión Política hizo un cruce de listados de propuestas de todos los grupos parlamentarios, quienes determinaron un listado de 11 aspirantes, luego de haber hecho una depuración de 25 candidatos de 75 que eran en total al inicio de las entrevistas.
Nueva comisión para investigar gasto Gobierno durante la pandemia
El jueves, la Asamblea también juramentó a los miembros de la nueva comisión especial creada por los diputados para investigar todos los gastos realizados por el Gobierno en deuda, bonos y recursos del Presupuesto General de la Nación de 2020 en el marco de la pandemia.
Para lo cual nominaron a propuesta de los partidos al diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, como presidente de la comisión; a la diputada del FMLN, Yanci Urbina, como secretaria; al diputado del PDC, Rodolfo Parker, como relator; y a las diputadas de ARENA, Martha Evelyn Batres y Anabel Belloso, del FMLN, como miembros de dicho comité.
El objetivo es seguirle la pista al destino de todos los recursos financieros que la Asamblea le ha autorizado al Ejecutivo en préstamos y emisión de bonos y de partidas presupuestarias del gasto corriente que han destinado para la compra de insumos médicos, canastas alimenticias, construcción y equipamiento del hospital El Salvador, entre otros, ya que los legisladores tienen dudas sobre la utilización que han hecho de los mismos las distintas instituciones como el Ministerio de Agricultura, Salud y Gobernación.
Personal de salud no hará fila en establecimientos de servicios
La Asamblea también aprobó con 55 votos disposiciones transitorias para favorecer a médicos, enfermeras, técnicos y demás personal de salud y administrativo que trabajan en centros hospitalarios públicos y privados para que no hagan filas cuando tengan que realizar diligencias en bancos, farmacias, supermercados y otras oficinas de servicios al público.
“Estamos seguros que todos los profesionales y trabajadores de la salud necesitan este tipo de atención prioritaria, para poder agilizar sus trámites y transacciones y como Concertación Nacional vamos a acompañar esta iniciativa”, expresó el diputado Reynaldo Cardoza, del PCN.
Según el diputado de ARENA, Emilio Corea, el acuerdo busca que los profesionales y trabajadores de la salud tanto del sector público como privado debidamente identificados no hagan largas filas de espera para realizar sus transacciones y lo hagan de forma expedita luego de una extensa jornada.
El espíritu de la iniciativa es que debido a la carga viral que podrían portar los profesionales de la salud no permanezcan mucho tiempo en sitios donde hay aglomeración de personas y como una cortesía a su arduo trabajo por encontrarse en la primera línea de combate al COVID-19.
Sin embargo, la Asamblea retiró otro decreto que había sido acordado por la Comisión de Salud, para beneficiar a los grupos vulnerables al virus para que no se presentaran a trabajar este próximo 24 de agosto que está previsto la reapertura total de la economía.
Diputados analizan decreto 661
La Asamblea analizaron la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional que declaró legal el decreto 661 que había aprobado la Asamblea anteriormente para regular de forma paulatina la apertura económica.
Según el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN y René Portillo Cuadra, de ARENA, se vuelve necesario ajustar las fechas que se habían establecido en dicho decreto, ya que las mismas quedaron desfasadas por el tiempo que tardó el presidente Nayib Bukele en analizar el veto al decreto y luego la Sala en resolver sobre la controversia, debido a que la Asamblea superó el rechazo del Ejecutivo al decreto legislativo.
“La Sala declara la necesidad de que la Asamblea en los próximos días emita reformas a este decreto porque se ha desfasado con el tiempo y hay aspectos que deben actualizarse e igualmente declara la necesidad de un diálogo permanente con el Órgano Ejecutivo para tratar de legislar aspectos de la pandemia, aspectos económicos, laborales y sobre todo de administración de esta crisis sanitaria, que bien por El Salvador, mi respeto una vez más para la Sala de lo Constitucional”, explicó el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA.
La “Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía”, establecía que la segunda fase de la apertura sería desde el 7 de julio al 27 de julio, que sería la que arrancaría este 24 de agosto estarán abiertas las siguientes actividades:
En esa etapa se permitirá la apertura de iglesias y lugares de culto, “guardando el distanciamiento mínimo de uno punto cinco a dos metros”; los restaurantes y cafetines y en general lugares de servicios de alimentos deberán mantener una separación entre mesas de al menos dos metros atendiendo grupos familiares o personas que habiten en el mismo espacio físico.
Las actividades que seguirán suspendidas según ese decreto serían: las actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica y media, así como las actividades académicas extracurriculares.
Las actividades presenciales de educación superior, los espectáculos y eventos deportivos públicos, el transporte recreativo y turístico, ferias, fiestas patronales, salas de recepciones, cines y teatros, piscinas, salones de belleza, peluquerías y barberías, salvo la modalidad por citas, establecimientos para deporte con contacto, casinos y loterías.
Así como parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares en lo que respecta a la atención al público, bares y discotecas.